El Gobierno pisa a fondo en el Congreso: quiere tramitar juntos sedición, impuestos y PGE

El Gobierno está decidido a aprobar cuanto antes la reforma por la que suprime el tipo penal del delito de sedición, y a hacerlo lo más lejos posible de las municipales y autonómicas de mayo de 2023, visto el previsible coste electoral que puede suponerle al PSOE. No quiere que se prolongue más que algunas semanas, lo mínimo que permite una tramitación de urgencia. Pero, además, los partidos que integran el Ejecutivo está decididos a pisar hasta el fondo el pedal del acelerador, para reunir en un mismo día de actividad varias normas de enorme peso, empezando por los presupuestos generales del estado para 2023, la norma de mayor rango que se tramita en la Cámara.

La previsión de los grupos socialista y Unidas Podemos es que el jueves 24, en apenas 10 días, el pleno vote la admisión a trámite de la proposición de ley que suprime la sedición y la sustituye por el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados. Pero, además, los grupos que sustentan al Gobierno quieren que coincida con el debate y la votación en pleno de una iniciativa del calibre del nuevo impuesto a la banca y a las energéticas, que engloba, además -vía enmienda- la creación del nuevo impuesto a las grandes fortunas.

La enmienda que regula la creación del nuevo tipo impositivo, además, fue registrada por PSOE y UP el 10 de noviembre; por lo que el texto definitivo en el Congreso estaría listo sólo 14 días después. Y, según fuentes parlamentarias, todo ello coincidirá en la Cámara justo después de que ésta de luz verde -o tumbe- los presupuestos, que después serán remitidos al Senado. Esto da cuenta de las prisas por actuar de un Ejecutivo -y, en especial, del PSOE-, que ve cómo el trabajo se amontona en la Cámara -las cuentas tienen prioridad sobre el resto de iniciativas-, y que además quiere soltar el 'lastre' legislativo que pueda perjudicarle en mayo.

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En este escenario, la reforma de la sedición es especialmente sensible, más si cabe después de abrir la puerta también a la posible reforma del delito de malversación. Por mucho que el PSOE trate de forzar la máquina parlamentaria al máximo, los cálculos de diversas fuentes señalan que al menos requerirán de otras dos semanas, tras la admisión a trámite el 24, para que la norma obtenga luz verde en la Cámara Baja, y después deberá ser remitida al Senado.

Teniendo en cuenta que en la segunda semana de diciembre no hay pleno, la reforma difícilmente será remitida a la Cámara Alta antes de la semana del 12 al 16 de diciembre, dentro de un mes. Aprobarla de forma definitiva antes de acabar el año supondría seguir corriendo, pero sería posible. La previsión es que la Junta de Portavoces, que ordena los trabajos, se reúna en sesión extraordinaria este viernes, y sea ahí cuando se apruebe convocar un nuevo pleno, a celebrar inmediatamente después del que ya está convocado para votar las cuentas públicas.

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Es decir, tras una jornada maratoniana: el pleno sobre los presupuestos arrancará el lunes, a las 15.00 horas, y continuará hasta el jueves, todos los días, en sesión programada desde las 9.00. En este tipo de pleno, cada uno de los ministros defiende su sección y debate con los partidos las enmiendas y los votos particulares que siguen vivos; en función a factores como la forma en que se voten las enmiendas, pueden ser algunas horas más o algunas menos, pero serán jornadas largas.

Como recordaban fuentes parlamentarias, a esto se suma lo poco habitual que resulta que el debate de los presupuestos coincida con la tramitación de otra ley (los nuevos impuestos temporales) cuyos ponentes son, en su mayoría, los mismos, al tratarse de iniciativas económicas. En el palacio de la Carrera de San Jerónimo, los grupos asumen que están a las puertas de unas jornadas maratonianas. Así seguirán, al menos, hasta finales de año. Después crecerá, aún más, la influencia de la precampaña.