32 años y más de 1.500 pleitos perdidos después, Rumasa S.A. aún existe

Su existencia cambió para siempre el 23 de febrero de 1983. Pero no fue su final. Una cosa es que Rumasa S.A. fuera expropiada esa fecha, para dar lugar a uno de los mayores escándalos empresariales, financieros y mediáticos de la historia de la democracia española, y otra muy distinta que desapareciera. Rumasa no murió ese día. Es más, aún hoy, más de 32 años después, sigue viva.

Rumasa, la misma Rumasa que fue fundada en 1961 bajo el nombre Ruiz-Mateos Hermanos S.A., que en 1962 lo mudó por el de Financiera Rumasa S.A. y que ya en 1968 lo dejó en Rumasa S.A., continúa existiendo actualmente con esta última denominación. Es una sociedad del Estado, dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que a su vez forma parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así es, Rumasa "sigue siendo una sociedad perteneciente 100% al Estado Español", recoge el propio Ministerio de Hacienda. Pero no tiene nada que ver con el holding diseñado por José María Ruiz-Mateos, que falleció este lunes a los 84 años. Queda el nombre. Pero nada más. Porque, cumpliendo lo establecido en las leyes expropiatorias dictaminadas en 1983, las empresas reales y rentables del grupo -en total, en el holding se contaban hasta 650 empresas, pero muchas de ellas eran un nombre y nada más, porque actuaban como simples empresas pantalla- fueron reprivatizadas. Esta misión fue completada en 1990, con la venta de Banco de Expansión Industrial.

Entonces, y una vez que su función de desempeñar un papel clave en la reprivatización de las sociedades viables, ¿a qué se ha dedicado Rumasa desde entonces? "Su actividad principal consiste en la realización de cobros y pagos, derivados de la reprivatización, y en la dirección jurídica de los pleitos en los que se halla inmersa, tanto en España como en el exterior, así como en la gestión de los activos inmovilizados y financieros, que figuran en su balance", se precisa desde Patrimonio.

Es decir, de acoger el imperio con el que soñaba Ruiz-Mateos pasó a convertirse en su pesadilla, porque Rumasa, que desde hace tres décadas está presidida por el funcionario del Ministerio de Hacienda Félix Díez Burgos, ha colaborado y trabajado con la Abogacía General del Estado en los recursos y los contenciosos planteados por la familia Ruiz-Mateos. ¿Y qué tal le ha ido? A Rumasa, bien; a la familia, mal.

"Los resultados obtenidos en todas estas resoluciones y fallos judiciales de los tribunales españoles y extranjeros han sido favorables a las tesis de la Administración del Estado", expone la sociedad en la Memoria de las cuentas anuales de 2014. ¿Hay algún número preciso para "todas estas resoluciones y fallos judiciales"? Sí, ha habido más de 1.500 procedimientos administrativos y judiciales.

Algunos de esos fallos judiciales fueron muy sonados. Incluso a escala internacional. Como cuando, en 1986, el juez británico Peter Gibson, que juzgó el caso del holding Multinvest. "La declaración de Ruiz-Mateos contiene mentiras deliberadas", expuso literalmente el magistrado.

160 millones en busca de inversiones alternativas

En 2014, Rumasa ganó 153.168,6 euros. ¿De dónde obtiene ese beneficio si no tiene actividad mercantil ni industrial? "Sus ingresos prácticamente en su totalidad se originan como consecuencia de la inversión de las disponibilidades de tesorería en deuda pública del Estado", admite la empresa en su Memoria del último año.

Como la deuda pública española ha mostrado un buen comportamiento en los últimos años, la empresa los ha cerrado con ganancias. Pero fuentes de la Administración reconoce que ante el escenario actual, en el que los precios de los títulos soberanos están altos y en el que los intereses son bajos -e incluso negativos en las letras a más corto plazo-, "se están buscando otras alternativas de inversión".

¿Qué hace la empresa con el dinero que gana? Lo revierte al balance en forma de reservas voluntarias y legales. En el balance, precisamente, aún quedan huellas del impacto de la expropiación. Se refleja en un resultado negativo de 2.041,6 millones de euros correspondientes a ejercicios anteriores. Estas pérdidas se derivaron de los costes del saneamiento, la reprivatización y la absorción de las sociedades expropiadas, pero quedaron cubiertas más de que sobra con la cancelación y compensación de la deuda decretada a finales de 2001 en la Ley 24/2001. En su momento, el Tribunal de Cuentas valoró el coste de la expropiación en 650.000 millones de pesetas.

De todo ello, y de mucho más, sigue dando testimonio Rumasa. Porque esta es otra de las misiones que persigue la actual Rumasa. Que su historia quede guardada para siempre, para lo que ha creado un archivo con toda la documentación de la empresa. Primero, por el espíritu pragmático de encontrar mejor la documentación en caso de ser necesaria en los litigios. Y segundo, como memoria de un acontecimiento que removió los cimientos financieros y políticos de España. Y en la sede de la compañía, en la madrileña calle Velázquez, se encuentra el archivo central de esa documentación, que cuenta con el refuerzo de otro depósito en la calle Linares. Allí está la historia de Rumasa. Una historia que cambió para siempre aquel 23 de febrero de 1983.