¿el principio del fin de la cpi?

Las verdaderas razones por las que Rusia se ha retirado de la Corte Penal Internacional

Se trata ante todo de un gesto político, puesto que en la práctica es casi imposible que se juzgue a ciudadanos rusos sin el visto bueno de Moscú. Pero el ejemplo es difícil de ignorar

Foto: Captura de pantalla del video de un bombardeo de un dron ruso en un lugar no determinado de Siria, el 17 de noviembre de 2016 (Reuters)
Captura de pantalla del video de un bombardeo de un dron ruso en un lugar no determinado de Siria, el 17 de noviembre de 2016 (Reuters)

Cuando en julio de 1998 se votó el Estatuto de Roma, el acuerdo legal que alumbraba la Corte Penal Internacional, una abrumadora mayoría de países lo aprobó: 120 estados a favor frente a 7 en contra, y 12 abstenciones. Desde entonces, el número de aquellos que se han adherido al tratado, así como de los que lo han ratificado, no ha dejado de crecer. Hasta ahora. Este año, por primera vez, varios países han retirado su firma del documento: Burundi y Sudáfrica en octubre; este mes, Gambia; y, hace pocos días, Rusia. Uganda, Kenia, Namibia y Filipinas están considerando hacer lo mismo.

De estas salidas, es sin duda la rusa la que tendrá un mayor impacto. La medida se ha producido por órdenes directas de Vladímir Putin, oficialmente por la presunta parcialidad de la corte. "Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio", afirmó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado justificando su decisión.

¿Cuáles son las razones de Rusia para dar este paso? La decisión parece estar directamente relacionada con la publicación, a principios de la semana pasada, del informe anual de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. El documento examina una docena de casos internacionales, entre ellos el conflicto de Ucrania, y sus conclusiones son muy negativas para Moscú: entre otras cosas, considera la situación de Crimea una ocupación por parte de fuerzas rusas, y documenta los abusos sufridos por la minoría tártara, susceptibles de ser perseguidos por la legislación internacional. Además, asegura que el intercambio de fuego de artillería en el este de Ucrania y la detención de militares rusos en territorio ucraniano “apunta a un enfrentamiento militar directo entre fuerzas armadas rusas y fuerzas gubernamentales ucranianas que sugiere la existencia de un conflicto armado internacional”.

Este último término ha caído como una bomba en Rusia, cuyas autoridades niegan toda implicación en el conflicto y aseguran que lo que sucede en el este de Ucrania es un levantamiento popular local contra las imposiciones del “régimen fascista” de Kiev. Además, el informe prosigue: “Según la información recibida, la situación en Crimea y Sebastopol es equivalente al conflicto armado internacional entre Ucrania y la Federación Rusa. Este conflicto armado internacional empezó no más tarde del 26 de febrero, cuando la Federación Rusa empleó a miembros de sus fuerzas armadas para hacerse con el control de partes del territorio de Ucrania sin el consentimiento del Gobierno ucraniano”.

El presidente ruso Vladimir Putin charla con Barack Obama y otras personas en el Encuentro de Líderes Económicos Asia-Pacífico de Lima, el 20 de noviembre de 2016 (Reuters)
El presidente ruso Vladimir Putin charla con Barack Obama y otras personas en el Encuentro de Líderes Económicos Asia-Pacífico de Lima, el 20 de noviembre de 2016 (Reuters)

Rusia quiere evitar que, en el futuro, se le puedan exigir responsabilidades penales en La Haya, bien por su participación en el escenario ucraniano, bien por su brutal campaña aérea en Siria, por la que países como Alemania, Francia o el Reino Unido ya han exigido que le sean impuestas sanciones. En octubre, el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, acusó al régimen sirio y a Rusia de crímenes de guerra por sus operaciones de bombardeo en Alepo. Un mes después, el Ministro de Exteriores británico Boris Johnson dio un paso más allá, asegurando que dichos crímenes podrían ser juzgados por el Tribunal de La Haya. “Los hospitales han sido atacados con tanta frecuencia y precisión que es difícil evitar la conclusión de que debe tratarse de una política deliberada. Creemos que podría entrar dentro de los procedimientos de la CPI”, dijo Johnson. “Quiero recordar en este foro que en la historia reciente, criminales de guerra han sido juzgados décadas después de haber cometido las ofensas”, añadió. Demasiado para Moscú, al parecer.

