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ERC se jacta de tener el camino despejado para otro referéndum
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Reforma a la carta del Código Penal

ERC se jacta de tener el camino despejado para otro referéndum

Junqueras vuelve a poner sobre la mesa un referéndum, sin descartar la vía unilateral, mientras el Congreso tramita su reforma a la carta del Código Penal, que convierte el riesgo para los independentistas en asumible

Foto: El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras (d), charla con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Marta Pérez)
El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras (d), charla con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE/Marta Pérez)

ERC es la gran beneficiada de la supresión de la sedición y la reforma de la malversación que el Congreso de los Diputados tramita a toda velocidad, a las que previsiblemente dará luz verde este mismo jueves, y sus portavoces están aprovechando estos días para dejarlo claro. Mientras el PSOE intenta sellar las fisuras abiertas por una reforma muy criticada por Page, en Cataluña y en Madrid, los republicanos exigen un referéndum de autodeterminación, cuando los cambios en el Código Penal ni siquiera han sido sometidos a votación en la Cámara Baja. El cemento de unas modificaciones que pueden pasar una seria factura electoral al PSOE aún no se ha secado, pero hoy ERC las rebaja a meros pasos que caminan "muy lentamente" en la dirección adecuada.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reivindicó este martes su exigencia del referéndum, sin descartar el recurso a la vía unilateral. Los republicanos presentaron el lunes su ponencia política de cara a su congreso del 28 de enero, que desglosa las claves de la consulta que ansían realizar. Junqueras ha reiterado en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 que “organizar un referéndum no está en el Código Penal”, para recuperar la idea de que la vía unilateral sería, a su entender, "democrática".

Casi al mismo tiempo, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamaba el referéndum como solución al "conflicto político", si bien, a diferencia de Junqueras, se refería a esta consulta como "una solución multilateral" que debería implicar a "un montón de actores políticos", sin contemplar la vía unilateral. Por eso evitaba avanzar una fecha siquiera aproximada para la celebración de la consulta, pero afirmaba que, si por ellos fuera, se celebraría "mañana o esta tarde". Rufián, además, rechazaba que la reforma se haya negociado pensando en “situaciones personales”, en referencia a los líderes del procés condenados e indultados que se beneficiarán de estos cambios, o al resto de independentistas que pueden afrontar el banquillo, para insistir en que se ha hecho con la vista puesta en las “futuras generaciones”.

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Eran dos discursos con importantes matices, pensados en clave catalana y nacional, y que se veían amplificados por la respuesta de la Generalitat, después de que la Moncloa cerrara la puerta al referéndum. "Han dicho que no a tantas cosas que luego han acabado pasando, que vamos a seguir trabajando", respondió la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. En su caso, como en el de Rufián, Plaja se refería a una consulta pactada, pero las palabras de Junqueras ya habían cumplido su objetivo. El Govern llevaba semanas recordando esta exigencia, si bien ha decidido redoblar la presión en un momento en que los partidos que sustentan al Ejecutivo están forzando las máquinas para concederles esta polémica reforma.

Lo cierto es que la última modificación del Código Penal del Gobierno abre la vía para que el riesgo sea asumible, inferior al que tendrían que afrontar de no aplicarse estos cambios. La convocatoria de un referéndum como el que reclama Junqueras ya no podrá castigarse con penas de sedición y tendría que perseguirse o bien por rebelión, que afecta a quienes se alcen de forma “violenta y pública” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o bien por desórdenes públicos, aplicable si se generan hechos que alteren “la paz pública”.

Foto: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante un acto celebrado el mes pasado en Girona. (EFE/David Borrat)

El caso del 1-O, por ejemplo, es difícil de encajar en ninguno de los dos supuestos: en su día, a pesar de los planteamientos de la Fiscalía del Supremo, que siempre reclamó condenar por rebelión, la Sala de lo Penal del alto tribunal acabó validando las tesis de la Abogacía del Estado, para atribuir a los dirigentes del procés un delito que, en escasas semanas, no existirá, y otro que verá rebajadas significativamente las penas que acarrea.

El desvío de fondos para nutrir la infraestructura de un nuevo referéndum de autodeterminación ha quedado tan descafeinado que les saldría prácticamente gratis a quienes se arriesguen a participar en su organización. Las nuevas penas previstas para el delito de malversación permiten una reducción de las condenas hasta su mínima expresión si no se consigue demostrar que el uso de fondos públicos ha entorpecido "de forma grave el servicio al que estuviese consignado".

