La ley de vivienda de Sánchez nace coja: quedará sin efecto en la mitad de España

El Congreso fue testigo este jueves de una imagen inédita. La de PNV, PDeCAT y Junts escenificando un rechazo frontal a la ley de vivienda que el Gobierno ha sacado adelante con los competidores de las mencionadas fuerzas en sus respectivos territorios: ERC y Bildu. A los nacionalistas vascos y a las dos fuerzas soberanistas catalanas no les importó salir en la foto del no junto a PP, Vox o Ciudadanos. De hecho, el argumento de la invasión competencial para justificar su negativa a apoyar la norma es compartido por Génova y por las comunidades autónomas donde gobiernan los populares. Los territorios tienen cedidas las competencias en esta materia, así que en este caso los movimientos políticos que quedaron patentes en la Cámara Baja tendrán consecuencias prácticas.

La incipiente ley de vivienda, con el tope a los alquileres como una de las principales banderas, quedará sin efecto en la mitad de España si las comunidades autónomas gobernadas por el PP cumplen su amenaza y no ejecutan los preceptos contenidos en la norma, siempre en el marco de sus competencias. Y esa intención permanece intacta. "No se aplicará aquello en lo que no creemos, y para lo que no nos han votado los ciudadanos", pronunció la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos del Congreso. Los ejecutivos populares no se plantean solicitar la declaración de una zona como mercado tensionado dentro de sus territorios, un criterio imprescindible para fijar los topes a los alquileres.

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Pero el PP ha encontrado un compañero de viaje inesperado en esta cuestión, y un socio al que le gustaría atar en corto de cara a futuras alianzas electorales. Pese a que hace días moduló su voto y optó por la abstención en el dictamen aprobado por la comisión del ramo, el PNV se ha posicionado finalmente en contra de la ley de vivienda del Gobierno, con duras críticas tanto al Ejecutivo como a los socios que han avalado su tramitación, entre ellos EH Bildu, su principal rival en las urnas. Los jeltzales se revuelven especialmente contra la "extralimitación competencial" del Ejecutivo, aunque también comparten con el PP el argumento de que la normativa "deja sin solución el problema de la okupación", como reiteró el portavoz vasco, Iñigo Barandiaran, en el Congreso.

El rechazo del PNV no solo ha tensado la relación con el Ejecutivo en el Congreso, sino también la de la coalición que sustenta el Gobierno de Euskadi. El portavoz de los peneuvistas en el Congreso, Aitor Esteban, dejó incluso la puerta abierta a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo vasco, en línea con la estrategia que amagan con seguir otros líderes autonómicos del PP, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. El dirigente jeltzale aseguró que ve "muchos visos" de que ese eventual recurso prospere en el órgano de garantías.

La vía que ha tomado el PNV amenaza también con dejar sin efecto la ley estrella de Sánchez en Euskadi. Los nacionalistas vascos ponen en valor su propio texto, que a su juicio es más "avanzado" que el estatal, y censuran que la nueva normativa del Gobierno "recentraliza" y "no pone límites al alquiler, sino al posible incremento", en palabras del propio lendakari, Iñigo Urkullu. Desde el PNV no se muestran contrarios a aplicar topes de precios en zonas tensionadas, a pesar de que la regulación de los alquileres nunca llegó a aplicarse con base a la norma autonómica.

En conjunto, y basándose en las intenciones iniciales que han ido desprendiéndose de los territorios, la ley de vivienda del Gobierno quedaría sin efecto en hasta seis comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, País Vasco, Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia. Juntas aglutinan a 23,7 millones de personas, la mitad de la población española. Como publicó El Confidencial, existen cerca de 1.400 municipios en toda España que cumplirían los parámetros para ser declarados zona tensionada, según datos de la plataforma de big data inmobiliario Brainsre. Mención aparte merecen Madrid y Barcelona, donde todos los distritos cumplen alguno de los criterios para topar alquileres.

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Y la cifra de regiones en las que podría quedar sin efecto la ley puede aumentar en tan solo un mes, cuando se abran las urnas el próximo 28 de mayo. El PP da por seguro que arrebatará el poder al PSOE en La Rioja. Y la balanza podría inclinarse en otras regiones clave, como la Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha, donde los populares confían en la desaparición de Podemos para que la suma con Vox supere la de la izquierda. La subida del IBI a las viviendas vacías, contemplada en la normativa estatal, también quedaría sin efecto en los ayuntamientos bajo las siglas populares, empezando por el de la capital de España.

Pero el Gobierno ya contaba con estos riesgos antes de parir una normativa que llevaba años estancada en el Congreso de los Diputados. Ferraz se había marcado como objetivo tenerla lista antes de las elecciones del 28-M, precisamente para utilizarla como órdago electoral contra el PP, y forzar a sus presidentes y candidatos autonómicos a explicar en campaña por qué se niegan a limitar la escalada de los precios al alquiler dentro del irrespirable clima del mercado de la vivienda en España. En los cuarteles generales de los grandes partidos, coinciden en que la vivienda es una cuestión especialmente delicada que puede decantar voto, especialmente joven, a uno u otro lado de la balanza, en el que la ideología política puede pasar a un segundo plano.

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PP y PNV van de la mano en su rechazo a la ley, aunque con matices importantes en su posicionamiento. Los peneuvistas centran su rechazo en la invasión competencial, una cuestión que también han agitado con dureza las regiones populares. Isabel Díaz Ayuso ya ha confirmado que acudirá al Tribunal Constitucional por la vulneración de atribuciones autonómicas en la que, a su juicio, incurre el Ejecutivo, una estela que podrían seguir otras regiones, como Andalucía y Castilla y León, que ya tantearon el escenario de acudir a los tribunales. Los populares, no obstante, van más allá de la cuestión competencial y consideran un "asalto inconstitucional" el "carácter intervencionista" de una norma que "atenta contra la propiedad privada".

Las quejas de las autonomías tienen un importante sustento en el informe que hizo al respecto de la ley de vivienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se mostró especialmente duro contra una normativa que invade competencias autonómicas; contradice la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, e introduce límites al alquiler en un terreno "sensible" de la Constitución, a lo que se suma un contenido "farragoso". El Gobierno hizo caso omiso de las advertencias, y mantuvo intacto el contenido pactado en el seno de la coalición y que este jueves ha recibido definitivamente la luz verde de la Cámara Baja.