La sombra de corrupción en el Puerto de Cartagena abre una grieta a López Miras

La sombra de corrupción en el Puerto de Cartagena, desvelada en exclusiva por El Confidencial, le ha abierto a Fernando López Miras una grieta inesperada antes de las elecciones autonómicas. El presidente de Murcia tenía en su agenda cuestiones como remodelar el Ejecutivo o revalidar su mandato, pero ahora se enfrenta a una empresa mayor. La querella que la Fiscalía ha presentado contra dos de sus ex altos cargos, Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla, por amañar presuntamente contratos públicos con la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) en favor de varias empresas. Aunque las instituciones portuarias dependen del Estado, ambos nombramientos fueron designados desde las filas del PP.

Muñoz es la actual presidenta del Puerto cartagenero, pero antes fue secretaria general en las consejerías de Fomento y Educación. Sevilla, que también dirigió la APC entre 2014 y 2018, ocupó el cargo de consejero de Obras Públicas. La noticia pone en la picota al propio Gobierno regional cuando quedan cuatro meses para las elecciones autonómicas y municipales, fijadas el 28 de mayo. Las pesquisas determinarán si realmente estas personas favorecieron o no a ciertas compañías con información privilegiada, a fin de que ganaran contratos con el Puerto, o manipularon a conciencia sus calificaciones en las ofertas para alterar los resultados. Puede que, incluso, se destape a otros personajes implicados. Pero la sombra de la corrupción ya ha caído sobre el PP de Murcia.

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La alcaldesa de Cartagena desde 2021, Noelia Arroyo, del PP, fue rápidamente a ofrecer declaraciones tras publicarse la información. Aunque los principales salpicados hasta el momento, Muñoz y Sevilla, son nombramientos directos de su partido, pidió a la Autoridad Portuaria que fuera "transparente" y "colabore" con la Justicia para agilizar que haya conclusiones claras. "Es una de las instituciones más importantes de la región y es clave para Cartagena", reconoció, urgiendo a "despejar" cualquier atisbo de duda. No obstante, también pidió prudencia y "respetar" la presunción de inocencia hasta que llegue por vías oficiales la denuncia del Ministerio Fiscal, de la que dice no tener constancia aún. Esta misma semana, Arroyo se vio sacudida por una alianza entre varios partidos después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera "irregularidades" en el contrato de limpieza que la compañía Lhicarsa tiene con el Consistorio cartagenero.

Fue en mitad de la polémica cuando surgió este nuevo varapalo, que amenaza con sacudir también al Gobierno regional. Aunque la oposición ya ha intentado utilizarlo. El PSOE de Cartagena se apresuró a decir en sus redes sociales que el PP de López Miras es "una fábrica de corrupción" allá donde gobierna. En la misma línea se manifestó la portavoz y vicesecretaria general de los socialistas a nivel autonómico, Carmina Fernández, quien fue muy dura contra los populares. Los acusó de estar "acostumbrados" a usar las instituciones y los cargos públicos en beneficio propio o ajeno. En el PSOE-RM garantizan que, si se confirman las sospechas, este "no será el último caso de corrupción" que señale a los de López Miras.

La candidata y portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, salió a exigir la dimisión de la directora de la Autoridad Portuaria ante las informaciones publicadas por El Confidencial. Marín pidió una comparecencia urgente del presidente López Miras y solicitó el cese "inmediato" de los altos cargos investigados. En estos momentos, tras la disolución del grupo parlamentario de Vox, la diputada morada comparte espacio en el Parlamento con la exconsejera de Educación, Mabel Campuzano, recientemente relegada por el presidente murciano. Tanto Campuzano como dos de sus compañeros, Juan José Liarte y Francisco Carrera, pasaron al grupo mixto tras dinamitarse la marca autonómica de Vox por conflictos internos, que implicaron a la dirección nacional de Santiago Abascal.

Lo mismo ocurre con ciertos miembros independientes de Ciudadanos, en guerra con la dirección del partido tras la moción de censura fallida. Tanto la diputada Ana Martínez Vidal, cara visible en el intento de derrocar a los populares y defensora de Edmundo Bal en las primarias; como la dirección oficialista de Cs, que ahora coordina María José Ros, se pronunciaron o compartieron en sus redes la noticia que señala esta supuesta trama que salpica al Partido Popular. Los hechos que investiga la Fiscalía pueden incurrir en delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada.

