La juez Alaya envía a prisión al exconsejero de los EREs falsos

La juez Mercedes Alaya ha firmado a las 6.45 horas el auto de prisión incondicional sin fianza para Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía en los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por su presunta implicación en la trama de los EREs falsos. El auto, que envía a Fernández a la cárcel de Morón de la Frontera, llegó tras una madrugada de tensa espera (cinco horas y media de redacción) en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla.

En el auto, de 78 folios, al que ha tenido acceso El Confidencial, Alaya refleja que el exconsejero del Gobierno andaluz intentó justificar en sus 40 horas de declaración que la publicidad del procedimiento específico (Convenio Marco), derivaba de la Ley de Presupuestos Anuales y del PAIF de la Agencia, ambos publicados en el BOJA, así como de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno.

“Como se ha evidenciado de la declaración prestada por el imputado, si bien todo lo anterior podría poner de manifiesto el conocimiento general por parte de la Junta de Andalucía de la existencia del programa 031.L, de las transferencias de financiación y del mencionado procedimiento específico, desde luego lo que no generaba era el público conocimiento para los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza, de las modalidades de ayudas, que por tal motivo la Junta de Andalucía estaba repartiendo indiscriminadamente”, argumenta la juez en el escrito judicial.

Anticorrupción pidió una fianza de 890 millones

La Fiscalía Anticorrupción exigió prisión incondicional y una fianza de 890 millones de euros. La Fiscalía considera a Fernández responsable de la concesión de 646 millones de euros en ayudas ilícitas con cargo al programa presupuestario 31.L o 'fondo de reptiles'. Para Anticorrupción, la Junta de Andalucía ideó y puso en práctica un sistema sin control alguno. El PP y el sindicato Manos Limpias también solicitaron prisión para el exconsejero. La Junta de Andalucía pidió 68 millones de euros de fianza, retirada de pasaporte y que Fernández compareciera en el juzgado cada 15 días.

Fernández, imputado de seis delitos, soportó más de 40 horas de declaración ante la juez, Anticorrupción, el PP, los sindicatos y las defensas en la sala del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que pilota la magistrada Alaya. La intervención del exresponsable de Empleo de la Gobierno andaluz no estuvo exenta de tensión. Negó la denominación de fondo de reptiles que acuñara Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía. “No le consiento que hable de fondo de reptiles”.

Como ya publicó ayer El Confidencial, al igual que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína, ambos también en prisión, Fernández no dudó en disparar por elevación. Para ello, culpó a Chaves, Griñán e incluso a todo el Consejo de Gobierno de cómo se repartían las ayudas del fondo de reptiles de más de 1.000 millones de euros. Eso sí, él se excusó: “Siempre he trabajado bajo el criterio y la conciencia de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”.

El exconsejero de Empleo también reveló que un informe de IDEA, refrendado por la Intervención General de la Junta, había avalado el sistema de ayudas. Según el relato de Fernández a la Fiscalía Anticorrupción, Juan Márquez, sustituto de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, había ordenado revisar las actuaciones relacionadas con los EREs.