No obstante, este rechazo es eminentemente político, puesto que es altamente improbable que se llegue a procesar jamás a militares rusos contra los deseos del Kremlin. “Cualquier país, sea o no miembro de la CPI, podría ser examinado si el Consejo de Seguridad remite el caso a la corte”, explica Víctor De Currea-Lugo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en derecho internacional. “Por ejemplo, el caso de Sudán, que nunca firmó el Estatuto de Roma, y sin embargo hay un proceso en firme que llamó a la detención del presidente Omar Al Bashir por genocidio en Darfur. O sea, es posible en teoría. En la práctica, se necesitaría que Rusia se abstuviera en el Consejo de Seguridad o que el país se acusara a sí mismo, por lo que al final es imposible”, dice a El Confidencial. 

Debilitar a la institución

La función de la CPI es juzgar cuatro tipos de crímenes internacionales de importancia: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, siempre y cuando sean cometidos en territorios de estados signatarios o por ciudadanos de dichos estados, y los estados implicados sean incapaces o no estén dispuestos a juzgarlos ellos mismos. Teóricamente, los soldados rusos todavía podrían llegar a ser juzgados por presuntos crímenes en Siria o Ucrania, ambos países firmantes del Estatuto de Roma, aunque el hecho de que ninguno de los dos haya ratificado el tratado lo dificulta. Al retirar su firma, Rusia complica aún más el panorama: no impide que un país firmante pueda dar un paso semejante, pero la salida rusa de la CPI debilita al tribunal en su totalidad, como institución.

“El procesamiento de los soldados rusos podría suceder si Rusia, en sus acciones, hiere, mata, ataca o viola los derechos de ciudadanos de un país firmante del Estatuto de Roma, pero eso requiere que ese país los denuncie”, indica De Currea-Lugo. Eso descartaría, por ejemplo, un proceso en el caso de Siria, al menos mientras el régimen de Assad se mantenga en el poder. Pero también es improbable que se produzcan iniciativas de ese tipo por parte de otros estados que no sean aliados de Moscú. “El peso político y económico de Rusia es tan brutal que a uno le extrañaría que un país pequeño los vaya a denunciar, porque en el plano de la política real saben que Rusia se los lleva por delante”, sostiene este experto.

El centroafricano Narcisse Arido, acusado de ofensas contra la administración de justicia, durante una sesión de su juicio en la CPI en La Haya, en octubre de 2016 (Reuters)
El centroafricano Narcisse Arido, acusado de ofensas contra la administración de justicia, durante una sesión de su juicio en la CPI en La Haya, en octubre de 2016 (Reuters)

"Es difícil saber qué pasa con estas instituciones ante este tipo de medidas. Ha habido anteriormente boicots a otras iniciativas, como las Olimpiadas, y sin embargo las instituciones permanecen. Yo lo que creo es que puede acabar convirtiéndose en un elefante blanco, en parte del paisaje pero con menos poder. Eso no impide que siga juzgando a aquellos países que sí se comprometieron a formar parte de la CPI", indica De Currea-Lugo. "En todo caso, no todas las potencias son parte de la corte, y por ejemplo Estados Unidos se retiró, y eso no significó su final", señala.

La decisión rusa, sin embargo, sienta un ejemplo difícil de ignorar. "El simbolismo es muy importante para una corte que sólo puede juzgar a un puñado de individuos", ha señalado la Doctora Sarah Nouwen, profesora de derecho en la Universidad de Cambridge, al diario "The World Post". "Cuanto menor sea la jurisdicción del tribunal, será percibida como más selectiva", ha dicho. Una impresión ya bastante arraigada, puesto el total de los 38 individuos imputados por la Corte a lo largo de su historia, así como los cuatro condenados, son del continente africano. 

Un sentimiento recogido, hace unos días, por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte: "Son unos inútiles, los de la Penal Internacional. [Los rusos] se han ido, y yo podría seguirles. ¿Por qué? Porque sólo se castiga a los pequeños como nosotros". El Gobierno filipino confirmaba así que estudia retirarse de la CPI para dificultar que nadie pueda iniciar un proceso por su violenta "guerra contra las drogas", que ha dejado más de 2.400 muertos en apenas unos meses. 

Las organizaciones de defensa de derechos humanos consideran esta tendencia muy preocupante. “Las retiradas de la CPI corren el riesgo de convertirse en una moneda de cambio por parte de países que buscan que el mundo sea más seguro para los dictadores abusivos”, protestaba recientemente Elizabeth Evenson, de Human Rights Watch. “Salirse o minar las capacidades de la CPI para intentar procesar a altos cargos solo dañará la justicia para las víctimas de los peores crímenes”, afirmó.

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