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Los socios chocan por la malversación y Podemos desautoriza al presidente de su grupo
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Reforma del Código Penal

Los socios chocan por la malversación y Podemos desautoriza al presidente de su grupo

Hay cierto consenso con el delito de sedición, pero no así con la reforma que reclama ERC y que todavía no está contemplada en ningún texto. UP reunirá a su dirección para aclarar su posición tras corregir a Jaume Asens

Foto: El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. (EFE/Chema Moya)
El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. (EFE/Chema Moya)
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La supresión del delito de sedición es la prioridad de la reforma del Código Penal diseñada por el PSOE y Unidas Podemos, pero este cambio normativo puede servir como llave para que el socio minoritario y los aliados parlamentarios planteen cambios que vayan mucho más allá. El ejemplo de mayor calado es la revisión del tipo de malversación, el otro ilícito por el que fueron condenados los dirigentes del procés independentista y el mismo que, previsiblemente, conllevará la entrada en prisión de José Antonio Griñán, expresidente socialista de Andalucía. Los morados, todavía sin una posición fija, desautorizaron este martes al presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que 24 horas antes abogó modificar este delito, diferenciando entre quienes se hayan lucrado de la malversación y quienes no hayan recibido un euro.

El Gobierno de coalición quiere forzar la máquina para aprobar la reforma cuanto antes, en escasas semanas, a pesar de que Unidas Podemos ni siquiera tiene claras las enmiendas que presentará ante la proposición de ley ya registrada, ni tampoco una posición compartida sobre la modificación de la malversación. Ni siquiera descartan reclamar cambios sobre la regulación que puede afectar a las protestas sociales. Fuera de este grupo, ni siquiera hay un texto que sirva de base para negociar.

Foto: Luis Planas, Gabriel Rufián y María Jesús Montero. (EFE/Chema Moya)

La cuestión es peliaguda. Si bien hay cierto consenso entre los socios en lo que toca a la sedición (EH Bildu o Más País están a favor, mientras que el PNV está estudiando la propuesta), el debate sobre la malversación es mucho más complejo. Que los republicanos, aliados decisivos del Ejecutivo en el Parlamento, abanderen ahora una modificación "quirúrgica" de este delito de corrupción —todavía por concretar— goza hoy con cierto apoyo del partido encabezado por Íñigo Errejón, pero también cuenta con los receleos de aliados como Joan Baldoví (Compromís). De momento, ERC sólo quiere modificar este delito cuando vaya ligado a la sedición, lo que de facto se acotaría a los dirigentes del procés condenados por el Tribunal Supremo.

Unidas Podemos no tiene una postura de grupo en lo que toca a la malversación, ni siquiera con respecto a la sedición, y amaga con presentar distintas enmiendas. El responsable de las negociaciones hasta la fecha, Jaume Asens, presidente del grupo y líder de los comunes, afirmó el lunes que se decantaban por una reforma que acote mejor el delito de malversación, para después verse desautorizado.

Planteó diferenciar entre quienes se hayan lucrado y quienes no hayan percibido un euro en sus bolsillos —como ocurre con los independentistas y con el propio Griñán—. Fue el portavoz parlamentario del grupo, Pablo Echenique, también dirigente de Podemos, quien aseguró este martes que la posición planteada por Asens no podía ser atribuida al grupo parlamentario en su conjunto y que aún deberían fijar posición. Asens se mantuvo en silencio durante toda la jornada.

Antes, el propio Asens reclamó que la modificación de la malversación restaurase la situación causada por la reforma “torticera” y ad hoc del PP en 2015, ideada tras la consulta independentista del 9-N de 2014. Además, según fuentes parlamentarias, el líder de los comunes quiere que esta revisión del Código Penal sirva para actualizar el título XV, que tipifica los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Foto: Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. (EFE/Mariscal)

Son media docena de delitos, desde emplear o dar ocupación de forma reiterada a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, pasando por traficar de manera ilegal con mano de obra, hasta generar “una grave discriminación en el empleo” contra alguna persona (por su ideología, creencias, sexo, etc.). Y tiene el aval de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que Podemos pasa por un momento particularmente tenso.

Desde que PSOE y Unidas Podemos registraron la reforma, los morados, primero con discreción y después abiertamente, han acusado a Yolanda Díaz y a Jaume Asens de mantenerles a oscuras, para luego añadir que las posiciones del líder de los comunes no representan al grupo parlamentario. No es la primera vez que Podemos afea a Díaz que actúe de esta forma.

Foto: Ione Belarra y Yolanda Díaz en una imagen de archivo. (EFE/Fernando Alvarado)

Asens, que el lunes justificó no haber dado detalles por la necesaria “discreción” de las negociaciones, para evitar filtraciones, rechazó que estos cambios, con la nueva figura de desórdenes públicos agravados, puedan perjudicar las movilizaciones sociales. Abogado de profesión, él es quien ha capitaneado esta reforma, y el lunes llevaba aprendidos varios ejemplos concretos de los cambios en la ley para reforzar sus tesis. "Es verdad que hay algunas cuestiones del Código Penal que no nos gustan, pero quien diga que esta propuesta es peor que la del PP está mintiendo a la ciudadanía", advirtió.

Precisar los márgenes

En lo que toca a las protestas sociales, Podemos coincidía en su preocupación con EH Bildu o con el que fuera su excompañero de filas Íñigo Errejón (Más País), en lo que toca al derecho de protesta.

Fuentes de Más País sostienen que, si bien el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados “rebaja sustancialmente las penas” con respecto a la sedición, y la redacción es “mucho más clara en relación con el uso de la violencia que la actual norma”, hay poca precisión en dos nociones importantes en la actual redacción de la proposición de ley: la de “multitud” y la definición de la "gravedad de la alteración del orden público".

Foto: La líder de JxCat, Laura Borràs (i), y el secretario general del partido, Jordi Turull. (EFE/Enric Fontcuberta)

Les preocupa el “riesgo” de esta falta de precisión, que podría “imponer mayores límites al ejercicio de determinadas protestas”, aseguraban. Junts per Catalunya (JxCAT) o la CUP iban más allá y rechazaban la reforma de la sedición, alertando del impacto que podría tener en las protestas sociales. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha amenazado con registrar una enmienda de totalidad, y ha rechazado ser "cómplice" de ERC en su esfuerzo, compartido con el PSOE, por extraditar a Carles Puigdemont.

Más allá de la lectura en clave de pugna electoral en Cataluña entre ERC y JxCAT, y de las múltiples dudas que aún despierta esta reforma, la mayoría de socios celebra los cambios en el delito de sedición, y tratarán de aprovechar la apertura del Código Penal en su favor. Lo que toca al delito de malversación es otra historia, más compleja y sensible, y muchos están aún lejos de poder posicionarse.

La supresión del delito de sedición es la prioridad de la reforma del Código Penal diseñada por el PSOE y Unidas Podemos, pero este cambio normativo puede servir como llave para que el socio minoritario y los aliados parlamentarios planteen cambios que vayan mucho más allá. El ejemplo de mayor calado es la revisión del tipo de malversación, el otro ilícito por el que fueron condenados los dirigentes del procés independentista y el mismo que, previsiblemente, conllevará la entrada en prisión de José Antonio Griñán, expresidente socialista de Andalucía. Los morados, todavía sin una posición fija, desautorizaron este martes al presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que 24 horas antes abogó modificar este delito, diferenciando entre quienes se hayan lucrado de la malversación y quienes no hayan recibido un euro.

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