Un testigo aclarará si el Grupo Prisa sobornó a Garzón para frenar el caso Sogecable

La Audiencia Nacional acaba de acordar a petición de la Fiscalía Anticorrupción la citación de un testigo clave que deberá confirmar si el Grupo Prisa pagó "una cantidad indeterminada de dinero en efectivo" al exjuez Baltasar Garzón para neutralizar el procedimiento contra Sogecable. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción 6 cita a una persona llamada Manuel Lozano que, según el juez que llevó las riendas de la investigación contra Sogecable a finales de los años 90, reconoció haber entregado "personalmente" este dinero a Garzón "en su despacho oficial" de la Audiencia Nacional.

El procedimiento contra Sogecable, que era propiedad de Prisa, arrancó en 1997 e investigó a su consejo de administración por la supuesta apropiación indebida de 138 millones de euros de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus. Javier Gómez de Liaño, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, llegó a procesar a Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián por estos hechos, pero fue apartado del caso después de que le acusaran de falta de imparcialidad. En su lugar, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Baltasar Garzón, asumió "temporalmente" las diligencias y terminó enfrentándose con el propio Gómez de Liaño.

La Audiencia Nacional considera que existen indicios de que Prisa y el PSOE pusieron en marcha una trama contra Gómez de Liaño para anular el caso contra Sogecable y de que ordenaron al comisario José Manuel Villarejo espiarle. La Audiencia Nacional citó a Gómez de Liaño como perjudicado el pasado 1 de diciembre para aclarar estos hechos y, durante la comparecencia, este relacionó a Garzón con la supuesta operación.

TE PUEDE INTERESAR

El juez investiga un supuesto pago "en efectivo" de Prisa a Garzón por Sogecable

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

"El testigo afirmó que una persona, a la que identificó como Manuel Lozano, le había reconocido que había recibido del Grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente, en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional, a Baltasar Garzón, por aquellas fechas magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, sustituto legal del titular del Juzgado Central Número 1, y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas diligencias penales cuando Javier Gómez de Liaño resultó recusado", explica la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del 1 de diciembre al que ha tenido acceso este diario.

Anticorrupción destaca, además, que la declaración de Gómez de Liaño encaja con la versión de Villarejo, que en 2019 presentó una denuncia en la que reconocía su supuesta vinculación con esta operación contra el juez y mencionaba a Garzón. Según el comisario, en esta supuesta trama estarían involucrados los abogados Matías Cortés y Horacio Oliva; el periodista y directivo de Prisa Antonio Navalón, y el político socialista Txiqui Benegas, que habría ejercido como enviado de Felipe González.

"Las manifestaciones del testigo vienen a confirmar, en este punto, la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid (...), en la que se hace referencia a una reunión entre Villarejo y Baltasar Garzón en el restaurante Lur Maitea (...) de Madrid, mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez, en clara referencia al por entonces magistrado-juez Javier Gómez de Liaño", advierte el escrito de la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia aprecia indicios de que el PSOE y Prisa usaron a Villarejo para neutralizar a un juez

José María Olmo Beatriz Parera

Anticorrupción reconoce que las manifestaciones de Gómez de Liaño "deben ser tomadas con la cautela exigible", pero considera "pertinente para un mejor esclarecimiento de los hechos recabar el testimonio directo". Su escrito pedía "la citación como testigo" del hombre que supuestamente entregó el dinero a Garzón.

En un auto fechado este miércoles, el juzgado da la razón al fiscal y asegura que se cumple, en este caso, "el triple filtro de pertinencia, necesidad y utilidad". "La declaración testifical es pertinente, ya que se identifica a un concreto sujeto que habría tenido una intervención directa en los hechos que se instruyen. Además, es necesaria, puesto que contribuirá a perfilar, con mayor precisión, los hechos delictivos, toda vez que la declaración del señor Liaño al respecto no deja de ser una declaración de un testigo de referencia. En este caso, por el contrario, se trataría de la persona que ha participado en tales actuaciones. Por ello, hemos de afirmar, asimismo, su utilidad", concluye.

La condena a Gómez de Liaño

En julio de 1997, Juan Luis Cebrián pidió apartar a Gómez de Liaño del caso Sogecable por tener un "interés indirecto" en la causa y una "enemistad manifiesta" contra él. La instrucción de esta recusación recayó en el propio Garzón, quien temporalmente también se hizo cargo del procedimiento.

Garzón terminó por abstenerse de la recusación en septiembre de 1997 y, para justificar su decisión, alegó que había tenido un conocimiento extraprocesal sobre supuestas reuniones entre Gómez de Liaño y varios acusadores del caso. Esta supuesta confabulación provocó un enfrentamiento entre ambos y la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo, que en 1999 expulsó a Gómez de Liaño de la carrera judicial por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia aprecia indicios de que el PSOE y Prisa usaron a Villarejo para neutralizar a un juez

José María Olmo Beatriz Parera

La sentencia salió adelante con el voto a favor de dos de los tres magistrados. Entre ellos, uno cercano al PSOE, Enrique Bacigalupo. Según la versión de Villarejo, él mismo participó en un supuesto soborno a este magistrado para conseguir apartar a Gómez de Liaño del procedimiento contra Sogecable, que terminó siendo archivado por la Audiencia Nacional.

El Gobierno de José María Aznar indultó a Gómez de Liaño en el año 2000, pero su mayor victoria llegó ocho años después, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar los derechos del magistrado. Según Estrasburgo, Gómez de Liaño no había tenido un juicio justo ni imparcial, entre otros motivos, porque los magistrados que le condenaron ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso Sogecable.

Tras la denuncia pública de Villarejo y el hallazgo de documentos sobre el supuesto proyecto encubierto, Gómez de Liaño solicitó entonces personarse en el procedimiento como uno de los perjudicados por los espionajes del comisario. El magistrado a cargo del caso, Manuel García-Castellón, rechazó hasta en dos ocasiones su petición, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó dándole la razón hace meses y ordenó efectuar diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales.