La brutal guerra antidroga del nuevo 'Harry el Sucio' que gobierna Filipinas

"No quiero tener que matar gente, así que no me votéis". El aviso de Rodrigo Duterte durante la campaña electoral sirvió de poco para disuadir a los votantes filipinos que eligieron por mayoría al polémico alcalde en las últimas elecciones presidenciales del país celebradas el pasado mes de mayo. Fue, de hecho, su promesa de limpiar las calles de criminales, y muy especialmente de drogas, en seis meses la que aupó a Duterte en una carrera frenética hacia el poder. Unas semanas después, el pasado 30 de junio, Duterte fue investido como presidente y se puso manos a la obra inmediatamente: la policía ha anunciado que durante los primeros cuatro días de su mandato al menos 30 supuestos traficantes fueron asesinados extrajudicialmente, mientras el presidente amenazaba de muerte hace unos días a uno de los supuestos principales traficantes del país.

La rapidez no ha sorprendido a demasiados dados los antecedentes de Duterte. En sus 22 años como alcalde de Davao, la principal ciudad en la convulsa isla de Mindanao, sus escuadrones de la muerte se cobraron la vida de más de mil personas, según Human Rights Watch. El propio Duterte, también apodado como “El Sucio”, reconoció el año pasado estar detrás de los escuadrones. “Somos la novena ciudad más segura [del mundo]. ¿Cómo crees que lo hice? […] Los maté a todos”, aseguró en un programa de televisión.

Sin embargo, durante su investidura intentó rebajar el polémico tono que había mantenido durante la campaña. “Mi fidelidad a los procedimientos y al Estado de Derecho es completa”, dijo durante su juramento como presidente. Las buenas palabras se desvanecieron rápido y la policía comenzó enseguida su limpieza. Días antes de su investidura, Duterte había animado además a los filipinos a tomarse ellos mismos la justicia por su mano. “Sentíos libres de llamarnos, a la policía, o hacedlo vosotros mismos si tenéis una pistola. Tenéis mi apoyo”, dijo en un mensaje televisado.

“Tiene que entender que si quiere combatir el crimen no puede hacerlo cometiendo otro crimen”, asegura Emerlynne Gil, consejera jurídica para el Sudeste Asiático de la Comisión Internacional de Juristas.“Esto perpetúa más y más la cultura de impunidad en Filipinas y no es algo positivo para el país”, continúa. En total, más de cien personas han muerto en operaciones policiales desde el día de las elecciones el 9 de mayo, mayoritariamente supuestos traficantes, violadores y ladrones de coches.

Duterte ha prometido que las muertes no se quedarán sólo en las calles y que reinstaurará la pena capital en el país. La propuesta ha sido la primera en ser enviada al Parlamento por varios senadores que quieren que se aplique en casos de terrorismo, asesinato, violación, tráfico de drogas y tráfico de personas, entre otros. Filipinas ya restauró la pena de muerte una vez en los años 90, después de que hubiera sido abolida por la Constitución de 1987. En 2006 fue de nuevo suspendida. Sin embargo, desde entonces Filipinas ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que compromete a los países firmantes a no ejecutar a nadie dentro de sus jurisdicciones. El Protocolo, que ha sido firmado tan sólo por unos pocos países en Asia, no establece un mecanismo para abandonar el pacto y poder reinstaurar la pena de muerte.

El 'shabu' toma las calles

Duterte tiene razón en algo: las drogas se han convertido en un problema en Filipinas. Y este problema tiene un nombre muy específico: 'shabu', una metanfetamina mezclada con cafeína que se ha vuelto popular entre los trabajadores de clase baja de buena parte de Asia por sus propiedades estimulantes. En este sentido, según el Informe Mundial de Uso de Drogas de Naciones Unidas de 2012, Filipinas era el país de Asia Oriental con un mayor uso de estas metanfetaminas. Datos más recientes de la Agencia Antidroga de Filipinas aseguran que una de cada cinco localidades del país tiene problemas de drogas. Por su parte, la criminalidad también ha aumentado rápidamente en el país y se ha pasado de 226 crímenes por 100.000 habitantes en 2012 a 1.004 en 2014, según la Autoridad de Estadística de Filipinas.

“La amenaza de la droga debe parar. Pero las aparentes ejecuciones sumarias en serie de supuestos consumidores de droga o pequeños traficantes que parecen repentinas […] también tienen que parar. No son incompatibles”, aseguró Edre Olalia, secretario general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo en un comunicado. Duterte defiende, sin embargo, que sus métodos son más efectivos y que gracias a ellos 60.000 supuestos adictos se han entregado a la policía en las últimas semanas.

La pregunta es ahora si Duterte podrá continuar con su limpieza de calles sin sufrir represalias contra él o contra su gobierno, como ya hizo en Davao, o si la oposición interna e internacional podrá suavizar las maneras del presidente filipino. “Filipinas tiene un sistema legal bastante fuerte. Pero ahora veremos sin duda cómo de fuerte es a la hora de controlar los poderes del presidente”, asegura Emerlynne Gil de ICJ.

El pasado mes de junio, un enviado de Naciones Unidas criticó las palabras de Duterte que justificaban el asesinato de periodistas si eran “unos hijos de puta” y “habían hecho algo”. La lluvia de críticas y el asesinato durante los primeros días de su mandato de un reportero de radio llevaron al presidente a anunciar, sin embargo, la creación de un grupo de trabajo para investigar los asesinatos extrajudiciales de periodistas. Una pequeña merced que muchos temen que se quede en una excepción.