El Estado afronta un riesgo "real" de tener que indemnizar a las víctimas del solo sí es sí

Las consecuencias de la reforma conocida como del solo sí es sí aún no han terminado. El Estado afronta el riesgo —"muy real", aseguran varios juristas— de verse obligado a abonar indemnizaciones a aquellas víctimas que han visto cómo se reducía la condena de sus agresores sexuales. Según explican diversas fuentes consultadas, existen dos vías para reclamar compensaciones económicas por daños morales: la de la responsabilidad del Estado legislador y la reclamación patrimonial por el funcionamiento deficiente de las administraciones. Varias de las mujeres afectadas por las rebajas de pena se preparan ya para recurrir.

Cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por el funcionamiento deficiente de las administraciones podrá acudir a la vía administrativa y a los tribunales. Una de las opciones consiste en solicitar una indemnización por cualquier lesión que los particulares "sufran en sus bienes y derechos", siempre que sea consecuencia "del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona". Según lo describe la Moncloa, el titular del departamento responsable, en este caso el Ministerio de Igualdad, o el Consejo de Ministros en su lugar, tienen seis meses para responder. Si se produce silencio administrativo o existe discrepancia de la decisión, el ciudadano tiene posibilidad de recurrir en reposición o acudir a la vía contencioso-administrativa.

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Hay, además, otro camino para las mujeres afectadas. Según el ordenamiento jurídico vigente, el Estado tiene obligación de "resarcimiento" como consecuencia de la aprobación de una ley inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea, que provoque un daño económicamente evaluable al ciudadano y que este no tenga el deber jurídico de soportar. El camino se complica ligeramente en este caso, aunque una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a simplificarlo. El pasado junio, el TJUE estableció que la normativa española no garantizaba la efectividad del resarcimiento económico. Entre otras cosas, impuso que la hipotética indemnización no pueda supeditarse a que exista un pronunciamiento previo específico de la Justicia europea. Tampoco a la exigencia de que el particular haya acudido a la vía judicial y que haya obtenido una sentencia firme desestimatoria.

Los casos continúan avanzando y las víctimas han comenzado a organizarse. La primera en hacerlo fue Lucía Castro, una joven sevillana que el pasado jueves activó una cuenta de correo electrónico (afectadas.leysiesi@gmail.com) para plantear la posibilidad de esa reclamación patrimonial al Estado por los "daños y perjuicios" derivados de la rebaja de penas y excarcelaciones a delincuentes sexuales. Pero sobre todo para crear una red de apoyo entre las afectadas. El primer día contactó con tres víctimas, pero durante el pasado fin de semana ya ha alcanzado la docena después de que su idea lograse difusión mediática. "Me ha sorprendido bastante, no me esperaba este apoyo", admite la joven en conversación con este periódico.

En contacto con un abogado

Además de las víctimas, más de 50 personas se han puesto en contacto con Castro, entre asociaciones, psicólogos y abogados, para ofrecerse a colaborar. La joven de 21 años, que estudia para dedicarse a los menores con necesidades educativas especiales, ha impulsado un grupo de WhatsApp para las mujeres que están en su misma situación. "Si no saben si su agresor ha solicitado la rebaja de pena, las ponemos en contacto con un abogado, y si necesitan ayuda psicológica, les ofrecemos un psicólogo", relata Castro, que está centrada en proporcionar "apoyo emocional y acompañamiento" a las afectadas por las reducciones de condenas.

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Castro elude pronunciarse sobre la pugna política que ha desatado la cascada de rebajas de penas en aplicación de la ley del solo sí es sí. Sí reclama a PSOE y Unidas Podemos, como socios del Gobierno, que "rectifiquen" lo antes posible para que las víctimas "dejen de estar en segundo plano". A pesar del éxito que tuvo su convocatoria, ninguna Administración se ha puesto en contacto con la joven sevillana, ni el Ayuntamiento de Sevilla, ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno central. El Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente del Ejecutivo autonómico, ha ofrecido ayuda a las afectadas por las revisiones por la ley impulsada por Irene Montero, pero no lo ha hecho de forma individualizada con Castro, según reconoce ella misma.

La joven decidió poner en marcha esta plataforma animada por su abogado, que fue quien le informó de que su agresor solicitó la reducción de la pena el pasado noviembre. Castro sufrió abusos cuando tenía siete años y ahora ha visto cómo el autor de esa agresión, su tío, ha rebajado su condena de 11 a 10 años y seis meses en aplicación de la ley. "Vergüenza" e "indignación" son las dos palabras con las que define su sensación cuando descubrió la situación y fue eso lo que la animó a actuar, aconsejada por el responsable de su defensa, Manuel Manzaneque. "Lo principal es crear una plataforma para que las víctimas puedan ofrecer una respuesta conjunta", explica el jurista, que admite que la idea de la reclamación patrimonial es algo "embrionario" y que todavía tiene que estudiarla.

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Como adelantó este diario hace unos días, las consecuencias de la reforma legislativa no se detendrán, a pesar de la contrarreforma que tramita en la actualidad el PSOE con la oposición de sus socios de gobierno. Los cambios que han introducido los socialistas para tratar de corregir los efectos de la norma que el Ministerio de Igualdad abanderó en los primeros meses de andadura del Gobierno no tendrán efecto ni en los casos con condenas ya dictadas ni sobre los que se encuentran en instrucción, y solo podrán aplicarse a hechos nuevos.

Mientras tanto, el goteo de reducciones continúa. Hasta este lunes, el número de agresores beneficiados por la ley era de al menos 545, cifra que une revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma, según el recuento efectuado por Europa Press. En concreto, son 37 casos más que en la última semana, cuando el número de individuos que vieron rebajada sus condenas alcanzó los 507. En las últimas 24 horas, se añadió un nuevo caso. Casi medio centenar de delincuentes sexuales han sido excarcelados a consecuencia de las reducciones.