el estado gana todos los pleitos

Hacienda liquidará este mes Rumasa con una caja de 160 millones para el Tesoro

El consejo de administración de Rumasa está convocado para finales de mes con un solo orden del día: la disolución y liquidación del grupo de empresas expropiado el 23 de febrero de 1983

Foto: Concentración trabajadores de Clesa en 2011. (EFE)
Concentración trabajadores de Clesa en 2011. (EFE)

El consejo de administración de Rumasa, sociedad integrada en la Dirección General del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, celebrará a finales de este mes su última reunión bajo la presidencia de Félix Díaz Burgos, el alto cargo de la Administración del Estado que ha regido los destinos de la compañía en las últimas tres décadas. El máximo órgano de gobierno tiene solo un punto en el orden del día que consiste en aprobar la disolución del antiguo imperio fallido de José María Ruiz-Mateos para su posterior liquidación.

La histórica decisión pone fin a uno de los episodios más lamentables, si no el que más, de la vida económica de España desde la reinstauración de la democracia. La expropiación de Rumasa el 23 de febrero de 1983 fue uno de los acontecimientos claves que sirvieron de tarjeta de presentación al PSOE en su toma de poder tras los primeros años de transición. Las batallas legales del fundador del grupo con el Gobierno socialista de Felipe González y con el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, jalonaron durante mucho tiempo el debate empresarial dentro del país y exacerbaron las repercusiones del escándalo en los mercados internacionales.

La liquidación dejará un saldo de 160,4 millones de euros en caja que revertirán al Estado tras la extinción de la sociedad. Dicho importe de tesorería no servirá para enjugar el déficit público debido a los condicionantes de la normativa fiscal de la Unión Europea, pero en todo caso ayudará como un pequeño grano de arena a complementar las necesidades de financiación del Tesoro. Rumasa devuelve en definitiva al Estado el dinero que ha ganado con las inversiones realizadas en deuda pública, pues la compañía no ha tenido ninguna otra actividad económica desde hace años.

El fallecido José María Ruiz-Mateos. (EFE)
El fallecido José María Ruiz-Mateos. (EFE)

El acuerdo de disolución que ahora se va a hacer efectivo estaba previsto desde meses previos al fallecimiento de Ruiz-Mateos, acaecido el pasado 7 de septiembre. La decisión se adoptó a partir del auto del Tribunal Supremo que resolvía el interminable proceso de litigación instado por los antiguos propietarios del grupo empresarial en los distintos tribunales de justicia, tanto españoles como extranjeros. El aluvión de reclamaciones judiciales originadas a raíz de la expropiación y prolongadas a lo largo de estos 32 años ha sido, sin duda, el más voluminoso de la historia judicial española.

Coste de casi 4.000 millones de euros

La Abogacía del Estado ha tenido que encarar en total más de 1.500 pleitos, entre los que destacan 620 procedimientos administrativos y judiciales derivados de la reversión de empresas del grupo, así como otros 642 generados en el proceso de fijación de justiprecio de un total de 222 compañías filiales de Rumasa. En los últimos ocho años se generaron 56 procedimientos más, incluyendo la solicitud de retasación global de 182 sociedades y 25 empresas sin especificar, que es la que ahora ha sido resuelta de forma definitiva por el Alto Tribunal.

En realidad, todos los resultados obtenidos en cualquiera de los fallos dictados por la justicia española e internacional han sido favorables a la Administración del Estado, incluyendo el célebre recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que fue desestimado después de un intenso procedimiento llevado a cabo entre los años 1987 y 1993. Para comprender los efectos jurídicos derivados de todos los pleitos, baste señalar que las últimas resoluciones datan del año 2014, casi 25 años después de culminado el proceso de reprivatización de las antiguas empresas de Rumasa, que acabó con la venta del Banco de Expansión Industrial en 1990.

Rumasa fue constituida en marzo de 1961 con un capital de 300.000 pesetas y pasó a control del Estado en febrero de 1983 mediante el real decreto-ley 2/1983 que luego dio lugar a la Ley de Expropiación 7/1983 de 29 de junio. Entre el imperio soñado por Ruiz-Mateos y la pesadilla que supuso el saneamiento y la posterior devolución al sector privado de las empresas nacionalizadas se sustancia prácticamente toda una época de la historia económica de España. Un capítulo que ahora será cerrado, por lo menos de cara al Registro Mercantil, y en el que los españoles se han dejado 650.000 millones de las antiguas pesetas, de acuerdo con el coste apuntado por el Tribunal de Cuentas. Al cambio, cerca de 4.000 millones de euros, de los que ahora se recuperan poco más de 160. Menos da una piedra.

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