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El PP aplaza su reforma de la ley Montero por las dudas respecto a su redacción
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El PP aplaza su reforma de la ley Montero por las dudas respecto a su redacción

Génova no aclara su posición respecto a la diferenciación entre el delito de abuso y violación dentro del Código Penal y congela el registro de un proyecto de ley que anunció hace casi un mes. Feijóo no llevará la norma al Constitucional

Foto: La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, interpela a la ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/J.C. Hidalgo)
La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, interpela a la ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/J.C. Hidalgo)

El pasado 16 de noviembre, el PP abrió formalmente fuego contra el Gobierno a la luz de las primeras reducciones de condenas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La ofensiva parlamentaria era total. El partido anunció una moción exprés en el Senado, una proposición no de ley en el Congreso y un proyecto de ley también en la Cámara Baja para forzar una revisión de la norma que impidiese nuevos incentivos penales a abusadores. De las tres iniciativas, solo la última tendría un carácter vinculante en caso de salir adelante. Pero es la única que se resiste. Casi un mes después de su anuncio, sigue en proceso de elaboración y sin plazo definido para su registro en las Cortes.

Fuentes de Génova explican que el partido está "trabajando duro" para alumbrar un texto bien atado a nivel jurídico que sirva de "alternativa real" a la norma redactada por el Ministerio de Igualdad y que tenga alguna oportunidad de salir adelante en el Congreso, dada la oleada de críticas que ha suscitado el texto incluso entre los propios socios del Ejecutivo. Pero lo que también evidencia la tardanza del primer partido de la oposición en presentar una propuesta que planteó como "urgente" son las dudas internas respecto al contenido de la misma. El punto más delicado es la distinción entre el delito de abuso y violación, que quedó eliminada con la entrada en vigor de ley Montero el pasado mes de octubre y que el PP no descarta mantener en su proyecto de ley.

Foto: Cena de empresa en Navidad.

Fue la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, la que abrió públicamente la puerta a volver a la redacción original del Código Penal, al entender que "era más serio mantener la diferenciación y las penas tal y como estaban establecidas hasta que entró en vigor" la norma impulsada por Irene Montero. Era 17 de noviembre. Hoy, el PP ha dado marcha atrás en esa postura. Y ninguna voz de la dirección nacional, ni siquiera en el entorno de la también secretaria general del partido, aclara si unificarán o no ambos tipos penales en su proposición de ley.

En parte, el PP ya marcó posición cuando rechazó una enmienda de Vox a su proposición no de ley, en la que los de Abascal exigían la derogación integral de la ley de Irene Montero y demandaban una nueva norma en la que no se fusionasen los tipos penales de agresión y abuso sexual. Los populares han tenido una posición muy crítica contra la ministra —llegaron incluso a advertir de un efecto llamada porque "los delitos sexuales son más baratos"—, pero, con el paso de las semanas, han matizado su censura a la totalidad de la norma. "Esto es una ley que tiene cosas positivas, y no se pueden obviar", reconocía la propia Cuca Gamarra a principios de diciembre, cuando el partido organizó una concentración de diputados y senadores a las puertas del Congreso para protestar contra la ley del solo sí es sí.

Foto: Diputados y senadores del PP en un acto contra Irene Montero y la ley del sí es sí. (EFE/Javier Lizón)

Pero los días siguen pasando, y los populares no aclaran aún en qué términos están de acuerdo con Irene Montero y qué partes reformarían. El PP no tiene una postura nítida respecto a la necesidad de consentimiento expreso para mantener relaciones sexuales que contempla la ley, un modelo que Vox sí exige revertir y que constituye el eje central del proyecto. El Gobierno se defiende de las críticas y reitera que la ley se ampara en lo establecido en el Convenio de Estambul de 2014 que firmó España durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El documento no insta expresamente la fusión de los delitos de abuso y violación, pero fija en el consentimiento de la víctima —y no en la violencia o la intimidación— la clave para determinar la naturaleza del delito.

Foto: Detalle de portada de 'El buen sexo'. (Alpha Decay)

Tampoco aclara el PP qué penas consideraría suficientes para los agresores sexuales, aunque en este caso se limitan a volver al sistema punitivo fijado en el Código Penal antes de que entrase en vigor la normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad. Actualmente, la ley Montero tipifica como violación toda penetración sin consentimiento, con penas que van de los cuatro a 10 años. Si se aprecian agravantes, la condena podría ascender a los 12 años, un tramo punitivo inferior al anteriormente establecido en la ley. Las penas anteriores a la ley pueden revisarse con base en el "principio general de retroactividad de las sanciones más favorables" recogido en el artículo 2 del Código Penal.

El PP no recurrirá al TC

Ni la dirección de Génova ni la del grupo parlamentario aclaran cuándo verá la luz su proyecto de ley. Aunque se comprometen a llevarlo a término, lo cierto es que al año le quedan un par de semanas hábiles, y posponerlo a enero implicaría, probablemente, que la polémica se diluyese en otros asuntos. Sánchez abrió también la puerta a un "ajuste técnico" de la ley, lo que podría dejar en nada la contrarreforma del Partido Popular. "No es cambiar cuatro comas", justifican fuentes de la dirección de Génova.

Lo que sí tiene claro Feijóo es que no seguirá el camino marcado por Vox y no llevará al Tribunal Constitucional, como sí ha hecho Santiago Abascal, la ley del solo sí es sí. Entienden los populares que el de los tribunales no es el camino, porque la norma "no es inconstitucional" en sí misma y tiene una gran "complejidad jurídica" que no puede resolverse con el trazo grueso con el que, a juicio de las fuentes consultadas, actúa el partido de ultraderecha.

El pasado 16 de noviembre, el PP abrió formalmente fuego contra el Gobierno a la luz de las primeras reducciones de condenas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La ofensiva parlamentaria era total. El partido anunció una moción exprés en el Senado, una proposición no de ley en el Congreso y un proyecto de ley también en la Cámara Baja para forzar una revisión de la norma que impidiese nuevos incentivos penales a abusadores. De las tres iniciativas, solo la última tendría un carácter vinculante en caso de salir adelante. Pero es la única que se resiste. Casi un mes después de su anuncio, sigue en proceso de elaboración y sin plazo definido para su registro en las Cortes.

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