El juez investiga un supuesto pago "en efectivo" de Prisa a Garzón por Sogecable

La Audiencia Nacional investiga si el Grupo Prisa pagó "una cantidad indeterminada de dinero en efectivo" al exjuez Baltasar Garzón para neutralizar el procedimiento contra Sogecable. En una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado Joaquín Gadea cita como testigo a un hombre llamado Manuel Lozano que, según el juez que llevó las riendas de la investigación contra Sogecable a finales de los años noventa, reconoció haber entregado "personalmente" este dinero a Garzón "en su despacho oficial" de la Audiencia Nacional.

El procedimiento contra Sogecable, que era propiedad de Prisa, arrancó en 1997 e investigó a su consejo de administración por la supuesta apropiación indebida de 138 millones de euros de fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus. Javier Gómez de Liaño, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, llegó a procesar a Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián por estos hechos, pero fue apartado del caso después de que le acusaran de falta de imparcialidad. En su lugar, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Baltasar Garzón, asumió "temporalmente" las diligencias y terminó enfrentándose con el propio Gómez de Liaño.

Como avanzó El Confidencial en julio, la Audiencia Nacional considera que existen indicios de que Prisa y el PSOE pusieron en marcha una trama contra Gómez de Liaño para anular el caso contra Sogecable y de que ordenaron al comisario José Manuel Villarejo espiarle. La Audiencia Nacional citó a Gómez de Liaño como perjudicado el pasado 1 de diciembre para aclarar estos hechos y, durante la comparecencia, este relacionó a Garzón con la supuesta operación.

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"El testigo afirmó que una persona, a la que identificó como Manuel Lozano, le había reconocido que había recibido del Grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente, en su despacho oficial en la sede de la Audiencia Nacional, a Baltasar Garzón, por aquellas fechas magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, sustituto legal del titular del Juzgado Central número 1, y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquellas diligencias penales cuando Javier Gómez de Liaño resultó recusado", explica la Fiscalía Anticorrupción en un escrito del 1 de diciembre al que ha tenido acceso este diario.

Anticorrupción destaca además que la declaración de Gómez de Liaño encaja con la versión de Villarejo, que en 2019 presentó una denuncia en la que reconocía su supuesta vinculación con esta operación contra el juez y mencionaba a Garzón. Según el comisario, en esta supuesta trama estarían involucrados los abogados Matías Cortés y Horacio Oliva; el periodista y directivo de Prisa Antonio Navalón, y el político socialista Txiqui Benegas, que habría ejercido como enviado de Felipe González.

"Las manifestaciones del testigo vienen a confirmar, en este punto, la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid (...), en la que se hace referencia a una reunión entre Villarejo y Baltasar Garzón en el restaurante Lur Maitea (...) de Madrid, mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez, en clara referencia al por entonces magistrado-juez Javier Gómez de Liaño", advierte el escrito de la Fiscalía.

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Anticorrupción reconoce que las manifestaciones de Gómez de Liaño "deben ser tomadas con la cautela exigible", pero considera "pertinente para un mejor esclarecimiento de los hechos recabar el testimonio directo". Su escrito pide "la citación como testigo" del hombre que supuestamente entregó el dinero a Garzón y el magistrado Joaquín Gadea atiende la solicitud en una providencia fechada el pasado viernes: "Requiérase a la representación procesal del perjudicado Sr. Javier Gómez de Liaño Botella que previamente, a citación como testigo del Sr. Manuel Lozano, facilite su filiación completa y domicilio donde pueda ser citado por el juzgado".

La condena a Gómez de Liaño

En julio de 1997, Juan Luis Cebrián pidió apartar a Gómez de Liaño del caso Sogecable por tener un "interés indirecto" en la causa y una "enemistad manifiesta" contra él. La instrucción de esta recusación recayó en el propio Garzón, quien temporalmente también se hizo cargo del procedimiento.

Garzón terminó por abstenerse de la recusación en septiembre de 1997 y, para justificar su decisión, alegó que había tenido un conocimiento extraprocesal sobre supuestas reuniones entre Gómez de Liaño y varios acusadores del caso. Esta supuesta confabulación provocó un enfrentamiento entre ambos y la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo, que en 1999 expulsó a Gómez de Liaño de la carrera judicial por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable.

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La sentencia salió adelante con el voto a favor de dos de los tres magistrados. Entre ellos, uno cercano al PSOE, Enrique Bacigalupo. Según la versión de Villarejo, él mismo participó en un supuesto soborno a este magistrado para conseguir apartar a Gómez de Liaño del procedimiento contra Sogecable, que terminó siendo archivado por la Audiencia Nacional.

El Gobierno de José María Aznar indultó a Gómez de Liaño en el año 2000, pero su mayor victoria llegó ocho años después, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por violar los derechos del magistrado. Según Estrasburgo, Gómez de Liaño no había tenido un juicio justo ni imparcial, entre otros motivos, porque los magistrados que le condenaron ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso Sogecable.

Tras la denuncia pública de Villarejo y el hallazgo de documentos sobre el supuesto proyecto encubierto, Gómez de Liaño solicitó entonces personarse en el procedimiento como uno de los perjudicados por los espionajes del comisario. El magistrado a cargo del caso, Manuel García Castellón, rechazó hasta en dos ocasiones su petición, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó dándole la razón este verano y ordenó efectuar diligencias para determinar las posibles responsabilidades penales.