Vox y la inmigración: un programa electoral radical de imposible cumplimiento

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"Impulsaremos un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito".

De todo el programa de Vox, que se dio a conocer el viernes, quizás este sea el punto más absurdo porque es inaplicable y pone de relieve un pavoroso desconocimiento de la realidad. Ni la Royal Navy británica, la mejor marina europea, tendría capacidad para bloquear las costas de Marruecos, del Sáhara Occidental y Argelia, de donde zarpan la mayoría de los inmigrantes rumbo a España, aunque también lo hacen desde Mauritania, Senegal, Gambia y hasta de Cabo Verde. La Armada española carece de medios para llevar a cabo con eficacia una tarea de tal envergadura.

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La navegación por aguas internacionales es libre, aunque como esas embarcaciones con inmigrantes no suelen llevar pabellón —algunos viejos pesqueros sí enarbolan la bandera de un Estado— la Armada podría quizás interceptarles. Para llevarlos a un "puerto seguro", casi inexistentes en África Occidental, los buques de guerra españoles deberían entrar en las aguas territoriales de esos países africanos que se negarían a ello como se resisten a las repatriaciones. Se multiplicarían los incidentes con los vecinos del sur. El grueso de la inmigración irregular no llega además a España por mar, sino a través de sus aeropuertos internacionales empezando por el de Madrid. Vox omite recordarlo en su programa.

Además del bloqueo naval, el programa del partido de Santiago Abascal encomienda otras tareas a las Fuerzas Armadas: el "despliegue militar en las fronteras de Ceuta y Melilla y Canarias para garantizar la protección de estos territorios ante invasiones promocionadas desde Estados vecinos(...)". Aunque no le nombra, alude a Marruecos y no se refiere tanto a "invasiones" militares, sino más bien entradas masivas de inmigrantes como la que se produjo en Ceuta en mayo de 2021.

El programa en lo concerniente a la inmigración y a la política exterior es un catálogo de quimeras de, con frecuencia, imposible puesta en práctica

El programa de Vox en lo concerniente a la inmigración y a la política exterior es un catálogo de quimeras de, con frecuencia, imposible puesta en práctica. Algunas medidas son además abiertamente discriminatorias hacia los inmigrantes y, por tanto, no legales. Toda esa parte del programa es, en buena medida, un engaño al elector porque es de imposible cumplimiento.

1. El programa promete la "inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país", pero no explica cómo se hará. Las repatriaciones desde España, y desde el resto de Europa, se efectúan hoy en día con cuentagotas. Los países de donde parten los migrantes se resisten negando que sean ciudadanos suyos, arrastrando los pies para expedir los salvoconductos y poniendo trabas a los vuelos de repatriación. Desde poco antes de la pandemia hasta ahora solo hubo, por ejemplo, dos vuelos de repatriación con Senegal a principios de este año, mientras que los marroquíes son expulsados en muy pequeños grupos a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Esa resistencia a acogerles de vuelta se explica por varios factores, uno de ellos es que, cuando consiguen trabajo, los inmigrantes suelen mandar remesas y son una fuente de ingresos importante.

Casi ningún Gobierno se ha atrevido a forzar expulsiones a países que no colaboran. Israel sí lo ha hecho en varias ocasiones aunque no siempre ha transcendido. Un helicóptero del Ejército israelí depositó, por ejemplo, en enero de 1988 a cuatro palestinos en el sur de Líbano. Esa deportación suscitó una condena internacional unánime, incluida de EEUU.

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2. El programa promete "promover sanciones a aquellos Estados que promuevan oleadas masivas de inmigrantes o las utilicen como arma diplomática". Francia impuso, por ejemplo, sanciones, en el otoño de 2021, restringiendo los visados Schengen a los países del Magreb porque no aceptaban repatriaciones de inmigrantes. Provocó así fuertes tensiones, sobre todo con Marruecos, y el resultado fue escaso. Vox se inclina más bien por vincular la ayuda al desarrollo con la disposición a contener la inmigración. A España llegan muchos inmigrantes de países que no figuran en el plan director de la cooperación española como Argelia, Camerún, Costa de Marfil y ahora Sudán.

3. El programa promete que "se ilegalizarán todas las entidades que colaboren activamente con la inmigración ilegal". En un punto anterior el programa ya anunciaba la "eliminación de ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal" así como a las ONG que les den apoyo. Podrán dejar de recibir dinero público, pero una asociación de ayuda a los inmigrantes que se financie con fondos privados no puede ser ilegalizada.

4. El programa promete cerrar "los centros de MENA que crean inseguridad en nuestras calles. Todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados con sus padres, a sus países de origen, de forma inmediata. Hasta que se implanten los protocolos y mecanismos suficientes para lograr este objetivo, los centros de MENA se reubicarán alejados de los núcleos urbanos con el fin de impedir conductas delictivas (...)". La legislación española y la internacional otorga a los MENA la misma protección del Estado que a los españoles de su edad recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Ley del Menor, la Ley de Extranjería y unas cuantas leyes autonómicas. Lo menores solo pueden ser repatriados si se cumplen una serie de requisitos desde la localización de su familia de origen, y que esta consienta su vuelta, a que no se ponga en riesgo su integridad. El procedimiento prevé también que se escuché al menor.

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En la práctica, las autoridades del país de origen no buscan a la familia, ni, si la localizan, esta quiere que el hijo regrese porque confía en que se labre un futuro en Europa. El menor tampoco desea ser devuelto. En la práctica, es casi imposible que un menor de edad vuelva a su país. La última operación de repatriación se produjo en agosto de 2021 cuando la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, entregaron a Marruecos a 55 menores. Aunque aplicaron las órdenes del Ministerio del Interior, ambas están imputadas por un delito continuado de prevaricación administrativa por ejecutar la devolución de menores a sabiendas de no estar cumpliendo con la legislación. Para acabar con todas estas "trabas" legales, Vox quiere "impulsar una auditoria y reforma completa del sistema tutelar español", algo que solo podrá hacer parcialmente porque España tiene suscritos convenios internacionales que ha de respetar.

5. El programa promete la "supresión de la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal". "Trasladaremos el mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España", subraya. Un inmigrante irregular puede, por ahora, empezar a legalizar su situación si demuestra tres años de estancia continuada en España mediante, por ejemplo, el empadronamiento. En la práctica tarda unos cinco años entre el momento de su llegada hasta el de la obtención de un status legal. Mientras tanto debe sobrevivir gracias a las ayudas de ONG, la mendicidad, trabajando en negro o trapicheando. A esto les condena el programa de Vox pese a que en otro apartado reconoce que el actual sistema de pensiones es "insostenible" con la estructura demográfica de España. Los inmigrantes son unos importantes contribuyentes al sistema de pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) calculaba que para garantizar la viabilidad de las pensiones deberían entrar cada año 330.000 inmigrantes. En su programa Vox matiza, por otra parte, su negativa a que los inmigrantes irregulares sean atendidos por la sanidad pública. Ahora acepta que sean tratados, pero solo en caso de "urgencia vital o enfermedad infecto-contagiosa" que pueda afectar al resto de la población.

6. El programa formula la exigencia a la Unión Europea de "crear plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos" para evaluar allí las peticiones de asilo de los inmigrantes. La idea parece inspirada por las que barajaron, entre 2005 y 2007, los ministros de Interior de Alemania, Otto Shilly, Reino Unido, David Blunkett, e Italia, Giuseppe Pisanu. Fue debatida informalmente y desestimada en el consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE. Los países del norte de África y de los Balcanes, donde se suponía que se instalarían los inmigrantes, también la rechazaron. Más recientemente, el 29 de junio, un tribunal de apelación británico declaró contraria a la ley la política de deportación de inmigrantes a Ruanda impulsada por el Gobierno conservador. Ruanda no es un país respetuoso con los derechos humanos.

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7. El programa formula la exigencia de "imponer aranceles a los productos agrícolas provenientes de Marruecos con el fin de que no copen el mercado nacional y europeo en detrimento de los productos españoles". Propone también "incentivar fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales". La política comercial está transferida a la UE y la imposición de nuevos aranceles requiere que haya primero acuerdo entre sus Estados miembros, para renegociar con Marruecos, y que este país acepte las nuevas condiciones. Es, sin embargo, muy probable que la Corte de Justicia de la UE anule en los próximos meses el acuerdo de asociación con Marruecos, que es básicamente agrícola, porque incluye al Sáhara Occidental sin que su población autóctona haya dado su consentimiento. La legislación europea sobre competencia veta, por otra parte, los incentivos fiscales en función del origen del producto que se adquiera.

8. El programa anuncia una "reducción de cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año (...)". De nuevo la medida es discriminatoria y, por tanto, no es legal. Los trabajadores españoles y los de otras nacionalidades residentes en España, empezando por los europeos, gozan todos de los mismos derechos. En este y en otros aspectos las propuestas de Vox se dan de bruces con el derecho español y europeo.

Si Vox lograra desde el Gobierno aplicar parte de su programa, España correría el riesgo de acabar como Polonia, un país expedientado y multado, desde hace 18 meses, por la Comisión Europea.