Vox exige expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales para apoyar el Gobierno andaluz

Vox ha pedido al PP que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía colabore "con la Policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados". En concreto, como ha expresado en un comunicado emitido a los medios, el partido de Santiago Abascal asegura que el actual ejecutivo regional "encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía".

El escrito (consulte aquí el texto íntegro), que según Vox sirve como base para empezar a negociar el programa del futuro Gobierno andaluz, incluye un total de 19 propuestas, entre las que se encuentra la mencionada relativa a la inmigración, que tiene la finalidad -asegura la formación- de "terminar con el efecto llamada". Para ello, añade, además de la incoación de los mencionados expedientes de expulsión, la supresión de "las ayudas a los inmigrantes ilegales". "La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración", agrega el documento, que también pretende "evitar el turismo sanitario".

Además, el partido plantea liberalizar "el régimen de concesión de licencias de radio y televisión", reducir un 50% los costes de la Radiotelevisión Andaluza, eliminar tres de los cuatro canales que tiene en la actualidad, "garantizar su neutralidad política e ideológica" y suprimir "organismos públicos de control de medios de comunicación como el Consejo Audiovisual de Andalucía". Apuesta por crear una Consejería de Familia y Natalidad con un plan de apoyo a las familias numerosas, desgravaciones fiscales en proporción al número de hijos y medidas de conciliación para los padres. En el marco de este último departamente, sugiere ampliar la red de guarderías, "políticas transversales con perspectiva profamilia y pronatalidad" y "prestar una especial atención a las mujeres con embarazos no deseados" con el fin de que tengan alternativas y puedan evitar "el drama del aborto".

Asimismo, Vox propone mejorar la red pública de cuidados paliativos, un plan para que los andaluces que hayan tenido que trasladar su residencia a otras comunidades puedan escolarizar a sus hijos en colegios que no tengan lengua regional y "no sufran discriminaciones laborales de ningún tipo". También subraya que la Junta debe garantizar el derecho de los padres a que sus vástagos reciban "la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones". Esto último, asegura el documento, la Junta lo hará a través de la creación de un "pin parental" que permitirá a los progenitores excluir a sus hijos de determinadas "charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones".

En línea con esto, Vox considera que el nuevo Gobierno andaluz debe acabar con "el hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada" y proteger "el derecho de los padres a elegir modelo educativo". Además, pretende acabar con la "normativa zonal" que refuerza los puntos a los padres que viven más cerca del centro escolar e implantar lo que denomina "libre eleccion de centro".

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El partido de Abascal asegura que la Junta tiene que colaborar "con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista". Por ello, subraya, debe exigir "a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia y poniendo especial atención en la protección a la mujer". En este punto, Vox sugiere "suprimir las subvenciones a asociaciones islámicas" sin más explicación.

También sugiere derogar la ley de memoria histórica andaluza aprobada en 2017 por considerar que "impone de forma totalitaria una versión sesgada de la historia andaluza" referida al periodo 1931-1982. En caso de no conseguir este propósito, Vox asegura que sería conveniente eliminar "todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación".

Proteger la Semana Santa, el flamenco y los toros

Vox también propone que todas las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los colegios, celebren "con prioridad sobre cualquier otra fecha" el 12 de octubre con el fin de poner "especial relevancia en la contribución histórica de los andaluce a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España". El Día de Andalucía, añade el documento, "pasará del 28 de febrero al 2 de enero", fecha esta última en la que se conmemora la Toma de Granada y, según subraya la formación, "la culminación de la Reconquista".

Asimismo, el partido liderado por Abascal, que este martes se ha reunido con el PP para tratar estos puntos (y que continuarán este miércoles), promueve una "Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural que incluirá el flamenco", la Semana Santa y otras expresiones del folklore andaluz. Punto aparte merece para Vox la fiesta del toreo y la cacería, dado que el partido pretende elaborar una norma exclusiva para proteger la tauromaquia y la actividad cinegética que además "reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía".

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Por supuesto, en línea con lo que viene defendiendo públicamente el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, desde hace semanas, Vox apoya la derogación de la Ley de Violencia de Género y propone sustituirla "por una ley de violencia doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia 'de género' y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista".

También respalda eliminar la Ley 8/2017, según subraya, "para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía". Los derechos de las personas de orientación homosexual, argumenta Vox, "están reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución Española". "España no es un país homófobo que necesite leyes especiales" como la que a su juicio es la 8/2017, que según el partido de Abascal "atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la administración y a recibir subvenciones".

Eliminar el 50/50 de la ley de igualdad

En ese contexto, la formación que ha entrado con 12 diputados en el Parlamento andaluz plantea derogar la Ley de Promoción de la Igualdad de Género andaluza. "Interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres", arguye el documento publicado por Vox, que asegura que esta norma parte "de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas".

"La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas; es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc. dedicados a la imposición de la perspectiva de género", sentencia la formación, que reclama una declaración institucional de la próxima presidencia de la Junta a favor de "la devolución al estado de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público" y otra que condene el "discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox".

Vox también promueve en el mismo texto una "reducción del gasto político (...) drástica". En concreto, pretende disminuir un 75% "las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales" como paso previo a una "completa eliminación".