La rebaja de pena para La Manada, el último frente abierto para Montero por el solo sí es sí

A la polémica en torno a la llamada ley del solo sí es sí le queda todavía un capítulo de hondo calado. Tiene que ver con el litigio planteado por uno de los abogados de La Manada de San Fermín para lograr una rebaja de la pena impuesta por violar junto a otros cuatro jóvenes a una chica de 18 años en Pamplona el verano de 2016. Este caso generó un fuerte rechazo social en 2016 y sirvió de impulso al Ministerio de Igualdad para llevar a cabo su iniciativa legislativa que, de manera indeseada, ha provocado reducciones de pena al menos a 1.127 delincuentes sexuales y la excarcelación de 115.

El letrado de los condenados de La Manada es Agustín Martínez, y El Confidencial adelantó en agosto del año pasado su intención de valerse de la ley del solo sí es sí para explorar una rebaja en la pena para Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación en San Fermín. Desde el Ministerio de Igualdad negaron de forma tajante esta posibilidad, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, calificó las informaciones periodísticas que ya entonces alertaban del riesgo de reducciones de condena como “propaganda del defensor de los violadores”.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tiene el escrito que presentó el letrado encima de la mesa desde hace cuatro meses. Fuentes cercanas a este órgano informan de que los magistrados han pospuesto su decisión este tiempo a la espera de que el Tribunal Supremo fijara posición sobre las rebajas de penas. La Sala de lo Penal del alto tribunal avaló la semana pasada la rebaja de penas a agresores sexuales y rechazó el criterio de la Fiscalía. El abogado de Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión, pide rebajar un año y tres meses su pena en virtud de la ley del solo sí es sí.

El alto tribunal fijó su pena definitiva dentro de una horquilla que iba desde los 14 años y tres meses hasta los 18 años. En la sentencia dictada en 2021 incluyeron la argumentación de que esa pena “se encuentra muy próxima al mínimo legal”. Esta frase es a la que se aferra el abogado. Su argumento es que, con la nueva ley, la horquilla de posibles penas a imponer se ensancha por abajo, de manera que el mínimo legal ya no son 14 años y tres meses, sino 13 años. Aplicando una cuenta proporcional, Ángel Boza pide rebajar su condena un año y tres meses.

La Fiscalía se opone a este criterio y sostiene que, si con la nueva ley sigue siendo posible mantener la condena de 15 años, no cabe una rebaja. El Ministerio Público hizo valer su criterio en febrero cuando la Audiencia Provincial de Navarra falló en contra de los intereses del condenado por La Manada. “La pena de 15 años de prisión en su momento impuesta a Ángel Boza resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual”, alegaron los jueces de la Audiencia en consonancia con la Fiscalía. Sin embargo, esa es precisamente la postura que no avala el Tribunal Supremo.

La decisión de rebajar la pena a Ángel Boza abre la puerta a que los otros cuatro condenados por los mismos hechos también se puedan beneficiar de una rebaja. Además, una reducción de la condena repercute a favor de Ángel Boza a la hora solicitar beneficios penitenciarios. Las fuentes jurídicas consultadas estiman entre dos y tres meses la media que tardan los tribunales de Justicia en fallar los recursos sobre rebajas de condenas a agresores sexuales. En caso de producirse una próxima resolución en este caso, llegaría en pleno periodo electoral con unas elecciones generales fijadas para dentro de seis semanas.

Una resolución judicial favorable a la rebaja de condena para uno de los miembros de La Manada sería un golpe para la ministra de Igualdad, Irene Montero. Se sumaría a las críticas ya recibidas tras los efectos provocados por su ley. A pesar de que la norma salió del Consejo de Ministros y pasó el trámite parlamentario, ha sido la figura de la dirigente de Podemos la principal señalada. Esa sensación no parte solo de la oposición, sino de su propio espacio político. El partido morado denuncia que los impulsores de Sumar, el proyecto electoral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la han vetado en las listas electorales. La pugna por que Montero sea ubicada en un puesto con opciones de escaño está protagonizando unas negociaciones no exentas de tensiones.