El programa electoral de Feijóo (PP) abre la puerta a reformar las pensiones, el TC y la Fiscalía

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Un programa de 365 medidas para llegar a la Moncloa. Feijóo ha oficializado este martes la hoja de ruta con la que pretende atar una mayoría "suficiente" en menos de 20 días que le permita gobernar sin ceder carteras a Vox. El documento hace especial hincapié en las recetas económicas como principal hoja de presentación del mandatario popular. El asunto más delicado del primer bloque tiene que ver con las pensiones. Hasta la fecha, el líder popular no ha entrado en detalles sobre cuál será la estrategia del PP para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones. Y el documento programático se limita a garantizar el "impulso de la contributividad del sistema".

Las pensiones vuelven a ser uno de los puntos clave de los programas electorales de los partidos. Primero, porque hay más de 10 millones de votos en juego y, segundo, porque la sostenibilidad del sistema ha quedado tocada tras las últimas reformas del ministro José Luis Escrivá. En definitiva, tanto mayores como jóvenes están preocupados por el futuro de su pensión. El Partido Popular afirma también que garantizará la revalorización de las pensiones en función de lo que determine el Pacto de Toledo. "Garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo". Actualmente, el Pacto de Toledo recomienda que se suban las pensiones con el IPC, pero no deja de ser una comisión del Congreso de los Diputados que puede modificar sus recomendaciones si cambian las mayorías.

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El PP ha presentado una propuesta para el sistema público de pensiones genérica en la que no hay concreciones, ni promesas ni líneas rojas. Realmente, no es posible saber cuál es la política de pensiones que quiere impulsar Feijóo más allá de que pretende “asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras”. Para conseguirlo, el programa electoral deja abiertas muchas opciones, aunque fuentes del partido aseguran que la revalorización con el IPC está asegurada.

Una de las vías para lograr la sostenibilidad financiera es la de acercar la relación entre ingresos y gastos de cada trabajador: "Impulsaremos la contributividad del sistema”. Este es un eufemismo que el Gobierno de Pedro Sánchez también ha utilizado en el pasado y que puede significar muchas cosas, pero habitualmente se refiere a realizar recortes en las pensiones futuras. Actualmente, existe un gran desequilibrio entre lo que aporta un trabajador y lo que cobra cuando se jubila. Las pensiones son cada vez más generosas a medida que aumenta la esperanza de vida (más años cobrando la pensión), de ahí que acercar el cobro de la pensión a la aportado significa recortar la tasa de sustitución de las pensiones futuras.

La reforma de Escrivá también contribuyó a romper la contributividad del sistema al adoptar dos medidas de incremento de los ingresos que no llevan aparejada un aumento de la pensión en la misma proporción. Se trata del aumento de las bases máximas de cotización y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Ambas medidas aumentan las cotizaciones rompiendo el sistema de contributividad, algo que ya ha criticado el PP y que podría corregir en el futuro.

En el ámbito económico, los populares también plantean la introducción de la mochila austríaca, aunque sin citarla expresamente. Se trata, dice el programa electoral, de impulsar "cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral”. En la práctica, supone que una parte del salario bruto del empleado se destina a un fondo que este puede recuperar, por ejemplo, en caso de despido o jubilación. En materia impositiva, prometen extender las rebajas del IVA a la carne, los pescados y las conservas, "corregir los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF" —es decir, deflactarla— y una simplificación fiscal que incluye la eliminación del tributo de las grandes fortunas.

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Otra de las claves del programa del PP es el compromiso de reformar la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tratar de desbloquear el órgano. En el mismo apartado, Feijóo incluye la promesa de modificar la ley orgánica el Tribunal Constitucional para desvincular los procesos de selección de sus magistrados de la política, así como para garantizar su independencia con aspirantes que no hayan tenido cargo público en los últimos años. En el mismo ámbito, Feijóo impulsará un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado para primar su imparcialidad y desvincularlo, dicen, del Poder Ejecutivo.

El PP plantea en este punto endurecer el régimen de incompatibilidades para limitar el salto de la política a los órganos judiciales. Pero no sólo. Otra novedad que plantea llevar a cabo Feijóo si gobierna es poner en marcha nuevos procedimientos para el nombramiento de directivos públicos, con la aprobación de un Estatuto que blinde la "profesionalidad" y la rendición de cuentas en la Cámara Baja. Durante el acto de presentación, Feijóo se ha comprometido a cesar a José Félix Tezanos, director del CIS, en sus primeros días al frente de la Moncloa.

