Juicio a la guerra de Ucrania: el complicado camino para juzgar a la cúpula del Kremlin

La Comisión Europea ha respaldado la idea de crear un tribunal especial para investigar y procesar a los dirigentes rusos por la invasión de Ucrania. Francia y los países bálticos han declarado su apoyo a la iniciativa, que ha sido respaldada enérgicamente por el Gobierno ucraniano. Su atractivo es obvio, dado el carácter ilegal del ataque ruso y la responsabilidad personal del presidente Vladímir Putin por haberlo ordenado.

Existen motivos jurídicos indiscutibles para crear un tribunal especial que pueda procesar a los dirigentes rusos por sus acciones, así como al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, quién permitió que su país fuera utilizado por las fuerzas rusas para perpetrar la invasión desde el norte. Pese a todo, la decisión de crear un tribunal es, en última instancia, una decisión política, y debe considerarse desde el punto de vista de sus consecuencias prácticas. Más allá de su valor como muestra simbólica de apoyo a Ucrania, surgen las siguientes preguntas: ¿qué posibilidades reales tendría la Justicia de llevar a los responsables de la agresión rusa ante un tribunal? ¿Ayudaría poner la primera piedra para rendir cuentas por el lanzamiento de la ofensiva?

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La creación de un tribunal especial subsanaría ese vacío en la arquitectura de la Justicia internacional y reforzaría la norma fundamental contra la guerra de agresión. La invasión territorial está reconocida como un crimen en el derecho internacional por el que se puede procesar a individuos concretos. La Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre las agresiones de los Estados desde 2018, después de que se modificara su estatuto para definir el crimen y las circunstancias en que el tribunal podría enjuiciar a los responsables. Ucrania ha aceptado la jurisdicción de la CPI, pero en el caso de la guerra de agresión hay una trampa. A diferencia de otros crímenes, la CPI solo puede procesar a individuos por agresión si el Estado al que pertenecen es también parte de la corte y ha aceptado darle jurisdicción. Dado que Rusia no es miembro de la CPI, el tribunal no puede procesar a dirigentes rusos por este crimen. Por supuesto, las fuerzas rusas pueden ser procesadas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como por genocidio, si el tribunal considera que se han producido en Ucrania. Pero muchas personas consideran que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es el crimen original del que se derivan estos otros crímenes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió que se creara un tribunal con respaldo de Naciones Unidas. La vía más probable para esa opción es que la Asamblea General vote a favor del tribunal, que se crearía mediante un tratado específico entre la ONU y Ucrania. La participación de la organización es importante, ya que daría al tribunal mayor legitimidad internacional y ayudaría a desviar las críticas infundadas en la idea de solo contar con el apoyo de los países que respaldan directamente a Ucrania en el conflicto.

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EFE

Sin embargo, no es tan evidente que se consiga ese amplio apoyo internacional para una resolución de la Asamblea General que establezca ese tribunal especial sobre la agresión rusa a Ucrania. Inevitablemente, se plantean preguntas: ¿por qué un tribunal en este caso, a diferencia de otros casos de agresión? Los partidarios de un tribunal argumentan que la invasión rusa de Ucrania y el intento de anexión del territorio ucraniano representan una violación particularmente flagrante de la Carta de la ONU. Además, es mejor castigar algunos casos de agresión que ninguno, y el caso de enjuiciamiento se ha fortalecido con la inclusión de la agresión en la jurisdicción de la CPI. Sin embargo, la percepción entre algunos países del sur global de que los países europeos están excesivamente enfocados en la agresión rusa y menos preocupados por los conflictos y crisis en otros lugares puede seguir siendo un problema.

Los países europeos tendrían más posibilidades de conseguir el apoyo de un tribunal si pudieran rebatir la acusación de doble rasero que presenta la desigualdad entre regiones. Un paso claro sería que los Estados miembros que aún no han aceptado la enmienda al estatuto de la CPI se decantasen por otorgar al tribunal competencia sobre juzgar una agresión territorial en su propio caso, si se diese la situación. Resulta chocante que, por ejemplo, Francia apoye la creación de un tribunal sobre la agresión rusa, pero no conceda a la CPI el derecho a supervisar su propio uso de la fuerza en el extranjero. Más allá de esto, los Estados miembros podrían apoyar una nueva enmienda al estatuto que permitiera al tribunal enjuiciar casos de agresión, incluso cuando el Estado no se haya adherido a la CPI o no haya aceptado su jurisdicción en este ámbito, como han propuesto algunos diplomáticos y académicos. Sin embargo, Estados Unidos se opondría firmemente a esta medida, ya que se ha rechazado sistemáticamente que la CPI pueda presentar cargos contra Estados que no son miembros, incluso por delitos menos controvertidos políticamente.