Foto: La nueva dirección de ERC, encabezada por Pere Aragonès (i) y Oriol Junqueras. (EFE/Quique García)

Se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión, entre dos y seis años de inhabilitación, si "resultare daño o entorpecimiento graves", y sin cárcel inhabilitación de uno a tres años y multa de tres a 12 meses— de no considerarse probados esos daños. Además, la devolución de las cantidades empleadas antes de la celebración de juicio deja las condenas en solo unos meses y ni siquiera implicaría la entrada en prisión.

El PSOE recuerda el 155

En esta reforma exprés de la malversación, desenterrada públicamente hace una semana por el propio Pedro Sánchez —el mismo que aseguró que no se reducirían las penas—, ha habido que esperar hasta cinco días después, el domingo, para que el jefe del Ejecutivo reconociese que esta es una de sus apuestas para rebajar la tensión con Cataluña. En esta semana, el socio minoritario reconocía que la modificación "obviamente" beneficia a ERC, que el PSOE sí negoció la enmienda que presentaron inicialmente los republicanos, mientras trataban de desligarse de cualquier posible rebaja de penas a condenados por corrupción, retirando su firma, pero apoyando estas modificaciones.

El PSOE, por su parte, dejó en manos del portavoz parlamentario, Patxi López, darle la vuelta al marco discursivo que rodea una norma que ha llevado a Emiliano García-Page a criticar a Sánchez por "pactar con delincuentes su propia condena". López rechazó responder a estas palabras del barón socialista —"No coincidimos y ya está"—, para afanarse en vender que esta reforma es "buena para la convivencia y la concordia", aunque se trate de una apuesta "arriesgada".

Mientras en su partido reconocían que ha faltado pedagogía, trabajo para intentar explicar esta reforma, el portavoz en el Congreso peleaba por convencer de que la estrategia del Ejecutivo en Cataluña "funciona", y de que el Estado aún cuenta con mecanismos contra el independentismo, como el delito de rebelión o el artículo 155 de la Constitución. "Este Gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia, ninguno", prometió.

En la Moncloa restan importancia a las palabras de los portavoces de ERC, incidiendo en que es una posición del partido, enfocada en su congreso, que trasciende hoy por los tiempos que manejan para presentar la ponencia. Una cuestión interna, sostienen, que no tiene que ver con las conversaciones que mantiene el Gobierno con la Generalitat en la mesa de diálogo.

Foto: El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. (EFE/David Borrat)

En lo que toca al referéndum, se muestran tajantes y aseguran que no se producirá porque sencillamente no cabe en el marco constitucional. También recuerdan que el anterior Código Penal tampoco les disuadió de emprender la vía unilateral, y venden que lo que persiguen es restaurar la convivencia. "España ya no se rompe", "en todo caso, lo que se ha roto es el independentismo", "se han quedado sin el victimismo", "sin el España nos roba", se jactaba López.

Solo dos horas antes, desde el mismo atril, Rufián había reclamado el referéndum. Y a apenas 50 metros, tres horas antes de que López tomara la palabra, la Comisión de Justicia había aprobado las enmiendas que incorporaban los cambios en el delito de malversación a la reforma del Código Penal. Saldrá rumbo al Senado en dos días y será realidad antes de que acabe el año. Ni siquiera habrá pasado una semana desde que ERC presentó su enmienda.

ERC es la gran beneficiada de la supresión de la sedición y la reforma de la malversación que el Congreso de los Diputados tramita a toda velocidad, a las que previsiblemente dará luz verde este mismo jueves, y sus portavoces están aprovechando estos días para dejarlo claro. Mientras el PSOE intenta sellar las fisuras abiertas por una reforma muy criticada por Page, en Cataluña y en Madrid, los republicanos exigen un referéndum de autodeterminación, cuando los cambios en el Código Penal ni siquiera han sido sometidos a votación en la Cámara Baja. El cemento de unas modificaciones que pueden pasar una seria factura electoral al PSOE aún no se ha secado, pero hoy ERC las rebaja a meros pasos que caminan "muy lentamente" en la dirección adecuada.

Gabriel Rufián Pedro Sánchez Oriol Junqueras Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
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