La Justicia da la razón a los Ruiz-Mateos y obliga al Estado a recalcular el precio de Rumasa 40 años después

El Estado tendrá que volver a tasar las acciones de Rumasa 40 años después de su expropiación y se enfrenta al pago de una indemnización multimillonaria a los herederos de José María Ruiz-Mateos. En una sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da la razón a la familia del empresario, que recurrió de la mano de su viuda, María Teresa Rivero Sánchez-Romate, y obliga al Ministerio de Hacienda a hacer un nuevo cálculo teniendo en cuenta "la totalidad de las acciones o participaciones sociales" del holding intervenido.

Según defiende la familia, el valor del Grupo Rumasa superaba los 13.712 millones de euros en el momento de la expropiación. Los Ruiz-Mateos llevan décadas litigando en los tribunales para tratar de obtener una indemnización. Después de su expropiación en 1983, la Administración del Estado valoró en negativo la empresa y fijó el precio por acción en cero euros. Desde entonces, tanto los Ruiz-Mateos como varios de los accionistas minoritarios de sus empresas han ido pleiteando por centenares con resultado desigual. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo (TS), que tendrá, al final, la última palabra.

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De hecho, el TS llegó a confirmar posteriormente ese cálculo negativo en varias sentencias, pero el TSJM concluye ahora que esa decisión "tenía trascendencia efectiva para los accionistas terceros minoritarios". En el caso de los Ruiz-Mateos, y visto su estatus de propietarios, los magistrados dan la razón a Rivero y los hijos del empresario y ordenan al Estado realizar un nuevo cálculo teniendo en cuenta "la consolidación total" del grupo empresarial desde aquella primera valoración.

Para ello, el Ministerio de Hacienda tendrá que revisar todos los procedimientos que se han llevado a cabo en torno a las empresas de Rumasa en estas cuatro décadas. Según destaca la familia, en algunos de esos procedimientos se produjo una nueva valoración que arrojó un resultado positivo respecto a las acciones de diversas empresas, como son los casos del Banco de Albacete y Galerías Preciados.

El TSJM ordena ahora al Estado volver a evaluar el precio de las acciones de Rumasa teniendo en cuenta esas nuevas cifras. A juicio de los Ruiz-Mateos, el verdadero valor de las acciones no sería de cero euros, sino que el conglomerado superaría los 13.500 millones de euros. Si se acaba confirmando esta tasación, tendrán derecho a una indemnización millonaria.

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"No cabía declarar como probado un neto patrimonial negativo", argumento la familia respecto al acuerdo por el que se fijó el precio de la acción en cero euros. "La determinación definitiva del justiprecio de las acciones de Rumasa SA, matriz del grupo, exigía tener presentes las revisiones de los justiprecios de las sociedades participadas por la misma, establecidas por sentencias pronunciadas en fecha posterior".

La resolución menciona la sentencia dictada en su día por el TS y en la que se determinaba de forma aparente que la fijación del precio en cero euros del justiprecio a abonar por el Estado por la expropiación era correcta. No obstante, destaca que ya entonces, en 2001, el alto tribunal recordaba que habría que esperar a la consolidación total de los resultados del grupo expropiado, una vez depurados los recursos judiciales y proceder a incluir en la valoración una serie de partidas o conceptos económicos y contables. Se refería, en concreto, a la actualización y consolidación de balances.

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El TSJM recuerda ahora que lo que se decidió es que "habría de estarse a lo que resultara del proceso de consolidación total, para lo cual se procedería en la forma establecida en las sentencias de instancia y que resultaba correcto diferir a ejecución de sentencia la fijación del justiprecio, habida cuenta la pendencia de otros procesos". "Quiere decir ello que, de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, ha de procederse a una nueva valoración de las acciones de Rumasa SA a la vista del balance consolidado del grupo, de lo que se sigue que deba atenderse a la pretensión de la actora", indica.

La expropiación de Rumasa tuvo lugar en 1983 durante la presidencia del Gobierno de Felipe González. La decisión contra el holding se publicó en el BPE del 24 de febrero en un momento en que el conglomerado estaba compuesto por más de 200 empresas, entre ellas, una veintena de bancos, y superaba los 60.000 empleados.