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Las otras amnistías políticas que estudia el Gobierno como modelo para Cataluña
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Las otras amnistías políticas que estudia el Gobierno como modelo para Cataluña

Las leyes de este tipo son escasas, suelen venir motivadas por graves conflictos armados y están acompañadas por un respaldo constitucional del que carece España

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (EFE/EPA/Olivier Matthys)
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El Gobierno de coalición en funciones mira al entorno europeo en busca de referentes sobre la amnistía que inspiren una interpretación de esas normas de punto y final aplicable en España. Las leyes de este tipo son escasas en Europa, suelen venir motivadas por graves conflictos políticos casi siempre armados y están acompañadas, de forma mayoritaria, por un respaldo constitucional de cada Estado del que carece España. Francia y Portugal son los ejemplos más cercanos, aunque se han dado también en Italia, Alemania y Croacia. También se analizan otras amnistías condicionadas a determinados supuestos, como la de Reino Unido respecto a Irlanda del Norte, aplicable a quienes compartan información sobre crímenes, o la de Colombia que se aplica a los miembros de las FARC que entregan sus armas y firman un documento por el que se comprometen a no reincidir.

El caso de Portugal se centra en la Revolución de los Claveles, que fue el centro de la principal amnistía del país, impulsada a finales de los setenta. Mediante una fórmula en la que se unió tanto la eliminación de delitos como de infracciones militares. Aquella norma tuvo un reflejo mucho más reciente que benefició a uno de los considerados héroes del levantamiento, el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, y todos los implicados en las actividades del grupo ultraizquierdista Fuerzas Populares Veinticinco de Abril (FP-25), amnistiados en 1996.

Foto: Carles Puigdemont y Yolanda Díaz. (EFE/ Olivier Matthys)

El texto fue impulsado por el Partido Socialista, que respaldó una iniciativa personal de Mario Soares. El Parlamento portugués votó dividido con la oposición de la facción socialdemócrata e incluso la abstención de varios independientes de las filas socialistas. Soares argumentó, según reflejó la prensa regional en las semanas previas, que la amnistía era necesaria por el bien de la "reconciliación nacional del país". Se concedió de forma parcial y quedaron fuera los asesinatos atribuidos al FP-25, responsable de más de 80 acciones y 12 muertes.

El caso francés se aproxima más a la reivindicación independentista, defienden fuentes gubernamentales cercanas a Sumar. El Estado galo ha concedido varias amnistías, desde las primeras —relacionadas con crímenes de la Segunda Guerra Mundial— a posteriores tras la conocida como guerra de Argelia. Sin embargo, una de esas normas, la vinculada al Frente Socialista de Liberación Nacional Canaco de Nueva Caledonia (FLNKS), ha suscitado mayor atención. Los de Yolanda Díaz aprecian similitudes con Cataluña que facilitarían una adaptación.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE/EPA/Olivier Matthys)

La antigua colonia francesa fue escenario durante años de una revuelta en la que se luchaba para alcanzar la independencia del territorio. El impulsor de ese perdón, también condicionado, fue François Mitterrand, que acuñó los acuerdos de Matignon. En ellos, se preveía la celebración de un referéndum de independencia y la citada amnistía que afectó a aquellos que participaron en las conocidas como matanzas de Ouvéa, que se saldaron con la muerte de cuatro policías tras una toma de rehenes en una comisaría de la isla. Quedaron perdonados los delitos por el secuestro, pero no los de sangre.

Las constituciones de Portugal y Francia contemplan la amnistía y en ninguno de los dos casos mencionados las leyes se impulsaron en el marco de la formación de un Gobierno.

Condiciones

El Ejecutivo en funciones también revisa las fórmulas empleadas en Reino Unido o Colombia, donde la concesión del olvido de delitos cometidos se vincula a determinadas condiciones. Esta tesis uniría la aplicación de la ley al compromiso de no reincidir y de abandonar la vía unilateral, como vienen advirtiendo en los últimos días distintos miembros del Gobierno, entre ellos Yolanda Díaz.

Alemania, que también ha concedido amnistías, carece como España de respaldo constitucional para ese tipo de normas. Aquellas que se han impulsado se bautizaron con otros nombres, como "leyes de impunidad" o "leyes de rehabilitación". En todos los casos, fueron excepcionales y relacionadas con la etapa nazi. A finales de los cuarenta y principios de los cincuenta vinieron las primeras, impulsadas con la lógica del cambio de régimen que también inspiró la amnistía española del 77. Más tarde se rehabilitó a aquellos que habían sido catalogados como traidores por el nazismo.

Foto: Nicolás Redondo Terreros, en una entrevista para El Confidencial. (Olmo Calvo)

En Italia, la principal amnistía también está vinculada con la Segunda Guerra Mundial y la figura cuenta con regulación constitucional expresa en la que se establecen mayorías parlamentarias reforzadas para sacarla adelante artículo a artículo. Croacia también impulsó una amnistía mediante la cual se borraban todos los delitos cometidos en relación con la guerra entre 1990 y 1996, a excepción de aquellos actos equivalentes a los delitos más graves en derecho humanitario o crímenes de guerra.

El Gobierno de coalición en funciones mira al entorno europeo en busca de referentes sobre la amnistía que inspiren una interpretación de esas normas de punto y final aplicable en España. Las leyes de este tipo son escasas en Europa, suelen venir motivadas por graves conflictos políticos casi siempre armados y están acompañadas, de forma mayoritaria, por un respaldo constitucional de cada Estado del que carece España. Francia y Portugal son los ejemplos más cercanos, aunque se han dado también en Italia, Alemania y Croacia. También se analizan otras amnistías condicionadas a determinados supuestos, como la de Reino Unido respecto a Irlanda del Norte, aplicable a quienes compartan información sobre crímenes, o la de Colombia que se aplica a los miembros de las FARC que entregan sus armas y firman un documento por el que se comprometen a no reincidir.

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