Según la información a la que tuvo acceso este periódico, la querella también se dirige —más allá de políticos del PP— contra el ex director general del Puerto, J.P.V; la jefa del área de Planificación y Gestión de la Autoridad Portuaria, M.J.B.; y el director general del Departamento de Instalaciones, J.S.M. También desde Vox Murcia, los potenciales aliados de López Miras en unas próximas elecciones, se pronunciaron al respecto. La cuenta de la formación comparó al Partido Popular con el PSOE, asegurando que ambos "saquean" la región.

Cronología y quién es quién

La línea cronológica es la siguiente. Uno de los dos ex altos cargos señalados, Antonio Sevilla, accedió al frente de la APC hace casi una década, en 2014. Para ello, dejó su cargo como consejero de Obras Públicas de la Región de Murcia y se incorporó a la dirección portuaria. Aunque el nombramiento oficial lo hace el Ministerio de Fomento, los perfiles son a propuesta de las comunidades autónomas. Su predecesor, Adrián Ángel Viudes, había sido delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica y concejal por la UCD (Unión de Centro Democrático, el partido extinto que en la Transición lideró el expresidente Adolfo Suárez) en el Ayuntamiento de Murcia tras ser tocado por el anterior líder regional, Ramón Luis Valcárcel (1995-2014).

Valcárcel, que llegó a ser vicepresidente del Parlamento Europeo con el Partido Popular, también anda ahora en serios problemas legales. El famoso caso de la desaladora de Escombreras abrió en octubre segundas diligencias que salpican al exlíder del PP murciano, a un paso de acabar en el banquillo. La Audiencia Provincial de Murcia investiga desde hace tiempo las posibles irregularidades en el proyecto para la planta, y en abril revocó el archivo de la causa contra Valcárcel. Meses después, un auto señaló que el exmandatario ordenó adquirirla y conocía, por tanto, cada paso dado para su contratación, sabiendo que no existían informes técnicos ni de fiscalización económica suficientes, según la sentencia. La acusación popular pide 13 años de cárcel para él por malversación y fraude en las subvenciones públicas.

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En la disputa interna por liderar el PP de Murcia, que enfrenta al actual presidente con las eternas aspiraciones de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, Valcárcel siempre apostó por la segunda candidata. A Antonio Sevilla lo forzaron a cesar como presidente de la Autoridad Portuaria ya después de su mandato, una vez aterrizado López Miras al frente del Ejecutivo. La nueva cúpula del PP lo apartó del cargo en favor de uno de sus hombres de confianza, Joaquín Segado. "No me esperaba mi relevo", confirmó entonces el propio Sevilla. "El presidente sabrá por qué lo hace. No me prometió nada, ni tiene que hacerlo", añadió. Su sucesor tan solo estuvo un año al frente del Puerto. En 2019 dio el salto como diputado regional y ocupó uno de los escaños del PP en la Asamblea, donde actualmente ejerce como portavoz parlamentario.

También era, hasta hace muy poco, el presidente de su partido en la ciudad portuaria, pero anunció su renuncia para ceder el testigo a la actual alcaldesa. Lo hizo prácticamente a la vez que el cerco judicial se estrechaba sobre Valcárcel por la desaladora de Escombreras, en la misma semana en que la Audiencia Provincial decidió seguir investigándole. La corta etapa (un año) que Segado pasó al frente del Puerto sirvió de enlace entre la presidencia de Sevilla y la que, tras él mismo, seguiría con Yolanda Muñoz. Muñoz accedió al cargo en 2019. Venía de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura. Aunque ambas competencias ya no van juntas, y ahora Cultura pertenece a Turismo tras un rifirrafe político que protagonizaron por los rebeldes de Vox, entonces era ella la encargada del departamento.

Al presidente murciano le estalló la noticia en mitad de la Feria de Turismo. López Miras sacó a relucir trofeos nada más arrancar FITUR, exhibiendo una mayor inversión presupuestaria para promocionar la Región o agitando el logro del AVE a Murcia, que al fin crea una conexión directa con la capital del país. Pero esta nueva grieta amenaza con truncar sus planes electorales, y puede dañar la imagen del PP a cinco meses de los comicios. La próxima cita en las urnas será decisiva para Miras. Si puede o no gobernar sin depender de Vox es la X en la ecuación.

El último barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), que se publicó en noviembre, dejó al PP a tres diputados regionales de la mayoría absoluta. La encuesta dio 20 escaños a López Miras y lo dejó en manos de José Ángel Antelo, el secreto a voces que Vox tenía bajo la manga para disputarle la presidencia autonómica. Aunque los de Abascal advirtieron una ligera caída desde el sondeo anterior, seguían siendo decisivos con ocho parlamentarios. Los populares quieren apurar cuantas balas sean posibles para evitar concesiones tras el 28-M.