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El documento refleja algunos de los grandes compromisos que el líder popular ha ido desgranando desde que aterrizó en el 13 de Génova, como la ejecución de una "reforma integral del sistema fiscal", que incluirá la eliminación del impuesto a grandes fortunas; la apuesta por el "equilibrio lingüístico" en regiones con una lengua cooficial; o la recuperación de una "relación equilibrada" con Marruecos y Argelia. Estas son algunas de las principales promesas:

Planes de Igualdad y derechos LGTBI

En materia social, Feijóo trata de ampliar la distancia que le separa de Vox y apuesta por blindar compromisos como la lucha contra la violencia de género en el programa electoral. En este sentido, el PP anuncia una modificación legal para tipificar la violencia digital contra las mujeres, el aumento de recursos a las Oficinas de Atención de Víctimas en los juzgados. Como ha ido publicando este medio, el PP no tocará la ley del aborto salvo en lo referente al capítulo de menores; mantendrá la ley de eutanasia pese a posibles "revisiones"; impulsará una nueva ley trans y promoverá la abolición de la prostitución.

• Corregir la brecha de género. El PP plantea impulsar planes de igualdad con "horizontes temporales" para avanzar hacia "una presencia equilibrada en puestos directivos", así como bonificaciones de las cotizaciones en sectores masculinizados o la deducción de las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador durante permisos maternos por el nacimiento de un hijo.
• Tipificación de la violencia digital contra la mujer. El partido de Feijóo plantea una modificación legal para perseguir la violencia de control, amenazas o violencia psicológica a través de los móviles. Los populares apuestan por utilizar también la tecnología para controlar el cumplimiento de las penas de los agresores sexuales, así como las medidas cautelares de alejamiento.
• Reforma de la ley del Poder Judicial y Convenio de Estambul. El PP pretende atribuir la competencia a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer todos los delitos comprendidos en la aplicación del Convenio de Estambul, que el PP sitúa como base de "todos los avances en la lucha contra la violencia de género". Los populares reflejan así el programa europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres en su documento programático, justo después de que Santiago Abascal asegurase públicamente "desconocer" tal reglamento.
• Ley contra la Trata y la Explotación Sexual. Como avanzó El Confidencial, uno de los planes de Feijóo en materia de Igualdad pasa por retomar uno de los grandes compromisos de Sánchez en esta legislatura y dar pasos hacia la abolición de la prostitución. En este sentido, los populares impulsarán una ley para convertir a España en un referente en el combate contra lo que califican como un tipo de "esclavitud" y perseguir a proxenetas que obtienen un beneficio económico mediante la explotación de terceras personas.
• Nueva 'ley trans' y freno a la discriminación por orientación sexual. El líder del PP se ha comprometido públicamente a derogar la ley trans que lleva la firma de Irene Montero, pero se compromete a impulsar una nueva para dar cobertura legal a este colectivo frente a la discriminación, pero que regrese a la patologización de la disforia de género y ponga más trabas para el cambio de género especialmente en el caso de los menores. El PP se compromete a impulsar también nuevos protocolos educativos y campañas de sensibilización para evitar la exclusión del colectivo LGTBI.

Transición energética

En el ámbito de la energía, el programa del PP se parece al que ha impulsado al Gobierno en los últimos cuatro años, en línea con los objetivos de descarbonización y transición energética marcados por Bruselas. La agilización de la tramitación de los permisos para la instalación de renovables, el impulso a la electrificación o el desarrollo del hidrógeno verde y el almacenamiento son algunas de las propuestas. Sin embargo, los populares se desmarcan de la política del Ejecutivo con tres promesas:

