Las rebajas por la ley del solo sí es sí alcanzan ya a 1.127 agresores con 115 excarcelados

Los tribunales han acordado al menos 1.127 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, según los datos recabados hasta el día 1 de junio por el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. Estas resoluciones han supuesto al menos 115 excarcelaciones. La Comisión Permanente acordó el pasado 2 de marzo que esta información se actualizará periódicamente y se hará pública a través de la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.

El dato se conoce después de que el Pleno del Supremo avalara el pasado miércoles rozando la unanimidad el criterio mayoritario de las Audiencias Provinciales para dictar estas disminuciones de pena. El TS rechazó el criterio de la Fiscalía y las tesis del Ministerio de Igualdad. La clave de la decisión se encontró en la falta de una disposición transitoria que frenara la retroactividad de la norma y la negativa de los magistrado a considerar aplicable la genérica de 1995.

La Fiscalía defendía que esta sí es de aplicación y que, por tanto, debían mantenerse las penas siempre que fueran imponibles. La normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad ya había sido modificada por una contrarreforma del PSOE que agrava el castigo de parte de los delitos, pero la misma solo se aplicará a las agresiones cometidas a partir del 29 de abril, cuando entró en vigor. Para las anteriores, las revisiones de condena seguirán adelante y se basarán en el criterio fijado ahora por el Supremo. El dato así continuará ampliándose.

La decisión del Supremo supone que la mayoría de estas reducciones que ahora se están conociendo acabarán siendo firmes. Durante meses, el Ministerio de Igualdad criticó que los datos se hicieran públicos y cuestionó que fueran auténticos precisamente porque el TS no se había pronunciado. La decisión del miércoles supuso así el final de la permanente huida hacia adelante respecto a los efectos de la ley.

Una vez se conoció la decisión, la crítica de diferentes cargos vinculados a Podemos varió. Se quejan ahora de que la decisión se ha conocido a semanas de la cita electoral y en el momento álgido de la negociación del partido morado con el Sumar de Yolanda Díaz. También aseguran que el TS ha variado su jurisprudencia. En este sentido, la delegada del Gobierno para la violencia de género Victoria Rosell aseguraba este viernes en un tuit que el Supremo contradice "su propia doctrina para rebajar penas por delitos sexuales".