El PNV ensancha la brecha con el PP y plantea reformas sobre el TC, el CNI y el Rey

Veinticuatro horas han bastado al PNV para mover ficha en el Congreso de los Diputados, aún reabriendo sus puertas. Apenas un día después de la constitución de su grupo parlamentario en la Cámara Baja, la formación jeltzale se ha apresurado a dibujarle el camino a Pedro Sánchez, reciclando cuatro de sus proposiciones de ley que acabaron en el limbo la pasada legislatura y añadiendo una nueva para recuperar la Justicia universal. Destacan las reformas del Constitucional, el CNI y la monarquía.

El grupo vasco aprovecha la discreción y el sigilo que marcan el día a día del resto de fuerzas para redoblar su apuesta por las que, en los últimos años, han sido algunas de sus iniciativas estrella. Alguna, como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que llevan siete años abanderando, llega después de que el Ejecutivo de Sánchez la relegara al fondo de un cajón y anunciase su propio proyecto de ley, que los jeltzales consideraron insuficiente y que acabó en vía muerta poco después de ver la luz en el Consejo de Ministros.

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Si todo lo que rodea a la fallida reforma de la ley de secretos ya tiene una carga política evidente, la proposición de ley para modificar las normas que regulan la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tampoco se queda atrás. Tras el escándalo del espionaje con el software Pegasus, en mayo de 2022 los jeltzales exigieron modificar estas normas. Hoy esgrimen que Sánchez "se comprometió" a ejecutar estos cambios, sin llegar a hacerlo.

También reclaman acotar la inviolabilidad que la Constitución reconoce al Rey a lo que afecta únicamente a sus actos institucionales, como ya propusieran en 2022. Y que el PSOE no quiso contemplar, votando junto al PP al amparo de un informe de los letrados de la Cámara Baja. Además, rescatan su propuesta para derogar las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo que toca al recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, y contra el carácter ejecutivo de las sentencias del Tribunal de Garantías.

La novedad es la iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder recuperar la capacidad de los jueces españoles de investigar crímenes especialmente graves, como los considerados contra la humanidad o de genocidio, cometidos al otro lado de las fronteras españolas.

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Por una parte, el PNV desliza que ya trabaja para presentar “nuevas iniciativas”, y por otra pone el foco en materias concretas que la mayoría progresista de la anterior legislatura no sacó adelante, fundamentalmente por la oposición o las reticencias del PSOE. Cuando ya hay un candidato oficialmente propuesto para el pleno de investidura del 26 y 27 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo, y apenas una semana después de que arrancaran los contactos con el PSOE para tratar de revalidar su alianza, el partido de Aitor Esteban desplaza los focos sobre algunas de sus apuestas para la XV Legislatura.

Ha decidido hacerlo el mismo día en que el lendakari vasco, Iñigo Urkullu, rechazaba participar en la inédita ronda de encuentros que el candidato a la investidura quiere llevar a cabo con los presidentes autonómicos. Como Urkullu, Pere Aragonès (Cataluña), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) ya han descartado la propuesta de Feijóo. El jefe del Ejecutivo vasco solo contempla reunirse con el presidente del PP después de su hipotética —y muy difícil— investidura, y reitera su negativa a facilitar que el líder conservador gobierne, bien con sus síes o con su abstención, dada su relación con Vox.

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Toda reunión en este punto, explicitó, queda en manos de los partidos políticos, ya que la negociación de las mayorías “no corresponde a los presidentes” autonómicos, esgrimió. El PP, que tiene toda la atención puesta en la reunión de Feijóo con Sánchez este miércoles, en el Congreso, todavía no ha contactado con el resto de formaciones con representación parlamentaria, como aseguran desde Génova.

Lo que sí ha hecho este martes, en el Senado, es dar una patada hacia adelante y retrasar su decisión sobre la constitución de los grupos parlamentarios que aspiran a lograr fuerzas como el PNV o Junts. Tras recabar varios portazos del PNV tras el 23-J, el PP, que tiene mayoría en la Mesa, ha pedido aguardar a la confección de un informe jurídico elaborado por los letrados de la Cámara Alta. Debe abordar si la cesión de senadores entre grupos que hoy está sobre la mesa, para salvar el incumplimiento de algunos requisitos para tener grupo propio, se ajusta o no al reglamento.

Si Junts, habitualmente beligerante en términos comunicativos, se mantenía en silencio, el PNV se apresuró a cargar contra la "decisión de motivación política del PP". De paso, le reprochó algunos precedentes en el uso de esta receta, y le recordó que hay sentencias que avalarían su uso. A menos de dos kilómetros, en el Congreso, donde sí cumplían con los requisitos y ya tenían grupo propio, oficializaban sus primeras apuestas de la legislatura.