Los crímenes de guerra de Ucrania son los más documentados. Aun así, nadie va a juzgar a Putin

Bucha, Mariúpol, Izium. Alguno de los nombres que se han convertido en sinónimos de la barbarie. Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, las palabras crímenes de guerra han rondado por la cabeza de defensores de derechos humanos, activistas y políticos. Servían como precedente los recuerdos del paso de las fuerzas del Kremlin en países como Chechenia o Siria. Vladímir Putin nunca ha sido condenado y muchos abogados apuntan a que, esta vez, tampoco se sentará delante de un juez.

Cuantas más evidencias consiguen los defensores de los derechos humanos, más se desvanecen las esperanzas de conseguir justicia. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, uno de los ganadores del Premio Nobel en 2022, lleva meses investigando presuntos crímenes de guerra. El equipo se desplaza a zonas recién liberadas para entrevistar a los supervivientes y víctimas de masacres. En total, ha conseguido recolectar más de 18.000 documentos que evidencian crímenes de guerra. Esta es, afirman, solo la punta del iceberg dentro de la estrategia de terror de Vladímir Putin en Ucrania. Una parte de los esfuerzos están centrados en la iniciativa Tribunal para Putin, con la que quieren iniciar los mecanismos necesarios para que el presidente ruso sea condenado por los crímenes de guerra que se están documentando.

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Para empezar, este tribunal tiene un largo camino por delante porque la iniciativa "no es legal, es política". "Si Occidente dice que quiere ver a Putin enjuiciado, está indicando efectivamente que su objetivo final es lograr un cambio de régimen en Moscú", afirma Richard Gowan, miembro asociado del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y director de la ONU en International Crisis Group, a El Confidencial. El experto sostiene que no existe un escenario en el que Putin o sus asesores vayan de manera voluntaria a juicio, por lo que la única manera de que eso sucediera es si el presidente dejara de serlo y el nuevo Gobierno lo entregara a la Justicia.

"Si decimos que queremos ver a Putin en juicio, básicamente estamos diciendo que nuestros objetivos de guerra incluyen un cambio de régimen en Moscú. Si Putin cree que eso es lo que Occidente quiere, entonces tendrá incentivos adicionales para seguir luchando e incluso intensificar la guerra si las cosas van mal para el ejército ruso", añade Gowan. Se trata, por lo tanto, de una cuestión de prudencia para evitar riesgos de escalada en el conflicto.

La estrategia del terror de Putin

Para las organizaciones ucranianas que forman parte de la iniciativa Tribunal para Putin, los indicios de crímenes de guerra son tantos que no hay manera de esconderlos. Bucha fue uno de los casos más notorios. En marzo de 2022, esta ciudad copó las portadas de todos los periódicos internacionales con las imágenes de la muerte tras el paso de las fuerzas del Kremlin. Cuerpos esparcidos en las calles y puestos unos encima de los otros en fosas. Esta fue la primera vez que salió a la luz la palabra zachistka en la guerra de Ucrania. Significa 'limpieza' y es el término que utilizaron las fuerzas rusas para ir de puerta en puerta para identificar a ciudadanos que podrían ser amenazas potenciales para el Kremlin, por colaborar con las tropas ucranianas o por presentarse como voluntarios para luchar en el frente.

Ese mismo mes, en Mariúpol, un ataque aéreo ruso destruyó el Teatro Académico Regional de Arte Dramático de Donetsk, donde cientos de civiles se refugiaban. "Vi explotar el tejado del edificio. Entonces, vi mucho humo y escombros. No podía creer lo que veían mis ojos porque el teatro era un santuario. Había dos grandes letreros que decían 'niños", explicó Grigoriy Golovniov, un empresario ucraniano testigo del ataque, a Amnistía Internacional.

Los signos de la barbarie

El terror continuó en la zona de Yahidne, donde más de 300 vecinos pasaron juntos la ocupación rusa en un sótano: encerrados y con dos francotiradores rusos con ángulo sobre la puerta. En la puerta marcaban los nombres de los asesinados por los rusos, en el lado izquierdo; los que murieron en el sótano, en el derecho. A finales de año, se sumaron los 400 presuntos crímenes de guerra en Jersón, después de la retirada de las fuerzas de Moscú, y los bombardeos del 24 de diciembre de 2022.

Solo unos ejemplos de los 66.000 presuntos crímenes de guerra documentados por la Oficina del Fiscal General de Ucrania. El número crece cada día por el trabajo conjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), que ha desplegado en el país a uno de los equipos más grandes hasta ahora, abogados de derechos humanos y grupo de defensa, así como las investigaciones de Naciones Unidas e iniciativas por parte de gobiernos de la Unión Europea.

