Los socios del PSOE temen una legislatura "endiablada" bajo la sombra del referéndum

Un sudoku de máxima dificultad. Varios de los partidos del bloque soberanista con los que Pedro Sánchez pactó su anterior investidura ya vaticinan que, de salir adelante, la legislatura será "endiablada". Sin posibilidad de geometría variable, la aritmética parlamentaria obligaría al Gobierno a cerrar acuerdos con todas estas fuerzas para sacar adelante cada ley. A lo sumo, el Ejecutivo solo podría permitirse la abstención de uno de estos grupos en las votaciones que requieran mayoría simple si incorpora a Coalición Canaria a su bloque. Unas dificultades por las que el PP confía en un mandato corto, si Sánchez logra su investidura, y rearmarse como oposición en la calle y las instituciones. Y todo bajo la sombra del referéndum y las exigencias que se sucedan desde Cataluña.

La gobernabilidad descansará así en la compleja unidad de un heterogéneo bloque conformado por ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Formaciones que compiten entre sí por la hegemonía electoral en sus territorios, con sustanciales diferencias ideológicas en política económica y social o que afrontarán comicios autonómicos en la primera mitad de la legislatura. A todo ello se añade la autonomía para negociar que reclaman los diputados de Podemos, integrados en el grupo plurinacional de Sumar, o el papel de freno legislativo que ejercerá la mayoría absoluta del PP en el Senado.

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En la Moncloa anticipan que su intención no pasa por repetir la hiperactividad legislativa de la pasada legislatura, sino por profundizar en las reformas ya emprendidas. Mantener una línea "progresista" y basada en "profundizar la convivencia", pero limitando su aspiración sobre grandes reformas a cuestiones que requieren grandes consensos, incluso con el PP, como el sistema de financiación. Los presupuestos marcarán la duración de la legislatura con una aritmética que se basaría en los 152 diputados que sumarían los socios de coalición más los 26 o 27 (si se suma a CC) de los soberanistas. De ahí que el objetivo del acuerdo de investidura sea ligarlo al menos a las cuentas del próximo año.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que llevan semanas trabajando en el proyecto de presupuestos, con el objetivo de comenzar su tramitación tras la investidura para no tener que prorrogar más allá de enero o febrero los actuales. Entre los grupos minoritarios, en cambio, niegan que por el momento se haya incluido la carpeta de los presupuestos en sus conversaciones con los socialistas para la investidura. La aprobación de los presupuestos del próximo año aseguraría a Sánchez un balón de oxígeno para acercarse al ecuador de la legislatura, al poder prorrogarlos un año más.

El Gobierno de Pedro Sánchez rompió moldes esta legislatura al conseguir aprobar tres presupuestos consecutivos con una coalición en minoría. Sin embargo, contó con cierto margen para intentar una geometría variable en leyes que no apoyaron algunos de sus socios o decretos como el de la reforma laboral. Ahora, no tiene alternativas y los minoritarios hacen cuentas para anticipar cuándo serían imprescindibles ante la abstención de algún otro grupo. Por ejemplo, el voto de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, permitiría que Sánchez pudiese contar con una abstención, o bien de Junts o bien de ERC. Por otra parte, el voto del diputado BNG, Néstor Rego, sería crucial en caso de una abstención del PNV.

Los nacionalistas canarios están dispuestos a ser bisagras, si finalmente se reedita el Gobierno de coalición, y sobre todo a no encuadrarse ni en el bloque conservador ni en el progresista. Los junteros, asimismo, reniegan de que se les vincule al bloque soberanista y así lo dejaron claro al ni siquiera firmar la reforma del reglamento para el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso que habían pactado con el PSOE a cambio de su voto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "No formamos parte de ningún bloque, ni somos socios de nadie", argumentaron para votar a favor, pero no firmar conjuntamente la reforma con PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG.

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La pugna entre PNV y EH Bildu a pocos meses de unos comicios en los que los jeltzales se juegan su hegemonía es un elemento de distorsión, aunque ambos juegan a capitalizar su utilidad en Madrid. Más compleja es la pugna entre ERC y Junts, como señalan también fuentes de la Moncloa. No solo de cara a la gobernabilidad si se echa a andar la legislatura, sino ya en esta fase de negociaciones para la investidura. Fuentes del Gobierno se refieren a una "pugna" que "dificulta" las negociaciones.

Las elecciones gallegas y vascas están previstas para mayo del próximo año y las catalanas, siempre que Pere Aragonès logre agotar la legislatura en minoría, para febrero de 2025. Las respectivas campañas y precampañas interferirán asimismo en la actividad legislativa y obligarían a dejar en cuarentena negociaciones parlamentarias.

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La competición entre los dos partidos independentistas catalanes dificulta que rebajen posiciones de máximos de cara a la negociación para la investidura. Como señala un diputado de uno de los grupos del bloque soberanista, "Junts tiene poco que perder y unas elecciones que ganar", en referencia a su apoyo. Una carrera que también empuja a ERC a elevar sus condiciones. De hecho, este mismo jueves en el Parlament, ERC y Junts pactaron una resolución para no apoyar la investidura de ningún candidato "si no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum", la cual ha obtenido luz verde por parte de la Mesa del Parlament y ha sido aprobada en el pleno durante el Debate de Política General.

La soga del referéndum

Para Ferraz, que se abre a pactar un alivio penal a los encausados del procès, el referéndum sí es una línea roja. El PSOE y el PSC contestaron con un comunicado conjunto para mostrar unidad frente a esta resolución y advertir que su voluntad de "un diálogo que ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España". "Por ese camino", concluyen, "no hay avance posible".

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La unilateralidad, por tanto, queda fuera de los márgenes de la negociación, aun sin exigir por el momento una renuncia expresa para llegar a un acuerdo. En privado, los republicanos se refieren a su objetivo de "negociar el derecho a voto" en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, mientras que el expresident Carles Puigdemont no situó el referéndum como una condición previa para la investidura, sino una suerte de compromiso para abordar esta carpeta a futuro.

Esta reivindicación añade más incertidumbre a la investidura, pero sobre todo sería una soga para la estabilidad de la legislatura. Y es que los independentistas condicionarían la gobernabilidad a los pasos para hacer efectiva una consulta que los socialistas siguen situando fuera del marco constitucional.