EL PP DENUNCIA UNA FINANCIACIÓN ILEGAL SOCIALISTA

Las conversaciones que destaparon la trama de sobornos en Mercasevilla

Fue un asunto local. Luego andaluz. Ahora el PP ha decidido convertirlo en un caso nacional. La trama de Mercasevilla amenaza al PSOE: tres de los

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Las conversaciones que destaparon la trama de sobornos en Mercasevilla

Fue un asunto local. Luego andaluz. Ahora el PP ha decidido convertirlo en un caso nacional. La trama de Mercasevilla amenaza al PSOE: tres de los cinco imputados tienen el carné socialista. Los populares ven en este asunto un Gürtel versión sevillana. El rosario de procesados en este caso implica al PSOE en financiación ilegal, según Esteban González Pons, secretario de Comunicación del PP. En los audios figuran las conversaciones de directivos de Mercasevilla con empresarios de Sevilla del grupo La Raza pidiendo dinero (450.000 euros) a cambio de las gestiones para obtener una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por un valor de 900.000 euros.

 

Mercasevilla es una sociedad mixta compuesta por el Ayuntamiento de Sevilla como accionista mayoritario (51,25%), la sociedad estatal Mercasa (48,20%), dependiente de la SEPI y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Quien preside los consejos de Administración es el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cuestionado no sólo por este caso, sino por sus propios compañeros de partido. El ‘número 2’ de la lista en las pasadas elecciones municipales, José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla, dimitió como edil del Ayuntamiento por su enfrentamiento directo con Monteseirín, que ha sido el primer alcalde sevillano que ha declarado como imputado por el caso de las facturas falsas en el distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla.

 

El cerebro de la trama de Mercasevilla es Fernando Mellet, que era el director de la empresa pública. Fue imputado en el caso tras ser grabado pidiendo comisiones ilegales en nombre de la Junta de Andalucía. Dimitió tras acceder la Fiscalía al contenido de la grabación con la extorsión a los empresarios. El subordinado de Mellet, Daniel Ponce, es el director adjunto de Mercasevilla y otro de los imputados.

 

Según el PP, Ponce continúa trabajando y cobrando de la empresa pública. “Le van a premiar con mantenerlo hasta 2010, fecha en la que se acogerá a un ERE que le prejubilará a los 50 años con el 89% de su sueldo”, denuncian los populares. Mercasevilla es la única empresa de Andalucía que ha logrado dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) con prejubilaciones en los años 2003 y 2007. Tanto Mellet como Ponce fueron expulsaron de la militancia cuando el caso se hizo público y después de que el PSOE de Sevilla conociera la existencia de la presunta solicitud de comisiones ilegales. Otro imputado en el caso es Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía. Continúa en su cargo y como militante del PSOE.

 

Reuniones en la Consejería de Empleo

 

Más imputados, estos sin carné socialista: Regla Pereira, secretaria de Mellet, que continúa  trabajando en Mercasevilla y Juan Lanzas, que participó en las reuniones que los hosteleros mantuvieron en la Consejería de Empleo para tratar la subvención de la Escuela de Hostelería. “Participó en la empresa de su cuñado, asesorando a Mercasevilla en las tareas de realización de los ERE”, denuncia el Partido Popular. El grupo parlamentario del PP-A preguntará hoy al consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, por la función de Lanzas y su supuesta cercanía con Gaspar Zarrías, ex vicepresidente del Gobierno andaluz y ahora secretario de Estado de Política Territorial. Fernández ha reconocido que recibió a Lanzas en su despacho de la consejería.

 

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, precisó ayer que fue la Junta de Andalucía quien puso los hechos “en conocimiento de la Fiscalía”. Sin embargo, el PP critica que la Abogacía del Estado no se haya personado en la causa abierta como acusación particular para defender los intereses del Patrimonio del Estado y de Mercasa.  “La sensación que tenemos es que ustedes utilizan a la Abogacía del Estado, a las instituciones, dependiendo del color del carné que tenga el imputado y si tiene, como es este caso, un carné del PSOE no se hace nada”, sostuvo Ricardo Tarno, diputado popular andaluz en el Congreso. Tarno había pedido que fuera el vicepresidente Manuel Chaves quien interviniera en este caso, pero el ex presidente de la Junta no lo consideró oportuno. El pasado martes insistió en que el Gobierno andaluz ya había denunciado el caso.

 

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