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Alicia Alamillos. Yahidne (Ucrania)

El número de casos, que van desde torturas, asesinatos, violaciones, deportaciones de niños ucranianos y ataques contra la infraestructura ucraniana, es el primer reto para el sistema judicial de Ucrania. Sin embargo, el fiscal general, Andriy Kostin, ha prometido investigarlos todos y llevar a juicio a aquellas personas contra las que haya pruebas suficientes. Volodímir Zelenski ha puesto la justicia para las víctimas de los crímenes de guerra como una de sus condiciones para la paz, y se ha convertido en otra batalla, más allá de la lucha por el territorio.

Serían suficientes evidencias para justificar la necesidad de imponer justicia, si no fuera un proceso tan complicado. Oleksandra Matviichuk, abogada y directora del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, centra todo su trabajo en documentar cada caso, aunque es consciente del largo proceso para que los indicios se conviertan en pruebas que puedan a poner a los altos mandos del Kremlin ante un jurado. "Lo que necesitamos hoy son armas. Tal vez es raro escuchar eso de un abogado de derechos humanos, pero voy a ser muy honesta: he pasado 20 años defendiendo los derechos humanos y no tengo ningún instrumento legal que haya funcionado en esta situación", reconoció.

En un editorial de The Washington Post, Matviichuk recuerda que Putin y altos mandos rusos no han sido castigados por muchos de los crímenes que han cometido en otros países como Malí y Libia. Ahora, "los actores del mundo democrático deben demostrar que no se puede permitir que los culpables [de los crímenes] en Ucrania se escondan detrás de Putin. Tarde o temprano, los que han cometido delitos deben rendir cuentas por lo que han hecho con sus propias manos”, subrayó. "Una guerra convierte a las personas en números. Solo la justicia puede devolver los nombres a las víctimas. Solo la justicia puede restaurar su dignidad humana".

La madre de todos los crímenes

Las organizaciones internacionales llegaron a Ucrania para complementar la información sobre la actuación de los soldados rusos en las zonas ocupadas. A pesar de que expertos como los de la CPI pueden añadir evidencias, el gran número de casos y de investigaciones paralelas pueden solaparse dentro de un sistema internacional que ha convertido en casi una utopía sentar frente a la Justicia a los responsables de la guerra, incluido Vladímir Putin.

Por ahora, la Justicia ucraniana ha acusado a cerca de 135 presuntos criminales de guerra y ha condenado a 25 soldados rusos con sentencias que van desde los 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. El desafío está en conseguir aumentar esta cifra y evitar lo que Oleksandra Matviichuk llamó "una brecha en la rendición de cuentas", porque algunos soldados pueden ser castigados por actos que llevaron a cabo cumpliendo órdenes, mientras los altos mandos y líderes continúan impunes.

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La documentación de crímenes como el de Izium o Bucha es solamente la primera capa de un proceso que se vislumbra como la lucha por conseguir que llegue a instancias internacionales "la madre de todos los crímenes": la invasión de Rusia a un país soberano. "Sin la invasión de las tropas rusas, no se hubieran cometido", afirmó el fiscal general ucraniano.

Este es precisamente el más difícil de procesar, porque implica a los niveles más altos del poder en el Kremlin. Hay pruebas suficientes para probar que Putin y su cúpula tenían intención de iniciar una guerra en Ucrania, pero todo indica a que no podrán ser enjuiciados por el crimen de agresión. Primero, porque ni Ucrania ni Rusia ratificaron el Estatuto de Roma —el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional—, lo que deja a la CPI sin facultades para sentar a los presuntos culpables en el banquillo porque no tiene jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad en países no miembros del Estatuto. Por otro lado, es muy complicado conectar a líderes rusos con este tipo de delitos, así como el genocidio, porque rara vez dan órdenes directas para cometer crímenes. Incluso si lo hicieran, no lo documentarían.

El tribunal especial

Con este escenario por delante, Ucrania apuesta por la creación de un tribunal especial, parecido al que se creó por los crímenes por el genocidio en Ruanda y durante las guerras que provocaron la desintegración de Yugoslavia. De nuevo, son varios los retos. Para que ese tribunal fuera creado tendría que ser respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que Rusia tiene poder de veto.

En la Asamblea General de la ONU, donde también podría aprobarse la creación de un tribunal especial, Ucrania debería asegurarse un amplio apoyo internacional, hasta de países que no han dudado a la hora de condenar la invasión rusa. La Unión Europea ha dado pistas sobre su apoyo a este proyecto internacional, pero Estados Unidos todavía no se ha pronunciado al respecto. "La Asamblea General votará una resolución a finales de esta semana pidiendo 'responsabilidad' y una 'paz justa' en Ucrania, pero diplomáticos estadounidenses y europeos se han asegurado de que el lenguaje del texto sea bastante vago", explica Richard Gowan. "Esto se debe en parte a que saben que muchos países se oponen a la idea de un tribunal especial y quieren enfatizar las conversaciones de paz con Moscú. A los funcionarios europeos les preocupaba que muchos países se negaran a respaldar un texto más específico", subrayó a este periódico.

