La ley de secretos acaba en el cajón por los retrasos y la falta de consenso

Medio año después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de la ley de Información Clasificada, por procedimiento de urgencia y reduciendo el trámite de información pública por un periodo de siete días, la norma amenaza con quedarse metida en el cajón esta legislatura. Las prisas de última hora del Gobierno se han ido disipando y fuentes de Moncloa avanzan que no está prevista su aprobación definitiva a corto plazo. Desde el Ministerio de Presidencia, impulsor de la ley, argumentan que se sigue trabajando en el texto. Además de la acumulación de retrasos en una norma que busca sustituir la ley franquista de 1968, la falta de apoyos entre los socios parlamentarios, si no cambia radicalmente el articulado, la hace prácticamente inviable.

Conscientes de este rechazo generalizado, desde el Gobierno se asumió la necesidad de buscar un acuerdo con el PP para sacarla adelante. Máxime, al tratarse de un asunto considerado de Estado, al tratar de ajustarse a las recomendaciones de la OTAN para que los países aliados homologuen sus normativas y se facilite la cooperación en esta materia entre los distintos servicios secretos. Sin embargo, los cálculos electorales y la voladura de puentes con Génova han hecho al Ejecutivo replantearse la búsqueda del apoyo de los populares.

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La esperada norma, que ya formó parte de primer plan anual normativo de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, se descuelga así de la legislatura. Otras fuentes del Gobierno ahondan en este escenario al asumir que los proyectos de ley que no hayan pasado por el Consejo de Ministros entre diciembre y enero no tendrán tiempo para finalizar su tramitación parlamentaria esta legislatura.

Desde el PNV, que llevaba por reformar la ley franquista desde 2016, no esconden su pesimismo. El Ejecutivo ha mantenido contactos con los nacionalistas vascos para consensuar cambios el texto, que tal y como se aprobó en primera vuelta en el Consejo de Ministros, consideran "inaceptable" e incluso "un paso atrás". Tampoco creen que haya ni voluntad ni tiempo para aprobarla. "No tenemos ninguna esperanza en que esta ley pueda ser aprobada esta legislatura", concluyen. La iniciativa propia del PNV fue admitida a trámite por el Congreso en el primer año de legislatura, pero desde entonces sigue bloqueada por la Mesa al prorrogarse semana tras semana el plazo de enmiendas.

El escaso margen de entendimiento y el calendario amenazan con que la ley franquista vuelva a seguir vigente otra legislatura

La ley de secretos oficiales se comprometió en el primer año de legislatura, posteriormente se retiró del plan anual normativo y finalmente se retomó para llevar al Consejo de Ministros en 2022, como así ha sido, para encarar el último año de legislatura sin visos de prosperar. Entre medidas, ha pasado por varias manos. Primero fue el Ministerio de Defensa su impulsor, y después quedó bajo el control de Presidencia. Sus pretensiones también han ido variando, desde tratar de adaptar las reivindicaciones de los socios, para luego moderarlas con la intención de buscar más el apoyo de los populares.

La intención inicial era aprobarla con los populares antes de final de año, pero la ruptura de las negociaciones para el CGPJ dejó la norma en suspenso. Otra legislatura más, previsiblemente, y a pesar de que buscaba adaptarse a las recomendaciones de la OTAN en esta materia. De hecho, en el anteproyecto, las categorías de protección de los documentos clasificados pasan de dos a cuatro (alto secreto, secreto, confidencial o restringido), en línea con las que utilizan la Unión Europea y la OTAN. En los márgenes de la cumbre de Madrid se insistió en la necesidad de homologar normativas en un terreno en el que España sigue siendo una anomalía europea.

Hasta medio siglo y con prórrogas

Entonces, el socio minoritario de la coalición ya mostró sus temores porque el alcance de la norma fuese poco ambicioso para ceñirse a los mínimos recomendados por la OTAN y no atender las reivindicaciones de la izquierda, para quien es una máxima sacar a la luz todo lo relacionado con el 23-F y los GAL, al tratar de cerrarla con los populares. En un principio, la intención del Ejecutivo fue limitar las desclasificaciones a los documentos posteriores a octubre de 1978, fecha de aprobación de la Constitución. Los primeros borradores de Defensa establecían excepciones para dejar fuera hitos como el 23-F, e incluso se ponía en duda desde este departamento la existencia de documentación al respecto. Al menos, en los términos esperables por las formaciones que ponen el foco en dichos sucesos.

El anteproyecto acota las desclasificaciones entre los 4 años (para los menos relevantes) y los 50 (para los más sensibles), corrigiendo la norma en vigor, que no marcaba límite alguno. La letra pequeña, eso sí, establece que el medio siglo podrá prorrogarse en determinados casos. En la propuesta de reforma del PNV, en cambio, se establece un plazo máximo de 25 años para la desclasificación de documentos considerados históricos y de 10 años para los reservados. Las diferencias son notorias y tanto el escaso margen de entendimiento como el calendario amenazan con que la ley franquista vuelva a seguir vigente, al menos, una legislatura más.