La Comisión de Venecia examina la amnistía en España: el PP activa las alarmas de la UE

Dentro de la oposición "por tierra, mar y aire" a la ley de amnistía, el PP siempre ha mirado a la Unión Europea como única opción de que la despenalización íntegra del procés no llegue a buen puerto. No confían en el Tribunal Constitucional, aunque presentarán recurso. Tampoco en el Congreso, donde la "arbitrariedad" de Francina Armengol limita su margen de maniobra. Y la calle les sirve para presionar, pero no para obstaculizar la agenda del Gobierno. El terreno comunitario "es clave", sintetizan en la dirección del partido. Y la visita de una delegación de la Comisión de Venecia para fiscalizar la norma es recibida como una oportunidad para activar las alarmas de la UE.

La incursión de este órgano, dependiente del Consejo de Europa, se produce a raíz de una petición "urgente" por parte del Senado —con mayoría absoluta del PP— de un dictamen no vinculante sobre la elaboración de la ley de amnistía. La labor de la Comisión de Venecia es aconsejar a los países miembros en asuntos constitucionales a petición de los gobiernos o parlamentos estatales. Y se prevé que la delegación mantenga este jueves reuniones con representantes del Ejecutivo y miembros de los principales grupos parlamentarios, además de encuentros institucionales con los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán. La delegación acudirá también el viernes al Centro de Estudios Constitucionales para verse con expertos en esta materia.

El PP echará el resto cuando sea su turno de exponer al órgano no solo los motivos contra el fondo de la ley y el "atropello democrático" que supone: también arrojará dudas sobre la tramitación parlamentaria por su carácter "inconstitucional", con el informe crítico de los letrados de la Comisión de Justicia en la mano. Pero los populares harán especial énfasis en las últimas cesiones de Sánchez a Junts para tratar de sacar adelante el texto, desde la modificación de la norma para perdonar delitos de terrorismo hasta la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para blindar la completa amnistía de Carles Puigdemont y contentar a los neoconvergentes.

En el partido de Alberto Núñez Feijóo ven "imposible" que la despenalización de delitos de corrupción y de terrorismo logre burlar el filtro de la UE. Si el dictamen de la Comisión de Venecia da la razón a sus planteamientos, confían en que algo se podría comenzar a mover en Europa. "A Sánchez le va a resultar muy difícil convencer a Europa de que borrar este tipo de delitos se hace en favor de la convivencia", sentencian fuentes parlamentarias de los populares. El PP ha situado al frente de la reunión con los expertos europeos a sus principales espadas en la Cámara Baja: Miguel Tellado —como portavoz parlamentario—, Esteban González Pons —vicesecretario de Institucional—, Cuca Gamarra —secretaria general—, Cayetana Álvarez de Toledo —portavoz en la Comisión Constitucional— y María Jesús Moro —responsable de Justicia en el Congreso—.

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El citado grupo trabaja ya en el posicionamiento del partido de cara al próximo jueves, con el ataque a la separación de poderes y al propio Estado de derecho en España como argumentos clave para lograr un pronunciamiento favorable de la Comisión de Venecia que reverbere en Bruselas y embarre la tramitación de una ley que sigue en proceso de negociación. PSOE y Junts mantendrán contactos discretos en los próximos días para tratar de alcanzar un acuerdo antes de que el dictamen llegue de nuevo a la Comisión de Justicia, que tiene un plazo de 15 días para derivar el texto de nuevo a pleno. Los presuntos vínculos de Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin llevaron a los independentistas a exigir que se incluyesen en el articulado de la amnistía los delitos de "alta traición", opción a la que el Gobierno ha dado portazo. El caso ha llegado a la Eurocámara, en la que el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, ha pedido al Parlamento Europeo que "investigue" la conexión rusa del procés.

Fuentes del Senado, la Cámara que ha forzado la visita de los expertos de la Comisión de Venecia, prevén que el dictamen esté listo antes del próximo 15 de marzo, momento en que la ley de amnistía ya habrá puesto rumbo a la Cámara Alta si logra el visto bueno del Congreso. Se convertirá, por tanto, en la primera resolución oficial a nivel europeo de la normativa. El PP ya había trasladado en multitud de ocasiones sus inquietudes a las más importantes instancias comunitarias, desde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la de la Eurocámara, Roberta Metsola, pasando por el comisario de Justicia, Didier Reynders, o la encargada comunitaria de Estado de Derecho, Vera Jourova.

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Los miembros de la delegación de la Comisión de Venecia que viajarán a España son Marta Cartabria, vicepresidenta del órgano y exministra de Justicia en Italia; Martin Kujier, juez del Tribunal Supremo de Países Bajos; Philip Dimitrov, ex primer ministro de Bulgaria, y cuatro juristas europeos: Regina Kiener (Suiza), José Luis Vargas (México), Simona Granata-Menghini, secretaria interina de la Comisión, y Pierre Garrone, jefe de la división de elecciones y partidos políticos del órgano.

El letrado mayor no recibirá a la Comisión de Venecia

El anuncio de la visita de la Comisión de Venecia ha estado acompañado de otra polémica. El letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, no responderá a la solicitud de reunión de la delegación europea después de que la Mesa del Congreso, con mayoría del bloque progresista, avalase esa decisión. En el PP, se echan las manos a la cabeza y recuerdan que el también secretario general de la Cámara Baja —que fue alto cargo del Gobierno de Sánchez— fue el responsable del primer informe que avaló la constitucionalidad de la proposición de ley de amnistía y permitió en primera instancia su tramitación parlamentaria.

El Senado no seguirá el mismo ejemplo, y fuentes de la Mesa en esta Cámara confirman que la letrada mayor, Sara Sieira, sí recibirá a los expertos de la Comisión de Venecia junto a Pedro Rollán, presidente del Senado, en su visita. "Será que Galindo tiene algo que ocultar", denuncian en el PP. Desde el PSOE inciden, por contra, en que el letrado mayor no tiene que dar "opiniones políticas" sobre una ley que él no ha elaborado y hacen un llamamiento a dar "normalidad" al proceso.

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La Mesa del Congreso delegó a la Mesa de la Comisión de Justicia tanto la organización como la agenda de los encuentros de esta semana, y aluden al precedente de 2014, en que los expertos comunitarios del órgano consultivo visitaron España a cuenta de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza— y los encuentros se limitaron a la Comisión de Interior.