El Gobierno incluye en el decreto ómnibus un permiso de cuidado pagado de 5 días al año

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un permiso de cuidado de cinco días al año para atender a familiares y otro de ocho semanas hasta que los hijos cumplan ocho años. Se trata de medidas previstas en la ley de familias, que no acabó de tramitarse en el Congreso por la disolución de las Cortes, y que ahora se rescatan en una suerte de decreto ómnibus, aprovechando la prórroga de las medidas contra la inflación.

El permiso de cuidado permitirá gozar de cinco días retribuidos cada año para atender a un familiar de hasta segundo grado o a un conviviente en los siguientes casos: accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo. Por su parte, el permiso para hijos podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, durante los primeros ocho años de vida del menor.

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Alejandro López de Miguel

Los trabajadores también tendrán una alternativa para otras eventualidades. El Gobierno ha aprobado un permiso de hasta cuatro días al año, distribuidos por horas, que se justificará "por causa de fuerza mayor". Se trata de una medida novedosa, que también estará retribuida, y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes. En total, son tres permisos diferentes para favorecer la conciliación.

A petición del ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra, el texto también incorpora que las parejas de hecho tengan derecho a los 15 días de permiso por registro igual que los matrimonios, algo que ya contemplaba la ley de familias. "Estos nuevos derechos serán una realidad desde mañana. Estamos muy contentas por estos avances y vamos a seguir impulsando medidas para que formar una familia sea más fácil: queremos tener tiempo para lo más importante y estamos a tiempo de hacerlo posible", ha afirmado la secretaria general de Podemos a través de las redes sociales.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión hasta final de año de las principales medidas anticrisis que caducaban el 30 de junio, como la bonificación del transporte público, las rebajas y bonificaciones del IVA de los alimentos o la moratoria para los desahucios sin alternativa habitacional. Se trata de un giro respecto a la intención inicial del Ejecutivo, que era ir desmontando el escudo social para empezar la consolidación fiscal demandada por Bruselas ante la próxima recuperación de las normas comunitarias.

A solo una semana del comienzo de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, el Gobierno ha lanzado su última artillería social a través de un documento de más de 300 páginas que tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.