Los diez protagonistas (y todas las claves) del caso de los EREs

Está por escribir la novela de los ERE. Igual ya está circulando por las productoras audiovisuales el guión de un drama con aire de comedia chusca. Hay ingredientes de sobra: cocaína, entrega de sobres con dinero, sobrecomisiones… Y actores: intrusos, sindicalistas, políticos, responsables de aseguradoras y una juez –Mercedes Alaya– que el pasado lunes entregó a las partes el sumario, secreto durante siete meses, y al que ha tenido accesoEl Confidencial.

El caso arroja estas cifras: más de 141 millones cobrados por intrusos. Más de 700 millones pagados sin procedimiento. La Cámara de Cuentas de Andalucía sostiene que al final del proceso el volumen defraudado se elevará a 1.200 millones de euros. Estos son los principales protagonistas del caso de corrupción más importante en la historia de Andalucía:

Francisco Javier Guerrero, “jovial, pero no putero”

Sin fumar Marlboro y relajado, Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008,salió de prisión el miércoles. Su abogado,Fernando de Pablo, ya lo pronosticóhace una semana en este diario. El exalto cargo con tres consejeros (Guillermo Gutiérrez,José Antonio VierayAntonio Fernández) entregó ayudas sociolaborales a discreción desde su puesto privilegiado dentro de la partida 31L, el llamado fondo de reptiles, como él mismo lo definió, cifrado inicialmente en 647 millones de euros.

El sumario deja claro que Guerrero ordenaba la concesión de ayudas, pero no a fondo perdido. Se beneficiaba personalmente con viajes como los que disfrutaba junto a su mujer, Lourdes Otero, a China y Egipto por los que Juan Lanzas llegó a pagar 35.000 euros. La magistrada sostiene que él y Oterocobraron 249.000 euros en 170 transferencias bancarias que“no existen”, según su abogado.

Guerrero aún no ha dicho todo lo que sabe. En su declaración antes de ser encarcelado no se cortó y citó a Manuel Chaves (“Dice que no me conoce de nada”); la exportavoz Mar Moreno (“que me pone a caer de un burro cada vez que puede”) y José Antonio Viera, su jefe en la Consejería de Empleo (“que va diciendo por ahí que soy un indeseable”).En la frustrada comisión de investigación de los ERE dejó claro que existían “muchos no imputados” que podían resolver “las dudas" sobre las ayudas públicas a los expedientes”. Pero prefirió guardar munición para más adelante. ¿Hasta cuándo? La Audiencia de Sevilla ha dejado claro que “la trama de los ERE siguió" después de él.

Juan Lanzas, El millonario ‘conseguidor’

El sumario lo sitúa como figura clave. Su protagonismo ha ido aumentando. “Yo no trabajo, soy millonario”. La frase define muy bien a Juan Lanzas, exsindicalista de UGT, también llamado el conseguidor. Hay otra más contundente: “Mi hijo tiene dinero como para asar una vaca”. Lo dijo su madre en el registro de su casa en Albánchez de Mágina (Jaén) el pasado 22 de marzo. Allí un perro llamado Aris descubrió un maletín antiquísimo (con máquina de escribir Olivetti incluida) que contenía sobres con billetes de 200 y 500 euros (en total, 82.000 euros) debajo de la cama.

Lanzas trabajó para la familia Ruiz Mateos. Su misión era convencer a los trabajadores de Nueva Rumasa de cuatro ERE en su grupo de empresas. “Lanzas, te lo estás llevando calentito”, le escribieron sus vecinos en un muro. Por el momento, el conseguidor tendrá que pagar un verano en la cárcel, a no ser que desembolse los 450.000 euros que le ha impuesto la juez como fianza.La juez también le ha impuesto una fianza civil de 38 millones de euros y de 14,7 millones a su mujer, Patrocinio Sierra, además de decretar el embargo de siete fincas propiedad de la pareja y ubicadas en Jaén y Granada.Las fianzas civiles podría alcanzar los 3.000 millones de euros.

Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína

El ministro de las tragaperras fue el conductor de Trujillo en su etapa en la consejería y llegaron a ser grandes amigos. En 2001 se trasladó a Sevilla y conoció a Francisco Javier Guerrero, cambió su ritmo de vida y se aprovechó de la falta de control interno de la Junta.

En octubre de 2003, apenas un año después de su fichaje como conductor de Guerrero, creó dos empresasfantasma para recibir subvenciones otorgadas por Guerrero, “sin tener la menor intención de poner en marcha los proyectos para los que se concedieron” las licencias, como figura en el auto de prisión. En febrero de 2004, Trujillo recibió de su jefe dos subvenciones de 450.000 euros para cada una de ellas, cantidad con la que en marzo de 2005 compró dos inmuebles.