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Una resolución de la ONU también chocaría con la aparente resistencia de algunos países a imponer castigos a Rusia o apoyar procesos judiciales contra jefes de Estado. Hasta ahora, las votaciones de la Asamblea General sobre Ucrania han demostrado que existe un mayor respaldo a resoluciones que respaldan retóricamente normas fundamentales, como la contraria a la anexión de territorios, que a medidas para sancionar a Rusia, como suspenderla del Consejo de Derechos Humanos. Algunos países africanos también se han quejado de que la CPI se ha mostrado demasiado proclive a procesar a dirigentes del continente, ignorando las consecuencias políticas de hacerlo. Algunos de ellos podrían negarse a apoyar un tribunal que se centra explícitamente en un delito de autoridad.

Incluso si se crea un tribunal, parece poco probable que Putin u otros funcionarios rusos o hasta Lukashenko puedan acabar pronto en el banquillo de los acusados. La forma más probable de que Putin y sus homólogos sean juzgados sería mediante un cambio de régimen interno en Rusia o Bielorrusia. Pero aun así existe un precedente: el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic fue acusado por el Tribunal Yugoslavo de Crímenes de Guerra durante la guerra de Kosovo y acabó ante el tribunal tras perder el poder en Belgrado. Por el contrario, la celebración de juicios no presenciales, como algunos han sugerido, parece que disminuiría la credibilidad de un tribunal cuya legitimidad sería la baza más importante.

Un tribunal que defiende la responsabilidad por un crimen internacional como la agresión de Ucrania puede tener valor, aunque no celebre juicios inmediatamente. Unas circunstancias diferentes podrían poner a su alcance a los acusados y, mientras tanto, serían acusados por un órgano imparcial de infringir una ley fundamental. Pero el efecto teórico y práctico de tal acusación dependería fundamentalmente del apoyo que recibiera el tribunal. Si un número significativo de países actúa como si las acusaciones del tribunal tuvieran sentido, se reforzará la condena de los crímenes implicados y se contribuirá a reducir la legitimidad de Putin en la escena internacional. Por el contrario, si las acusaciones del tribunal son ampliamente ignoradas, podría llegar a ser visto como una institución al margen.

A diferencia de los tribunales establecidos por resolución del Consejo de Seguridad, no habría obligación para los países de cooperar con un tribunal resultante de una votación de la Asamblea General. Más allá de los países que han sancionado a Rusia, no está claro cuántos Estados se arriesgarían a poner en peligro las relaciones con Rusia al amenazar con arrestar a su presidente si fuera a visitarlos. Los países europeos no volverán en ningún caso a las relaciones previamente establecidas con Rusia antes del conflicto. No obstante, podrían verse ante la disyuntiva de hasta qué punto apoyar un tribunal de agresión si en algún momento es posible llegar a una solución del conflicto en Ucrania. Si Rusia pone el fin o la reducción de las sanciones como condición para cualquier acuerdo de paz que se ponga sobre la mesa, los líderes europeos podrían inclinarse a aceptarlo, incluso si las órdenes de detención de un tribunal de agresión (o de la CPI por otros delitos) siguen sin cumplirse.

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En última instancia, los tribunales internacionales tienden a reflejar la dinámica del mundo más que a alterarla. Un tribunal de agresión no afectaría a la política mundial. Puede que muchos países desaprueben las acciones de Rusia, pero ninguno fuera de Occidente y sus aliados asiáticos más próximos están dispuestos a hacer de ello el punto de referencia central de su política exterior. Los Estados miembros de la UE consideran la agresión rusa y su violento rechazo del orden posterior a la Guerra Fría como una amenaza fundamental para la seguridad, pero también aceptan que no pueden arriesgarse a la escalada que supondría una implicación directa en la guerra. La guerra de Putin parece desastrosa para Rusia, pero nada indica que su posición sea inmediatamente vulnerable o que los países extranjeros puedan hacer algo para socavarla. En este contexto, el impacto a corto plazo de un tribunal de agresión sería necesariamente limitado, y su legado final dependería de acontecimientos que los países europeos no pueden prever.

*Análisis publicado originalmente en inglés en el European Council on Foreign Relations por Anthony Dworkin y titulado "Aggression on trial: The tricky path towards prosecuting Russian war leaders".