El Tribunal de Cuentas celebra el juicio entre alegatos de amnistía y sin Puigdemont

El Tribunal de Cuentas (Tcu) arrancó este viernes el juicio contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otros 33 excargos catalanes por el presunto desvío de fondos para el referéndum 1-O y la acción exterior que el independentismo ha llevado a cabo desde 2011. Los demandados se enfrentan a una condena de hasta cinco millones de euros, pero, tal y como se vio durante la vista, el procedimiento corre el peligro de venirse abajo en cualquier momento por la ley de amnistía.

Los cargos de ERC, incluido Junqueras, ya pidieron esta semana suspender el juicio porque es "público y notorio" que entre los objetivos de la ley se encuentra el de amnistiar la "responsabilidad contable". Su abogado se ratificó en la solicitud al arranque de la vista este viernes, pero la consejera del Tcu, Elena Hernáez, anunció que resolvería la cuestión "por escrito" en los próximos días. Una vez superado el grueso del juicio en apenas una hora, esa es la principal incógnita: si Hernáez vuelve a convocar a las partes para la presentación de conclusiones finales o paraliza el procedimiento mientras se tramita la ley.

El fiscal, Manuel Martín-Granizo, se pronunció por su parte de manera clara sobre esta posible suspensión: "No cabe en el momento presente", advirtió. "No se puede apoyar en un acontecimiento futuro". Mientras algunas defensas lanzaban alegatos de amnistía, Martín-Granizo destacó que la proposición de ley ni siquiera "se ha admitido a trámite por la Mesa del Congreso" y que habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer "los efectos que en la misma se determinen".

La ausencia del testigo Puigdemont

El otro debate que marcó la vista de este viernes fue la ausencia de Puigdemont. Los demandados no tienen la obligación de comparecer presencialmente, pero la situación del expresidente catalán es distinta: además de encausado, él también ha sido citado como testigo por algunas de las partes. Como era de esperar, su abogado Gonzalo Boye no tardó en anunciar a la jueza que se olvidara de practicar esta diligencia.

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Boye repitió para ello el mismo argumento que expuso el lunes para pedir que Puigdemont declarara por videoconferencia: "El molt honorable president se encuentra, por razones y como consecuencia de su cargo, en estos momentos y en el día previsto para su declaración fuera de Cataluña y de España".

La consejera rechazó esta solicitud al considerarla injustificada y, tras confirmarse que el expresidente catalán no acudiría, se limitó a seguir adelante con el resto de testificales: la que fuera interventora de la Administración del Estado en Cataluña durante el 1-O, María Luisa Lamela, aseguró que "nunca llegó a controlar" los gastos del procés porque no era su competencia; un antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat, Antonio Millet, trató de limitar el presunto desvío de fondos a la acción exterior desde este órgano, y el profesor titular de Derecho Internacional Alfonso González Bondía explicó el modo en que se elaboró un censo de tratados internacionales suscritos por España.

Una condena de hasta cinco millones

La Fiscalía reclama a los demandados tres millones de euros, mientras que la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco. La consejera en ningún caso puede condenar por un importe superior al que solicitan, por lo que el máximo posible queda fijado por la demanda de estos últimos.

Además de Puigdemont, Junqueras y Mas, entre los encausados figuran otros líderes del procés como los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, así como los huidos Toni Comín y Lluís Puig. Un escalón por debajo, figuran exdelegados de la Generalitat en el extranjero y antiguos altos cargos como el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim, el exdirector del Diplocat Albert Royo y el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons.

A la espera de que entre en vigor

Decida o no paralizar el procedimiento mientras se tramita la ley, la consejera tendrá que tomar una decisión clave tras su entrada en vigor: si la aplica de forma inmediata o presenta una cuestión de inconstitucionalidad para tratar de bloquear sus efectos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalidad. Esta sería la primera vez que el Tribunal de Cuentas recurre a esta figura y existe cierto debate sobre si puede o no hacerlo, al tratarse de un órgano que no forma parte del Poder Judicial.

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Si da ese paso, el Constitucional tendría que pronunciarse sobre la legalidad de artículos como el 13.1 de la ley, que establece que "la amnistía se aplicará por el Tribunal de Cuentas en cualquier fase del proceso". "Se dictarán las correspondientes resoluciones declarando el archivo de las actuaciones, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las entidades del sector público perjudicadas (...), cuando estas no se hayan opuesto", añade. En este caso concreto, la única entidad pública que se vio perjudicada por el presunto desvío de fondos es la propia Generalitat.