La gran trama que aún sacude Ceuta: peticiones de 280 años de cárcel y altos cargos salpicados

Todo saltó por los aires con una lista fantasma. El 25 de junio de 2015, un periódico local de Ceuta hizo público un registro con nombres y apellidos relacionados con supuestos adjudicatarios de un proceso aún abierto por el que se iban a conceder 317 Viviendas de Protección Oficial (VPO), todas en el barrio ceutí de Loma Colmenar. El Gobierno de la Ciudad Autónoma, que ya entonces presidía el PP de Juan Vivas, negó estar al tanto de cualquier tipo de irregularidad y también que aquella lista fuera oficial, de ahí la denominación de "fantasma". Pero la pequeña grieta terminó abriéndose, mes a mes y año a año, hasta dar lugar a la que hoy ya es la mayor trama de corrupción conocida en Ceuta: el caso Emvicesa.

En los próximos meses, sentará en el banquillo a 54 acusados, algunos de gran relevancia pública: desde el presunto cabecilla de la trama, el exviceconsejero de Vivienda y gerente de la empresa municipal cuando ocurrieron los hechos, Antonio López; hasta la exconsejera de Fomento, Susana Román; la de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed; o el ya expolítico de Caballas, un partido localista que ahora tampoco existe, Mohamed Ali. Se les acusa de distintos delitos como prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide penas que suman 280 años y llama a declarar a diversos cargos públicos y políticos, que en algunos casos quedaron salpicados por la trama.

Entre ellos, la actual consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, un peso pesado en el Ejecutivo de Vivas y su número 3 en las listas para el 28-M. Su nombre volvía a estar en la picota cuando, a finales de abril, una de las encausadas registraba una denuncia por lo penal contra ella, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que acusaba a Chandiramani de firmar unos documentos cuyo contenido "no se corresponde con la realidad" durante su etapa al frente de Emvicesa, tras saltar el escándalo. Es decir, de falsearlos.

Ahora, todas las piezas que durante años revolotearon sobre el tablero de esta densa investigación se preparan para la prueba definitiva el próximo mes de octubre. Mientras tanto, las consecuencias sociales, políticas y de credibilidad institucional ya han quedado de manifiesto. Estas son algunas claves para entender lo que puede pasar y el por qué hay medio centenar de políticos, empleados públicos o captadores enredados en toda esta maraña judicial.

TE PUEDE INTERESAR

Kissy Chandiramani se convierte en la primera diputada hindú en España

EC

1. Antonio López, señalado cabecilla

Emvicesa es la empresa municipal de vivienda de Ceuta. En 2017, la Policía Nacional detuvo en Marbella a su ex gerente, Antonio López, al que señalaban como el principal cabecilla de una red de favores y pagos consensuados e hicieron entrar en prisión. Días después, otros cinco trabajadores de esta compañía le seguirían a la cárcel, aunque finalmente quedarían en libertad con cargos. Llegó octubre 2020 y, tras largo tiempo siguiendo el hilo de lo sucedido, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta dictó el auto para la apertura de un juicio oral contra 54 personas. La Fiscalía reconocía la existencia de una organización criminal. Ceuta se preparaba para afrontar un juicio complejo, que miraba de frente a la gestión institucional y estaba repleto de aristas.

Tendrían que pasar otros tres años más para que la Audiencia Provincial de Cádiz, que opera en la ciudad autónoma, fijara una fecha definitiva para el juicio, que se extenderá entre octubre y noviembre. La vista oral comenzará el día 24 del primer mes, y a ella acuden todo un desfile de políticos –retirados o en activo, como Chandiramani– que darán su testimonio. Entre ellos, otro ex consejero de Fomento (Néstor García); un ex gerente de Emvicesa (Francisco Márquez); el actual presidente de la Autoridad Portuaria (Juan Manuel Doncel), un organismo de mucho peso en la ciudad costera; etc. La pena máxima es la que el Ministerio Fiscal exige para el supuesto cabecilla, al que pueden caerle hasta 26 años y una multa de casi seis millones de euros por delitos continuados de falsedad documental y cohecho u otros de organización criminal y blanqueo de capitales.

