El Gobierno retira la congelación de precios del alquiler en contratos que se renueven

Los arrendadores podrán cambiar las condiciones de los contratos de alquiler que expiren a partir del próximo 1 de julio. El Gobierno ha decidido no prorrogar en el decreto anticrisis, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, la congelación del precio de los alquileres a fin de contrato, según confirman a este diario fuentes de las negociaciones en el Ejecutivo de coalición. Se trataba de una de las medidas estrella en materia de vivienda del decreto para evitar subidas abusivas de precios en un contexto inflacionario. Los inquilinos podían, en el marco de esta medida, renovar sus contratos sin sufrir subidas de precios.

Las presiones del socio minoritario para extender esta medida no han dado resultado por la oposición de la parte socialista. Desde la vicepresidencia segunda, que lidera la candidata de Sumar a las elecciones generales del 23-J, Yolanda Díaz, lamentan la oposición del PSOE: "Se negaron". En cualquier caso, esto no significa que los inquilinos vulnerables vayan a sufrir un aumento de la renta por la renovación de sus contratos, ya que la ley de vivienda aprobada el pasado abril ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para este colectivo.

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El socio minoritario sí ha logrado que se prorrogue la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, una moratoria que ya venía del primer escudo social con motivo de la pandemia de coronavirus. El tope a las subidas del alquiler vinculadas al IPC también se mantendrá en el 2% actual, al tratarse de una medida prevista hasta finales de año. Además, se han aprobado tres nuevos permisos para favorecer los cuidados.

El resto de grandes medidas que expiraban a finales de junio, como la rebaja del IVA a los alimentos, la bonificación del transporte público, la congelación del precio de la bombona de butano o la prohibición de despido para las empresas que reciban ayudas públicas, se prorrogarán otros seis meses más, siempre que la Diputación Permanente del Congreso convalide el real decreto del Consejo de Ministros. El coste total de estas medidas ascenderá a los 8.900 millones de euros durante el segundo semestre, que elevan a 47.000 los millones movilizados por el escudo social desde el comienzo de la crisis.

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La intención de levantar las ayudas generalizadas, como exigía Bruselas para ir adaptándose a la futura recuperación de las reglas fiscales en los próximos presupuestos, choca con el electoralismo y la presión a la izquierda y a la derecha de los socialistas por el encarecimiento del coste de la vida. La prioridad son las elecciones generales y anticipar recortes no sería la mejor carta de presentación. Tanto que hasta se han aprobado nuevas medidas, como las desgravaciones del 15% en el impuesto sobre la renta (IRPF) para quienes compren un vehículo eléctrico o instalen sistemas de recarga de baterías para los mismos, según adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante una entrevista en la Cadena SER. Las instalaciones de recarga también gozarán de un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades.

La prioridad son las generales y anticipar recortes no sería la mejor carta de presentación

Respecto a la retirada de la rebaja del IVA a determinados alimentos, fuentes de la Moncloa argumentan que afectaría negativamente al precio de la cesta de la compra. Desde el Ministerio de Agricultura también vienen reconociendo que la sequía podría frenar la tendencia descendente del precio en la cesta de la compra "por la ley de la oferta y la demanda". La falta de lluvias va en detrimento de lo primero, como ya se está comenzando a reflejar en los cultivos de secano. En estos momentos, los comestibles son un 12% más caros que hace 12 meses, su dato más bajo desde hace un año, y el índice de referencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) se encuentra en mínimos de hace dos.

En ese contexto favorable, pero incierto, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya anunció hace días que el diseño de la medida se mantendría sin cambios hasta final de año, pese a que uno de cada tres productos, entre ellos algunos de los beneficiados, se están empezando a abaratar. El Gobierno hace caso omiso a las reivindicaciones del Partido Popular y del sector, que demandaba la ampliación de la rebaja fiscal a la carne y el pescado. Actualmente, el IVA de la leche, los huevos o el pan está bonificado al completo, mientras que el del aceite y la pasta está reducido al 5%, frente al 10% habitual.

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Con el Consejo de Ministros de este martes, Sánchez retrasa los compromisos a modo de pulso con Bruselas, que había pedido comenzar ya a "desconectar", según la terminología de los ministerios económicos de la Moncloa, las medidas anticrisis adoptadas tras la pandemia. Así figuraba en las recomendaciones específicas de la Comisión a España en el marco del conocido como semestre europeo. El Ejecutivo comunitario demandaba poner punto final a las ayudas por la espiral energética —según sus técnicos, representan el 0,6% del PIB nacional— y dedicar ese ahorro a la reducción del déficit público. "Todas estas medidas son compatibles con el compromiso de consolidación fiscal", ha dicho Calviño, que ha justificado su extensión por el repunte de los precios de los combustibles y la energía durante las últimas semanas.

Vuelven las reglas fiscales

El retorno de las reglas fiscales está previsto para 2025, pero el Ejecutivo comunitario ha demandado a los países miembros ir ajustando sus cuentas para el próximo año conforme a los nuevos criterios. La Comisión Europea ya los ha presentado y los Veintisiete deben pactarlos durante la presidencia española del Consejo, que empieza este sábado. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han pedido al Ejecutivo que anticipe la consolidación de las cuentas públicas, y advierten del riesgo de que el gasto coyuntural de los paquetes anticrisis se convierta en estructural.

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El Gobierno, a través de una negociación encabezada por Calviño, se comprometió a cumplir con el déficit del 3% de cara al próximo ejercicio. De ahí la intención, antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, de ir levantando algunas de las rebajas fiscales generalizadas y ayudas directas. Sin embargo, el mal resultado de los socialistas y el adelanto de las generales al 23 de julio han obligado a modificar la hoja de ruta y extender hasta final de año la mayoría de las medidas que aún estaban vigentes.

El Gobierno español ya había dado un paso atrás con algunas de las más costosas y regresivas, empujado por los principales organismos de la gobernanza económica nacional e internacional, que llevan meses abogando por focalizarlas en los más vulnerables. Una de las más contestadas, la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, finalizó el 31 de diciembre de 2022. Desde entonces, solo se aplica una subvención de 10 céntimos para el transporte profesional por carretera, que también expiraba el 30 de junio, y cuya extensión ha aprobado el Consejo de Ministros hasta el 30 de septiembre. En el último trimestre, la subvención se reducirá a cinco céntimos. Los carburantes están en niveles previos a la invasión de Ucrania, pero nadie puede descartar que el repunte de los últimos días se agrave ante la inestabilidad política en Rusia.