La Audiencia pide a la exvicepresidenta de Ceuta sus mensajes con el Gobierno por la expulsión de los menores

La Audiencia Provincial de Cádiz ha instado a la exvicepresidenta de Ceuta María Isabel Deu a que, "si lo tiene a bien", entregue los listados de llamadas y los mensajes que se intercambió con representantes del Gobierno respecto a lo ocurrido entre mayo y agosto de 2021, cuando España expulsó a 55 menores a Marruecos en plena crisis migratoria.

La jueza que investiga estos hechos ya procesó el pasado noviembre a Deu y a la exdelegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, por un delito continuado de prevaricación administrativa, pero, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia Provincial de Cádiz atiende parcialmente el recurso de una ONG y ordena reactivar el caso para investigar el papel del Gobierno.

Los magistrados solicitan para ello las llamadas y mensajes que Deu intercambió con las "personas que actuaban por cuenta de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y sus ministerios de Interior, Derechos Sociales y Agenda 20230 y Asuntos Exteriores". Frente al rechazo de la Fiscalía y de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta, consideran que se trata de una "diligencia instructora pertinente, útil y necesaria".

Según advierte la resolución, la propia Deu hizo referencia a estas comunicaciones con el Gobierno durante su declaración del 7 de septiembre de 2022: "Me guie por los servicios jurídicos del Gobierno", afirmó durante aquella comparecencia, a la que tuvo acceso este diario. “Las comunicaciones que tengo de verdad frecuentemente, a diario, (...) es con la Vicepresidencia Primera del Gobierno, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Sociales y alguna con el Ministerio de Asuntos Exteriores”.

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Esta versión encaja con la de la exdelegada del Gobierno en Ceuta, también procesada. Durante su declaración del 5 de octubre, ella hizo constantes alusiones a la participación directa de Interior en las gestiones. Según confesó, la petición de devolver a los menores partió del Gobierno de Ceuta, pero las gestiones las impulsó Interior tras una reunión mantenida en Madrid con el ministro Fernando Grande-Marlaska. La cita tuvo lugar el 28 de julio, semanas antes de la polémica operación retorno: “Se llevó personalmente a Madrid a hablar con el ministro, el ministerio se puso en esos momentos en contacto con Marruecos y vieron a bien llevar a cabo el convenio este”.

Mateos se refería así a un convenio firmado en 2007 con Marruecos en materia de inmigración que nunca antes se había usado. El 13 de agosto de 2021 procedieron a ponerlo en marcha y les dio tiempo a devolver a 55 menores antes de que la Justicia ordenase detener los trabajos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó esa paralización y determinó que se hizo sin cumplir los protocolos legales establecidos y que puso en riesgo a los menores.

Consta en el procedimiento que la operación se activó tras un correo remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por el número dos de Grande-Marlaska, Rafael Pérez. La Audiencia Nacional ya determinó que esa comunicación no se podía considerar una instrucción oficial, pero la delegada del Gobierno le dijo a la jueza que fue “una orden”.

La jueza de Ceuta concluyó en noviembre que estas gestiones de Interior no eran suficientes para ampliar las imputaciones y limitó el procesamiento a Deu y Mateos, pero la diligencia encargada por la Audiencia Provincial de Cádiz abre ahora una nueva vía para investigar al Gobierno. Según concluye su resolución, la exvicepresidenta de Ceuta puede aportar estos listados de llamadas y mensajes "en el plazo que disponga la instructora".