Las cifras oficiales del CGPJ acercan las rebajas por el solo sí es sí a las 700: 65 excarcelaciones

La entrada en vigor de la norma conocida como ley del solo sí es sí ha provocado al menos 646 reducciones de condena a agresores sexuales y 65 excarcelaciones. Esos son los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de la información facilitada por el Tribunal Supremo (10 reducciones), las audiencias provinciales (599) y los tribunales superiores de Justicia autonómicos (37).

Según informan a El Confidencial fuentes del órgano de gobierno de los jueces, en esa lista faltan los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial de Asturias, por lo que la cifra puede estar ya cerca de las 700 revisiones a la baja.

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La única audiencia provincial en la que no se ha producido ninguna rebaja hasta el momento es la de Ávila. En el caso de los tribunales superiores de Justicia, los de Aragón, Cantabria y Comunidad Valenciana tampoco han aplicado reducciones.

El Tribunal Supremo ha sometido por su parte 26 sentencias a revisión y 10 de ellas han concluido en reducciones de condena. Las mismas fuentes destacan el hecho de que en siete de estos casos las víctimas eran menores, pero carecen de datos para saber si los pedófilos y pederastas vuelven a encontrarse entre los más beneficiados en el resto de tribunales.

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La ley del solo sí es sí entró en vigor el pasado 7 de octubre y las primeras rebajas de condenas se conocieron en noviembre. La situación en torno a esta normativa ha terminado por resultar insostenible para el Gobierno de coalición y el PSOE presentó este mismo febrero una propuesta de reforma en solitario.

Este cambio legislativo solo afectaría a las nuevas agresiones que se produjeran tras su entrada en vigor y en ningún caso frenaría las revisiones de hechos anteriores. Como ya informó El Confidencial el pasado 15 de febrero, los efectos de la ley continuarán desplegándose "durante años", según los cálculos que efectúa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Fuentes jurídicas recuerdan en este sentido que el principio de retroactividad penal obliga a aplicar al reo la legislación que le es más favorable en el periodo que va desde la comisión del delito hasta la extinción de la futura condena. Por ello, todos los procedimientos que están ahora bajo investigación quedarán marcados por la polémica ley y la introducción de modificaciones en el texto no podrá evitarlo.