• La extensión de la vida útil de las nucleares. El partido de Feijóo propone modificar el calendario de cierre escalonado de las centrales atómicas, que se extenderá entre 2027 y 2035. Se trata de una patata caliente, ya que las compañías no están dispuestas, en principio, a revisar el pacto alcanzado en 2019 con Enresa, la empresa pública encargada de los residuos. Por una sencilla razón: no resulta rentable. La extensión tendrá que tener el visto bueno del regulador (Consejo de Seguridad Nuclear) y obligará al próximo Gobierno a alcanzar un acuerdo con Endesa, Naturgy, Iberdrola y EDP . Actualmente, existen siete reactores nucleares activos en España: Almaraz I y Almaraz II (Cáceres), Ascó I y Ascó II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona), según el Ministerio de Transición Ecológica. Todos ellos iniciaron su explotación en los años ochenta.
• Un nuevo bono social. Tras la polémica por el hecho de que algunos políticos y personajes famosos con ingresos elevados recibiesen el bono social para los costes energéticos, el PP propone modificar esta ayuda. Actualmente, existen dos bonos: el eléctrico y el térmico, que funcionan de forma distinta. El primero es sufragado por las empresas y contempla descuentos en el recibo de la luz para los consumidores vulnerables acogidos a la tarifa regulada, y también para las familias numerosas, fuente de la polémica. El segundo, llamado bono social térmico, es un pago único de entre 40 y 375 euros que se otorga automáticamente a todos los perceptores del bono eléctrico y está sufragado con fondos públicos. El PP propone fusionar ambos en lo que llama "Bono Social Único", y apuesta por el segundo modelo, de "pago directo al consumidor". Además, especifica que será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas, por lo que también lo podrán recibir quienes tengan una tarifa del mercado libre.
• Acabar con las medidas excepcionales. Por último, el PP promete eliminar las medidas que supongan una intervención del mercado mayorista eléctrico, cuya reforma se discutirá durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. "España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas por la UE, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético", dice el programa electoral. En la práctica, esto se traduce en el fin del tope al gas para la producción eléctrica, que los populares han caracterizado como "timo ibérico", y que ya no ha funcionado durante los últimos meses debido a los bajos precios del hidrocarburo. Pero también supone abrir la puerta a la supresión de otras medidas con las que el Ejecutivo ha querido rebajar la factura de los consumidores durante los dos últimos años de crisis inflacionista, como la minoración de los ingresos de las eléctricas. El programa no dice nada del impuesto extraordinario a las energéticas, pero el propio Feijóo se ha comprometido a mantenerlo si gana las elecciones. Eso sí, con un nuevo diseño que grave los beneficios, y no los ingresos, de estas empresas.

Avales para jóvenes y lucha contra la 'okupación'

• Tumbar la ley del Gobierno. El Partido Popular, antes incluso de la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, registró el pasado mes de mayo una propuesta para su derogación, al entender que incluía medidas "intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual". De hecho, todas las comunidades gobernadas por los populares manifestaron su rechazo a aplicar, por ejemplo, el límite de los alquileres en zonas tensionadas que contempla la normativa.
• Plan 'antiokupación'. Asimismo, otro de los puntos claves en materia de vivienda es la puesta en marcha de un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas y que las viviendas ocupadas no sean objeto de carga tributaria, local o autonómica durante el tiempo que se prolongue la situación.
• Creación de unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, "así como unidades de actuación inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos", reforzando las penas por delito de usurpación en el Código Penal, con "hasta tres años de cárcel". "Mejoraremos la protección legal frente a la actuación de las mafias, introduciendo el supuesto de que la ocupación ilegal se realice por un grupo organizado o siguiendo sus instrucciones". Además, dotarán a las comunidades de propietarios de medios para protegerse contra la okupación. Por ejemplo, "legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades".
• Avales para primera vivienda. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo mantiene la intención de su partido de llevar a cabo un programa de avales para para jóvenes menores de 35 años, "a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda", de tal manera que los jóvenes solo deberán aportar el 5% del valor de la vivienda, frente al 15% que proponía hasta el pasado mes de abril el propio Feijóo.

Medidas para frenar la despoblación

En plena pugna con Vox por el voto rural, el PP ha dedicado un epígrafe de su programa a desgranar las medidas para favorecer la actividad económica de las zonas despobladas. El propio Feijóo presumió la pasada semana durante una entrevista en El Hormiguero de que, si sale elegido, se convertirá en el primer presidente del Gobierno nacido en el rural, y presumió de sus orígenes en un vídeo de campaña lanzado este domingo. Ahora, este guiño se traduce en políticas similares a las que ya desarrolló al frente de la Xunta de Galicia, y que recogen algunas de las banderas del movimiento de la España Vaciada, como la tributación diferenciada.