Gregorio Martínez, el ‘camello’ del chófer

En el bar El Caramelo de Sevilla se reunían para tomar copas Guerrero y su chófer, el ministro, como le denominan en Llanos del Sotillo (Andújar), que recibía allí la cocaína que le suministraba Gregorio Martínez. El camello llegó a comprar cocaína en las Tres Mil Viviendas mientras le esperaba Trujillo con el coche oficial.

Martínez declaró en marzo a cuenta de los 90.081 euros que recibió la empresa de la que era accionista mayoritario -Promociones Vinícolas de Sevilla SL- como anticipo abonado por uno de los bufetes de abogados implicados en la causa de una subvención del fondo de reptiles.

El empresario Antonio Diéguez confirmó que Goyo era “íntimo amigo” de Guerrero y admite que recibió una ayuda directa del exdirector general de 300.000 euros para un proyecto de casa rural. “Gregorio Martínez era la persona que le pasaba cocaína a Francisco Javier Guerrero”, escribe el informe del Instituto Armado.

Juan Francisco Algarín Lamela, ‘el cartero’

Entre 2000 y 2005, Algarín Lamela fue correo de las comisiones de la trama de los ERE. Recogía en los bancos sobres con dinero por orden de Lanzas y luego los entregaba donde le indicaba. “Yo le llevé a Lanzas a los bares 4 millones de los ERE en sobres”, aseguró en El Mundo. Este supuesto testaferro firmaba talonarios y facturas en blanco. Recogía el dinero en Mercasevilla y en bares próximos a la Consejería de Empleo. Luego lo entregaba, en sobres con billetes de 200 y 500 euros, en la cafetería de la propia Consejería.

Algarín Lamela declaró que el dinero se lo entregaban el exsubdirector, Daniel Ponce, y la secretaria, María Regla Pereira, absuelta hace un mes del procedimiento que dio origen a este asunto: el de la la comisión que exigieron Ponce, su superior Fernando Mellet y el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, a los empresarios del Grupo La Raza, que habían logrado una subvención de 900.000 euros para una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla.

Antonio Albarracín, el ‘señor especial’ y las sobrecomisiones

Con esta denominación, la aseguradoraApraLevenconcedía“un trato especial y diferenciado”a los intrusos beneficiados con pólizas de renta colectivas. Estas personas carecían de derecho alguno a ello por no haber trabajado en las empresas que sufrían los EREs. Así figura la declaración deEduardo Pascual, exdirectivo de la aseguradora Vitalia, vinculada a la trama.

Antonio Albarracín, exdelegado comercial de Vitalia, fue puesto en libertad el pasado 23 de mayotras pagar una fianza de 600.000 euros.Según Pascual, “Albarracín actuaba por iniciativa propia” en Andalucía. Nadie más participaba en el negocio de la consultora”, dijo.

Este exdirectivo de Vitalia cobró 3,7 millones de euros en comisiones. “Es un fraude de la Junta de Andalucía y de los políticos. Eso no es cuestión de los técnicos”, alertó su letrado. Pero las aseguradoras también son esencial de la concesión de ayudas,como “negocio”, según la magistrada.

“La clave de este proceso son las sobrecomisiones, en muchos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente. La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasaba desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba a muchos, a ser el verdadero alimento de esta trama corrupta”, indicaba en un auto.Las intermediarias de los ERE Vitalia y Uniter cobraron 34,5 millones de euros en comisiones entre 2006 y 2010. Vitalia, a través de Irson Empresarial, llegó a percibir en esos cinco años un total de 23,27 millones de las aseguradoras Personal Life, Fortia Vida y Generali.

Los sindicatos

En este capítulo es difícil incluir un nombre propio, pero el papel de UGT y Comisiones Obreras en el caso está fuera de toda duda, a pesar de que sus principales dirigentes (Manuel Pastrana, hasta hace un mes su secretario general en Andalucía, y Francisco Carbonero, el responsable de Comisiones) lo hayan negado una y otra vez.

El sumario, en cambio, incluyeun informe de la Guardia Civil que cifra en 7,6 millones de euros el dinero transferido "a entidades vinculadas directamente" con los sindicatos entre 2000 y 2010.Según la Guardia Civil, los conceptos por los que facturaban los sindicatos eran "asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos" que "deberían haber tenido cobertura" mediante el trabajo de las propias mediadoras de los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción quiere saber más y solicitaa Alaya que indague en los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas.

José Antonio Viera, presunto ideólogo y diputado ‘ocioso’

Alaya ni siquiera ha llamado a declarar al exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004. Durante su etapa y la posterior (la de Antonio Fernández), Viera logró 51 millones de euros de ayudas para los municipios de la sierra Norte de Sevilla, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. “Pero no he dado ayudas a familiares directos”, declaró en la comisión.

