El PP obedece a Bruselas y se compromete a alargar a cinco años el cargo del fiscal general

El programa de Alberto Núñez Feijóo para alcanzar la presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones incluye cambios en la jefatura superior de la Fiscalía General del Estado. El presidente del PP ha tomado nota de una de las demandas más insistentes de Bruselas y propone alargar el mandato del fiscal general a los cinco años para evitar su identificación con el Ejecutivo que lo nombra e incrementar su desvinculación de él.

En la actualidad, el máximo responsable del Ministerio Fiscal es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, por un plazo de cuatro años. Antes de su nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial valora su idoneidad y la persona seleccionada comparece ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Está tasado que la elección recaiga en juristas españoles de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece, además, que la máxima autoridad del Ministerio Público queda apartada del cargo "cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto", por lo que el cambio en el Ejecutivo siempre conlleva la elección de un nuevo fiscal general que se adecúe a sus intereses.

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El PP introduce ahora una ampliación del mandato que provocaría que se mantenga después de que el Ejecutivo que lo designó agote la legislatura. La idea es similar a la del mandato del CGPJ, que también se alarga cinco años.

Feijóo ha deslizado que busca efectuar otros cambios para reforzar la autonomía del fiscal general. En concreto, se refiere a la inclusión de "mecanismos" para "una mayor transparencia, independencia e imparcialidad". Quiere, además, promover una revisión del Estatuto Orgánico de la Fiscalía que le permita independencia económica alejada de la actual dependencia del Ministerio de Justicia e incrementar el peso del Consejo Fiscal, ahora con mayoría conservadora, y que actúa como órgano asesor del jefe del Ministerio Público.

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El programa incluye otras previsiones que ya ha ido desgranando el PP en los pasados meses. Deja reflejada, por ejemplo, su apuesta por modificar el actual sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ, que pasarán a ser seleccionados por sus compañeros de carrera. También consagra los límites a las puertas giratorias y asegura que, en caso de hacerse con el triunfo, endurecerá el régimen de incompatibilidades para "evitar el paso de los poderes ejecutivo y legislativo al poder judicial". El Tribunal Constitucional también aparece mencionado para incidir en que le devuelvan su "prestigio" y su alejamiento de la política, acorten los plazos de resolución e incluyan garantías para que, en el futuro, sus magistrados no hayan estado vinculados políticamente durante los últimos cinco años.

Tanto en el caso de la Fiscalía como en el del Tribunal Constitucional, Feijóo incide en dos de las acciones del Ejecutivo de Sánchez que más críticas levantaron en la oposición: el nombramiento de Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía cuando era ministra de Justicia y la incorporación al Constitucional de dos miembros directamente vinculados al Gobierno. Entre ellos, el también exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

La recomendación de Reynders

La propuesta del PP de alargar el mandato del fiscal general a cinco años coincide con la recomendación que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dejó caer durante su visita a España el pasado octubre. "Hemos hecho una recomendación que tiene que ver con el fiscal general, porque nos preocupa la coincidencia de los dos mandatos, del Gobierno y de esta figura", destacó el comisario en un encuentro con periodistas, tras reunirse con representantes del PSOE y del PP. "Sería conveniente que no ocurra, que no coincidan".

La advertencia de Bruselas sobre esta cuestión no es nueva. En los informes del Estado de derecho emitidos desde 2020, la Comisión Europea ha insistido en ello: "Las preocupaciones sobre la coincidencia entre el mandato del fiscal general y el Gobierno permanecen", avisó en julio de 2022. "Fortalecer el estatuto del fiscal general, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del fiscal general del Gobierno".

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Bruselas recuerda para ello que "este aspecto ha sido objeto de críticas" y "puede afectar a la percepción de independencia". Su informe destacaba, además, que la propia ex fiscal general Dolores Delgado había reclamado "públicamente la necesidad de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal", por lo que confían en que se corrija este solapamiento de mandatos.

Pese a ello, durante su visita a España, Reynders también dejó claro que Bruselas cuenta con "herramientas" en caso de ser ignorada. El comisario no quiso profundizar en las medidas que adoptarían, pero, al hablar del CGPJ, sí avanzó que la situación sería "evaluada" en su siguiente informe sobre el Estado de derecho, que se publicará este mismo miércoles. "Podemos recurrir al Tribunal de Justicia y conseguir condenas por el incumplimiento de las normas, como ha pasado con Polonia", llegó a decir ante el Congreso.