• Bonificación de impuestos. El PP se compromete a mejorar el tratamiento fiscal específico que ya reciben los territorios despoblados, a través de un "proyecto piloto" dirigido "particularmente a aquellas personas y empresas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras". En ese sentido, los populares se comprometen a bonificar el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por compra de una vivienda en el rural. También a impulsar las políticas de rehabilitación en los pueblos.
• Nueva ley de desarrollo rural. Los populares promoverán un gran pacto con todos los actores afectados para garantizar el Estado del bienestar, fijar población e impulsar el desarrollo económico de la España Vaciada. Este plan de apoyo estará acompañado de un foro permanente para "conectar las políticas de todas las administraciones públicas que afecten al rural".
• Reducción de los costes de contratación en Teruel, Soria y Cuenca. Se trata de una medida que ya existe desde el 1 de enero de 2023, aunque el PP planteará a Bruselas extenderla a nuevas provincias. Tras la insistencia de Teruel Existe durante toda la legislatura, el Gobierno accedió finalmente a aprovechar el permiso que da la Unión Europea para subvencionar un 20% del coste de los nuevos contratos indefinidos en estos tres territorios afectados por la despoblación. Los populares también se comprometen a destinar fondos europeos para la "construcción y mejora de infraestructuras prioritarias en el rural", algo que ya se hace en la actualidad a través, por ejemplo, del programa Feder.
• Apertura de casas nido. Feijóo quiere extender al conjunto de la España Vaciada el modelo instaurado en más de medio centenar de aldeas gallegas, donde trabajadores autónomos o cooperativas se encargan de cuidar a un grupo reducido de hasta cinco niños procedentes de concellos donde no existen escuelas infantiles convencionales.
• Relevo generacional y presencia de la mujer en las explotaciones. El PP también propondrá un plan de empleo femenino en el rural, promoverá el acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones y el relevo generacional de las mismas. "Favoreceremos la incorporación de jóvenes, simplificando trámites, anticipando ayudas, apoyando el posicionamiento en los mercados, facilitando el acceso a la renta y a la propiedad y reduciendo la fiscalidad por un periodo de tiempo inicial", dice el documento, que contempla múltiples medidas para el sector agroalimentario.

Un Perte para el turismo

El sector que más aporta al PIB y al empleo en España también recibe un epígrafe en el programa de los populares. Sin embargo, Feijóo no creará un ministrerio específico, como pide la Mesa del Turismo. Otra de las reivindicaciones del lobby, la aprobación de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica en este ámbito, sí ha sido atendida por el PP.

• Perte del turismo: Los populares proponen lo que el presidente del Gobierno nunca concedió. El objetivo es movilizar los fondos europeos para labores de "rehabilitación, regeneración y modernización de destinos y posicionamiento de activos turísticos estratégicos". Para ello, el Gobierno tendría que renegociar el plan de recuperación pactado con Bruselas, según reconocen fuentes populares.
• Plan renove de la hostelería: En la misma línea, el Partido Popular lanzará ayudas, presumiblemente con fondos europeos, para modernizar las instalaciones y equipamientos de los locales de hostelería. El sector, muy cuidado en comunidades donde gobierna la derecha (como la Madrid de Isabel Díaz Ayuso), llevaba pidiendo este impulso desde la irrupción del covid.
• Un nuevo Imserso. El PP se compromete a reformular los programas que permiten a los mayores irse de vacaciones subvencionadas por la Seguridad Social para "recuperar su finalidad original". También desarrollará un ley turística de ámbito nacional, aunque sin concretar su contenido.
• Apoyo a las competiciones deportivas. Los populares las consideran un "escaparate de la capacidad organizativa del país" que contribuye a desestacionalizar el turismo. Aunque no ponen ejemplos, sobre la mesa están eventos tan relevantes como la Fórmula 1 a la que aspira Madrid o la Copa América de vela, que tendrá lugar el año que viene en Barcelona. Para estas ciudades, los de Feijóo también se comprometen a actualizar los planes directores de los aeropuertos de Barajas y El Prat.