El plan de Feijóo para el CGPJ complica la formación de mayorías progresistas

El plan presentado por el PP para el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) complica la formación de mayorías progresistas a futuro en el órgano de gobierno de los jueces. El motivo es el sistema de votación que propone el partido de Alberto Núñez Feijóo para que los propios jueces elijan a 12 vocales entre sus compañeros. Consiste en una fórmula de listas abiertas en que hay que inscribir hasta seis candidatos. Ganan la plaza los que más votos cosechen. Eso abre la puerta a que las asociaciones judiciales impartan instrucciones a sus afiliados para asegurarse la representación en detrimento de las candidaturas independientes. Se da la situación de que los afiliados conservadores representan una amplia mayoría en la carrera frente a los progresistas.

El CGPJ lo integran 20 vocales. Son 12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio. En la actualidad, los del primer grupo necesitan una serie de avales para ser candidatos o el apoyo de alguna de las asociaciones. Quien consigue ese respaldo, entra en una lista cerrada que reciben el Congreso de los Diputados y el Senado. A partir de ahí, son los parlamentarios los que pactan y seleccionan a 12. Luego, por su cuenta, escogen a los otros ocho juristas, estos últimos sin pasar por ninguna selección previa. La principal novedad que propone el PP es que sean los jueces los que directamente elijan a sus 12 compañeros sin pasar por las Cortes.

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Así fue en el pasado hasta una reforma de 1985 avalada por el Tribunal Constitucional. Y ese es el sistema que trata de recuperar el PP y el que defienden las instituciones europeas. Pero devolver el poder de elección a los jueces plantea dudas ante las consecuencias de quitar el poder a los diputados —elegidos en las urnas— para dejarlo en manos de las asociaciones corporativas. La reforma que propone Feijóo no zanja esos temores, reconocidos incluso por jueces partidarios de un cambio de modelo. A lo largo de sus 21 folios de propuesta, el PP reparte el peso de las asociaciones en el sistema de elección, pero no lo elimina.

En España hay 5.500 jueces. De ellos, hay un 56% de afiliados y un 44% de independientes no asociados, según fuentes jurídicas. Son casi mitad y mitad, sin embargo, no existe la misma proporcionalidad en sus órganos de representación. A su vez, la única asociación que se presenta abiertamente como progresista es la tercera en número de miembros. Se trata de Juezas y Jueces para la Democracia, con 430, muy lejos de los 1.300 con posibilidad de voto de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada conservadora, y la Francisco de Vitoria, que tiene unos 850 miembros. La cuarta es el Foro Judicial Independiente, con 330, según las mismas fuentes consultadas.

El orden en número de afiliados de las asociaciones es relevante en la iniciativa de los populares. Cada juez debe rellenar una papeleta con un máximo de seis nombres, de manera que si las principales plataformas instruyen a sus miembros sobre a qué candidatos votar, prácticamente se aseguran copar todos los puestos. Fuentes del asociacionismo consultadas afirman que no es tan sencillo dar por hecho que todos obedezcan directrices, pero siempre tendrán un aparato más engrasado para condicionar el resultado que los candidatos independientes, que concurren en solitario.

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A modo de ejemplo sobre el resultado que provoca este sistema de elección, las fuentes consultadas se remiten a las votaciones para elegir las plazas de la Comisión de Ética Judicial. Es un órgano que eligen directamente los jueces. Las asociaciones mayoritarias APM y Francisco de Vitoria pactaron una candidatura conjunta y coparon cuatro de los seis puestos. Los dos miembros restantes eran a su vez antiguos miembros de la propia APM y de Juezas y Jueces para la Democracia. Por eso, las fuentes consultadas por este periódico admiten que el sistema más abierto a la proporcionalidad sería que cada juez solo pudiese apoyar a un candidato.

Conscientes de este escenario y el riesgo de corporativismo que plantea, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente también pactaron hace meses defender de manera conjunta otra alternativa. Consiste en ponderar los votos de los candidatos incluidos en esas papeletas de seis nombres. Es decir, que no valgan todos lo mismo y que se diferencie ser cabeza de lista que el último. Su propuesta es que el primero coseche más puntos que el segundo y así sucesivamente hasta el sexto.

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Ambas asociaciones creen que de ese modo se abre la puerta a que los independientes puedan competir con igualdad de armas. Alguien que no cuente con el respaldo de una asociación, pero figure muchas veces como número uno, tendría más opciones que el sexto de una lista dirigida por las asociaciones. Añaden que ponderar el orden de los candidatos en la papeleta dificulta la disciplina de voto de las asociaciones. El actual CGPJ, que lleva años en funciones, cuenta con un solo no asociado, según confirman varios miembros de este órgano.

Feijóo enmienda el plan de Casado

Con todo, el plan de Feijóo mantiene en 25 el número de avales que necesitan los independientes para presentarse. Hace dos años, su antecesor, Pablo Casado, presentó su propia propuesta, en la que les obligaba a cosechar 100 avales solo para optar a ser elegidos y proponía una papeleta con ocho nombres en lugar de los seis que defiende ahora el PP, lo que complicaba más el camino de los no asociados.

La última propuesta del PP, además, prohíbe el voto delegado, lo que era una herramienta útil para las asociaciones a la hora de canalizar sus directrices. En caso de salir adelante esta reforma, el voto sería “personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo” dentro de un censo universal.

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Establece también las esferas de la Justicia de las que tendrían que salir los 12 vocales, fijando para ello un reparto de las plazas a elegir: “Dos serán magistrados del Tribunal Supremo, tres, magistrados con antigüedad superior a 25 años, y el resto deberán ser jueces sin sujeción a antigüedad”. Pone coto a las puertas giratorias de la política e impide la elección de magistrados que hayan ocupado un cargo electo en el Gobierno central o ejecutivos autonómicos, en un partido o en un sindicato en los cinco años anteriores.

En uno de los nuevos artículos que propone incluir en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el PP se emplaza a un “reglamento” que “contemplará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor proporcionalidad en la representación entre miembros asociados y no asociados de la carrera judicial y la presencia equilibrada entre hombres y mujeres”. Sin embargo, a falta de concretarse ese posible reglamento, el papel de las propias asociaciones complicaría la formación de mayorías progresistas.