Lo bueno para Viera, el diputado más ocioso (cobra más de 5.600 euros al mes sólo por acudir al Congreso), es que Alaya ha centrado su investigación en la Consejería de Empleo y que carecería de sólidos argumentos jurídicos para vincularle al resto de la trama, sobre todoteniendo en cuenta algunos fueron sus subordinados.Viera niega ser el ideólogo de los ERE. En la comisión de investigación defendió la legalidad del convenio para la partida 31 L de ayudas. El sumario de los ERE pasa de largo por Viera.

Antonio Fernández, el consejero ‘Byass’

Permaneció cuatro meses en prisión. La magistrada acusó al consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones, cohecho y falsedad en documento público. Fernández, que ya era viceconsejero con Viera, mantuvo a Guerrero en el cargo.

José González Mata, dueño de la mediadora Uniter, aprovechó su íntima amistad con Fernández, natural de Jerez, para encargarse de los expedientes relacionados con las bodegas de la quinta ciudad andaluza. En el ERE firmado en la bodega González Byass figura el nombre de Antonio Fernández, pero asegura que jamás cobró cantidad alguna ni la prejubilación. Tampoco el despido. El exconsejero trabajó 40 años en la empresa. “Yo estoy limpio”, aseguró. Antonio Fernández declaró, antes de su entrada en prisión, que se abstuvo de intervenir en la tramitación del ERE de González Byass, aunque no avisó por escrito. Tras su imputación, el exconsejero renunció a la prejubilación, aunque sí firmó la póliza de la indemnización por despido de 31.900 euros.

Gaspar Zarrías, el ‘interruptor’

Zarrías era el todopoderoso, también autodenominado como “un simple interruptor” porque se encargaba de “vehicular los problemas”. Vicepresidente de la Junta conChaves, nada de lo que ocurría en la provincia de Jaén le era ajeno. El actual Secretarilo de Política Municipal en la Ejecutiva Federal del PSOE, presumía de controlar todo lo que pasaba.

Como recoge el sumario, el chófer de la cocaína le acusó haber llamado “en varias ocasiones" a Guerrero para "incluir a personas en prejubilaciones" sufragadas por la Junta de Andalucía. La Guardia Civil, de todos modos, no aporta gran credibilidad a este testimonio del conductor: “Ajuicio policial, no aportan elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando meras conjeturas carentes o escasas de validez”.Además, según Trujillo, Lanzas (otra vez Lanzas) tenía “hilo directo” con Zarrías.

José Antonio Griñán, ¿acabará imputado?

¿La última pieza de la pirámide? Como en el caso de Viera y Zarrías, si Alaya decide imputar a Griñán perdería el caso, ya que al ser aforados ella tendría abandonaría la instrucción. El presidente del Ejecutivo socialista desafía a la juez: “No hay ningún argumento legal para imputarme”. Pero Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, cree en la imputación penal del presidente de la Junta de Andalucía, que entre 2004 y 2009 (en abril de ese año asumió el poder) fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz. Gordillo se basa en el artículo 11 del Código Penal “sobre la posición de garante: la culpa in eligendo y la culpa in vigilando”. La culpa in eligendo: quien ha elegido a unas personas tiene que responder por ellas. El segundo: la culpa in vigilando: “Tenía que haber tomado medidas para que no ocurriera. Quitando la responsabilidad política, que está clara, tiene una responsabilidad penal porque debía haber actuado”. Griñán confirma que si acaba imputado abandonará la jefatura del Gobierno andaluz.

Mercedes Alaya, el ‘huracán’ del 6

La juez de porcelana tiene trabajo por delante. La instrucción, durará, como mínimo lo que resta de 2013, y seguirá aguantando la presión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que acabe de una vez alguna de las cuatro macroinstrucciones que lleva: ERE falsos, los dos de Mercasevilla y la venta del Real Betis.

Sus ganas de instruir los casos ella misma (ya no cuenta con el apoyo de la magistrada Ana Rosa Curra y de Rogelio Reyes), le han llevado a tener problemas no sólo con el TSJA, sino con el CGPJ para que acelerara las causas pendientes. Fuentes judiciales próximas al caso temen que la instrucción de Alaya pudiera tener “defectos de forma que podrían invalidar algunas de las imputaciones y posibles condenas” en el futuro juicio.

Con la sombra de la duda de la coincidencia de sus autos, Alaya continúa dispuesta a llegar a trabajar a fondo en el caso y ha tomado el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla como si fuera un búnker. El huracán Alaya quiere llegar hasta el final.