Tezanos ignora el impacto social de la ley del solo sí es sí e induce la opinión sobre el TC

Ni una pregunta sobre la ley del solo sí es sí y las rebajas de penas a los delincuentes sexuales. Una sobre la reforma del Código Penal (sin mencionar los delitos de malversación y sedición). Y cuatro sobre el bloqueo del Tribunal Constitucional y la actuación de los jueces con el mandato caducado. El balance de las preguntas del barómetro de enero del CIS muestra cómo José Félix Tezanos ha obviado los efectos demoscópicos de las últimas medidas polémicas impulsadas por el Gobierno y ha centrado sus preguntas al respecto sobre un asunto en el que el Ejecutivo sale bien parado.

En el sondeo, elaborado entre el 2 y el 12 de enero, los encuestadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntan directamente qué partido consideran responsable del bloqueo del tribunal de garantías. El 39% de los participantes en la encuesta considera que el PP fue el culpable del atasco, mientras que solo el 17,7% señala al PSOE por esta situación, que provocó una crisis institucional formidable.

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Hay otras dos preguntas que coinciden con los argumentarios que han salido de la Moncloa y Ferraz en toda esta polémica. La primera aborda la idoneidad de que los jueces del Constitucional con el mandato caducado participasen en las votaciones de las que dependía su futuro. La segunda reclama un posicionamiento sobre que los jueces puedan "prohibir al Parlamento debatir leyes", en alusión al veto que el TC impuso sobre la votación de la reforma del modelo de elección de los jueces que debía celebrarse en el Senado a finales de año.

En estas dos cuestiones, la mayoría de ciudadanos coincide con las tesis que defendía el Ejecutivo. Casi tres de cada cuatro (73,6%) ven mal o muy mal que los magistrados con el mandato caducado participasen en la votación sobre su futuro. La inmensa mayoría de votantes del PSOE (85,2%) y Unidas Podemos (85,6%) son de esta opinión, pero el porcentaje en PP y Vox también es alto, con el 51,9% en el caso de los populares y el 58,8% de quienes apoyaron a Santiago Abascal. Por contra, solo el 15,5% de los participantes en el sondeo defiende la posición que tomaron estos magistrados participando en la votación.

La pregunta sobre la reforma del Código Penal no indaga sobre el posicionamiento del ciudadano, como sí ocurre con las cuestiones sobre el TC

Algo similar ocurre cuando se pregunta a los ciudadanos, de forma velada, por el veto del TC a que el Senado aprobase de forma definitiva la reforma sobre el modelo de elección de los jueces. La mayoría vuelve a estar en contra de la intervención del tribunal de garantías, ya que un 57,2% de los participantes en el sondeo rechaza esta prohibición sobre el debate en las Cortes y el 29,4% considera que el tribunal tiene potestad para parar este tipo de votaciones.

En este caso, sí hay un diferencial entre quienes apoyan al PP y a Vox, que se muestran favorables a que el Tribunal Constitucional paralice debates en el Congreso y el Senado. En el caso de los votantes populares, hay un 56,1% que defiende esta posibilidad, frente al 28,7% que cree que no pueden bloquearse debates en las Cortes. Los afines al partido de Santiago Abascal son favorables al veto en un 62,7%, frente al 27% que lo rechaza.

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Sobre la reforma del Código Penal, que incluye la eliminación del delito de sedición y retoca el de malversación, Tezanos solo pregunta por el conocimiento de esta iniciativa. Recuerda que se aprobó el 15 de diciembre, pero no alude a los citados delitos con la precisión que sí incluyen las otras preguntas ni indaga sobre el posicionamiento de los ciudadanos sobre este asunto espinoso para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo único que se puede deducir de la pregunta es que tres de cada cuatro personas (73,7%) estaban al tanto de la reforma, un porcentaje que es sustancialmente mayor en caso de votantes de PP (83,8%) y Vox (80,1%).

Ni rastro del solo sí es sí

No hay ni rastro de preguntas en relación con la ley del solo sí es sí y las rebajas de las penas que está generando su articulado en determinados delincuentes sexuales al aplicar la pena más beneficiosa para el reo. El PP habla de decenas de estos casos y está utilizando esta situación como munición para contraatacar al Gobierno en medio de la polémica del aborto en Castilla y León. Este miércoles, la portavoz de PP andaluz, Maribel Sánchez, ha asegurado que las peticiones de protección al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) han aumentado desde que comenzaron a hacerse públicas estas reducciones de penas.

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Sánchez aceleró en lo posible para aprobar la reforma del Código Penal y la ley de elección de los jueces del Constitucional, en un intento por dejar zanjados estos asuntos antes del final de año. La tesis de la Moncloa pasaba por empezar 2023 con estas polémicas despejadas para centrar el discurso en la economía, la agenda social del Ejecutivo y preparar el camino hacia las municipales de mayo y, después, las generales, que están previstas para final de año. Las medidas contra el aborto que defiende Vox en Castilla y León han servido para echar más leña al fuego que Sánchez quiere prender sobre Alberto Núñez Feijóo.