Es posible que Washington no vea con buenos ojos un juicio contra Putin por el delito de agresión, porque podría crear un precedente en su contra. “No quieren lidiar con el crimen de agresión porque saben que, si se usa contra Rusia, podría usarse contra ellos mañana. El gran elefante en la habitación en Ucrania es Irak, que también fue una guerra manifiestamente ilegal”, afirmó el abogado en Derecho Internacional Philippe Sands a The Intercept.

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Entre los crímenes de guerra en el territorio o apostar por intentar llevar el delito de agresión ante la Justicia, ¿cuál debería tener prioridad? La respuesta divide a abogados y expertos, quienes se preguntan si es más importante atrapar al responsable de los ataques de artillería en Mariúpol o a Vladímir Putin. "El peligro al que nos enfrentamos es que, dentro de cinco años, tendremos tres o cuatro juicios de personajes de bajo grado que son totalmente irrelevantes, y las personas principales simplemente saldrán impunes", añadió Sands.

En un momento en el que tanto las autoridades ucranianas como el CPI y otros agentes extranjeros están investigando presuntos crímenes, se pueden generar fricciones. La Corte ha intentado presentar casos de las dos partes del conflicto y han informado sobre acciones del bando ucraniano que quieren investigar. "No es probable que las autoridades ucranianas faciliten esas investigaciones. Y existe un precedente de buenas relaciones entre un Gobierno y un tribunal internacional que se está deteriorando: la relación del tribunal internacional con el Gobierno posterior al genocidio en Ruanda se deterioró en parte porque los investigadores querían explorar la participación de algunas de sus fuerzas en presuntos crímenes"; afirma David Bosco, académico experto en relaciones internacionales, en un artículo de Lawfare.

A pesar de las dificultades legales y judiciales para conseguir justicia por la invasión de Ucrania, el trabajo realizado por las autoridades locales, organizaciones y la CPI ha conseguido recopilar millones de pruebas. El investigador de derechos humanos Nathaniel Raymond subrayó que nunca se ha conseguido tanta información recabada por recursos tradicionales como las entrevistas a testigos o supervivientes de los crímenes, hasta las imágenes por satélite, los expertos en inteligencia de código abierto (OSINT), y drones. Además, el apoyo de donantes, de gobiernos y del sector privado ha aumentado las evidencias. La tecnología ya existe, lo que falta es un mecanismo garantista para llevar a los perpetradores ante la Justicia. Sin embargo, hasta en un sistema con muchos retos por delante es necesario seguir con este proceso. "La justicia importa incluso cuando no sabes si tendrá éxito. Simplemente tienes que hacerlo. Es una práctica", dijo Raymond.

La difícil búsqueda de la justicia

Los esfuerzos por sentar en el banquillo de los acusados a los perpetradores de crímenes de guerra o contra la humanidad son una de las guerras de las tres organizaciones que ganaron el Premio Nobel en 2022. Oleksandra Romantsova, del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania; el ruso Alexander Cherkasov, de la Fundación Memorial, y Natalia Satsunkevich, de la ONG bielorrusa Viana, se reunieron en la Casa Encendida de Madrid el pasado enero para discutir la necesidad de seguir reportando todos estos crímenes. En una entrevista posterior con El Confidencial, la activista de Bielorrusia explica cómo su lucha contra los crímenes contra la humanidad del Gobierno de Alexander Lukashenko la ha llevado a vivir fuera de su país.

Las protestas de 2020, en las que la población exigía elecciones libres, provocaron una ola de detenciones. "Hemos informador de torturas en centros de detención, hasta un punto en el que se vieron como algo normal, es algo que sucede casi todos los días. Lo tenemos todo documentado y no vamos a parar a pesar de todo", explica.

Con ese a pesar de todo se refiere a la dificultad para que sus denuncias lleguen a instancias internacionales y se consiga hacer justicia. La ONG de la que forma parte exige la creación de un tribunal especial para los crímenes contra los derechos humanos. "Por ahora, no está siendo efectivo, porque el proceso es muy largo y ahora, además, todo el mundo está centrado en Ucrania", continúa. Sin embargo, no pierde la esperanza. "Sueño con que tengamos un sistema tanto nacional como internacional independiente, con todas las garantías legales para todos. Porque lo que está pasando en Ucrania puede ser la oportunidad de cambiar las cosas y que esas lecciones salven en un futuro la vida de otras personas en otros países".