Bruselas exige al Gobierno que salga de las elecciones que renueve el CGPJ con urgencia

La petición de una renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está convirtiendo en una auténtica tradición en Bruselas. Cada año, en su informe anual del Estado de derecho, Bruselas vuelve a mandar el mismo mensaje que desde hace ya años: España debe renovar el CGPJ urgencia. En esta ocasión, el texto recuerda que, "por un lado, no se ha avanzado en su renovación a pesar de la urgencia, y, por otro lado, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros teniendo en cuenta las normas europeas". La Comisión Europea señala que "la situación del CGPJ suscita serias preocupaciones".

El informe recuerda que en su edición de 2022 se recomendaba a España "proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo del Poder Judicial e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos". Estos estándares marcan que la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser votados por sus pares, algo sobre lo que Didier Reynders, comisario de Justicia, viene presionando desde hace años, presionando al Partido Popular y PSOE para que se sienten a negociar, en algunas ocasiones irritando a sus compañeros de la Comisión Europea, asumiendo un papel casi de mediador.

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Reynders y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, han señalado la necesidad de que tras las elecciones generales se proceda a la renovación urgente del CGPJ. “No es algo nuevo y lo seguiremos diciendo porque el objetivo de todos los grupos políticos debería ser la renovación del Consejo de forma prioritaria”, ha asegurado en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

“Tenemos las mismas expectativas (respecto a la renovación) independientemente de quién esté en el Gobierno y de qué partido gane las elecciones. Hemos dejado claro en el pasado que el bloqueo del CGPJ nos genera preocupaciones”, ha añadido Jourová. “Estuve ayer en Madrid y se notaba la atmósfera preelectoral, así que habrá que esperar a que los ganadores actúen. Nosotros seguiremos repitiendo que es una prioridad e indispensable para corregir una serie de problemas pendientes”, ha explicado la vicepresidenta, que visitó España junto a Reynders como parte del viaje protocolario del colegio de comisarios a la capital del país que asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

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"La falta de renovación del Consejo de la Judicatura está afectando negativamente el trabajo del Tribunal Supremo y el sistema de Justicia en su conjunto. Como se mencionó en Informes anteriores sobre el Estado de derecho, tras la reforma en marzo de 2021 que introdujo el régimen interino para el CGPJ, el Consejo en funciones ya no puede proceder con los nombramientos de altos cargos judiciales, incluido el Tribunal Supremo. Debido a la continua falta de renovación, más del 30% de los puestos judiciales del Tribunal Supremo que son requeridos por ley ahora están vacantes", señala el texto.

El informe es muy estable, parecido al del año pasado, con novedades mínimas. El texto incluye una referencia respecto a la reforma de la malversación, y, aunque evita expresar ninguna opinión respecto a la rebaja, sí que recoge las quejas de algunas de las personas con las que los técnicos comunitarios se han reunido para elaborar el informe. "La sociedad civil expresó críticas sobre la reforma del delito de malversación, en particular en lo que respecta a la reducción de las penas asociadas y el catálogo general de delitos considerados relevantes. Además, ponen en duda la introducción de la condición del "fin de lucro", cuya presencia o ausencia supondría la aplicación de un conjunto diferente de sanciones para una autoridad o funcionario que se apropia indebidamente de bienes públicos para sí o para un tercero", señala en informe.

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En enero, Reynders ya anunció que la Comisión Europea estaba analizando la reforma de la malversación, especialmente teniendo en cuenta que el Ejecutivo comunitario estaba trabajando en un paquete legislativo para la lucha contra la corrupción. Parte de las funciones del Ejecutivo comunitario es la supervisión del gasto correcto del presupuesto de la Unión Europea, y, en este sentido, la reforma que sacó adelante el Gobierno no sentó bien en Bruselas.

"Tocar tipos penales relacionados con la corrupción cuando vamos a sacar un paquete anticorrupción de aquí al verano, pues no es la mejor de las ideas", señalaba entonces una fuente comunitaria. El paquete se presentó en mayo, y en él se busca una armonización de las condenas. En él se señalaba que la malversación debía tener una pena máxima de, como mínimo, cinco años, mientras que, tras la reforma del Código Penal por parte del Gobierno, las penas van de uno a cuatro años, por debajo del techo mínimo de la Comisión Europea. Sin embargo, se trata solamente de una propuesta legislativa que todavía tiene que ser acordada con la Eurocámara y con unos Estados miembros que serán muy reacios.

Otras recomendaciones

El informe también apunta a que, a pesar de que en 2022 se recomendó a España que avanzara en la "separación del mandato del fiscal general respecto del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Público", lamentablemente, "no ha habido más avances en el fortalecimiento del Estatuto del Fiscal General".

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Además, el informe recoge que el Consejo General del Poder Judicial y otras partes interesadas "expresaron su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el poder judicial", una preocupación que ya quedó reflejada en una nota de prensa del CGPJ en la que expresaba "su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos" en el marco de la aplicación de la ley del "solo sí es sí" que llevó a rebajas de penas. El comunicado llegó después de que Irene Montero, ministra de Igualdad, asegurara que lo que estaba ocurriendo era que "hay jueces que no están cumpliendo la ley".