El CGPJ espera un incremento de rebajas de penas por el solo sí es sí tras el criterio del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) espera una subida significativa de la cifra de reducciones de penas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual de cara al próximo recuento mensual que se conocerá a principios del mes de julio. Fuentes del órgano consultadas por El Confidencial aseguran que distintas audiencias provinciales comunicaron de forma extraoficial al órgano de gobierno de los jueces que mantenían decenas de revisiones retenidas a la espera de conocer el criterio de la Sala de lo Penal del Supremo. A la vista de la decisión del alto tribunal, el Consejo espera un repunte en las revisiones a la baja, indican esas fuentes.

En el último dato conocido, los tribunales acordaron al menos 1.127 reducciones de pena, según el recuento recabado hasta el día 1 de junio del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y las audiencias provinciales. Estas resoluciones supusieron al menos 115 excarcelaciones. La cifra se conoció ya después de que el pleno del Supremo avalara el criterio mayoritario de las audiencias provinciales para dictar estas disminuciones, pero aún no había desplegado efectos. Es previsible que lo haga ahora.

Entre las decisiones pendientes, se encuentra la solicitud de recorte de uno de los condenados de la Manada de San Fermín para lograr una rebaja de la pena impuesta por violar junto a otros cuatro jóvenes a una chica de 18 años en Pamplona el verano de 2016. Este caso generó un fuerte rechazo social y sirvió de impulso al Ministerio de Igualdad para llevar a cabo su iniciativa legislativa que, de manera indeseada, ha provocado las citadas reducciones.

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El TS rechazó el criterio de la Fiscalía y las tesis del Ministerio de Igualdad. La clave de la decisión se encontró en la falta de una disposición transitoria que frenara la retroactividad de la norma y la negativa de los magistrados a considerar aplicable la genérica de 1995. La Fiscalía defendía que esta sí es de aplicación y que, por tanto, debían mantenerse las penas siempre que fueran imponibles. La normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad ya había sido modificada por una contrarreforma del PSOE que agrava el castigo de parte de los delitos, pero la misma solo se aplicará a las agresiones cometidas a partir del 29 de abril, cuando entró en vigor. Para las anteriores, las revisiones de condena seguirán adelante y se basarán en el criterio fijado ahora por el Supremo. El dato, así, continuará ampliándose.

Firmeza

La decisión del Supremo supone, además, que la mayoría de estas reducciones que ahora se están conociendo acabarán siendo firmes. Durante meses, el Ministerio de Igualdad criticó que los datos se hicieran públicos y cuestionó que fueran auténticos precisamente porque el TS no se había pronunciado. La decisión del miércoles supuso así el final de la permanente huida hacia adelante respecto a los efectos de la ley.

Una vez se conoció la decisión, la crítica de diferentes cargos vinculados a Podemos varió. Se quejan ahora de que la decisión se ha conocido a semanas de la cita electoral y en el momento álgido de la negociación del partido morado con el Sumar de Yolanda Díaz. También aseguran que el TS ha variado su jurisprudencia. En este sentido, la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, aseguraba el pasado viernes 9 de junio en un tuit que el Supremo contradice "su propia doctrina para rebajar penas por delitos sexuales".