2. De qué acusan al resto

Curiosamente, fue la propia Susana Román cuando aún era consejera la que acudió al Juzgado para ratificarse en la denuncia del Ejecutivo local del que formaba parte. Tras la publicación de la famosa lista fantasma, la Asamblea de Ceuta aprobó crear una comisión de investigación para esclarecer la veracidad de aquel documento. Era verano de 2015. Al final, tanto Román como otros ex miembros de la Comisión Local de Vivienda acabaron entre los acusados. El Ministerio Fiscal pide para todos ellos 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada. A la primera le solicita, además, 11 años de prisión por dos delitos de falsedad documental y organización criminal. Para Mohamed Ali y Rabea Mohamed pueden caer hasta 5 de cárcel por el segundo de estos delitos.

TE PUEDE INTERESAR

"Sinvergüenza fascista". Suspenden el pleno de Ceuta tras una trifulca de Vox y el PP

Europa Press

Tras la reciente denuncia de Susana Román contra la actual titular de Hacienda, el PP salió en tromba a defender a su consejera. El partido arropó a Chandiramani. En un comunicado que el Gobierno de Ceuta envió el pasado 26 de abril, un día después de la fecha que consta en el escrito de acusación contra la responsable de Hacienda y tras conocerse el día de la apertura para la vista oral del caso Emvicesa, aclararon que aún no habían recibido ningún aviso oficial. Recalcaron, eso sí, que "los hechos referidos ocurrieron antes de ser nombrada como gerente".

Chandiramani dirigió la empresa municipal de vivienda entre 2015 y 2017, los años comprendidos desde el fin de la etapa de López hasta las primeras detenciones. En este tiempo, la actual consejera estuvo en contacto con los responsables de la investigación y colaboró con ellos para aportar documentación u otros requerimientos, de donde Román deduce que pudo haber falseado adrede el contenido.

3. Las consecuencias políticas

Los últimos movimientos en el proceso judicial, tanto la confirmación de la fecha para la vista oral como la reciente denuncia contra Chandiramani, se dieron en la recta final de la precampaña. Juan Vivas lleva más de una década como presidente de la Ciudad Autónoma y encontrar un sucesor no es tarea sencilla. Aunque entre los favoritos para sucederle llegó a sonar Javier Guerrero, el escándalo de las vacunas –y, luego, el de los supuestos abusos a menores que conllevaron su entrada en prisión provisional, donde aún permanece a la espera de juicio– lo dejó completamente fuera de las quinielas. De hecho, llegó a fundar su propio partido para presentarse a los comicios contra los populares, a quienes un día perteneció. Chandiramani también ocupa un puesto de peso en las listas del PP, aunque finalmente Vivas decidió tratar de conquistar él mismo un nuevo mandato.

Por otro lado, entre los partidos de la oposición, está el caso de Mohamed Ali. El líder de Caballas abandonó la política activa en 2021 e inició un proceso de "refundación" en su grupo localista, que derivó en el nacimiento de una nueva marca, Ceuta ¡Ya!, también con un nuevo líder. Ali nunca vinculó este lavado de cara ni su decisión de alejarse de la vida pública con el caso Emvicesa. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria fue foco de críticas en alguna que otra sesión plenaria por este mismo motivo. Su imagen quedó ligeramente marcada tras verse envuelto en el escándalo. Que el juicio llegue en pleno año electoral, a medio camino entre las autonómicas y locales de mayo –en Ceuta, al ser ciudad autónoma, sólo se celebran unos únicos comicios– y las generales –aún sin convocar aunque previstas para diciembre–, el futuro político de la localidad fronteriza queda preso de un escenario incierto.