Jaume Asens, la mano que mece la cuna de la sedición (y asesoró a Puigdemont)

Hubo momentos en los que Jaume Asens llegó a dar por imposible la supresión del tipo delictivo de sedición en el Código Penal. El presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, hombre fuerte de los Comunes de Ada Colau en Madrid, celebró el viernes el acuerdo con el PSOE para eliminar este tipo e introducir uno nuevo, desórdenes públicos agravados, que reduce en un tercio las penas máximas de prisión (hasta un máximo de cinco años). "Hoy es un día importante para la democracia", aseguró.

Asens es la mano que ha mecido la cuna de la reforma durante casi tres años, con varios "altibajos" en la negociación, y con periodos en los que el texto hibernó durante meses en un cajón. Ha sido el puente de su espacio político con el universo independentista, un férreo defensor del diálogo entre el Gobierno y Carles Puigdemont y es muy cercano al exconseller Toni Comín, que acompañó al expresident en su huida a Bélgica. Según recoge el libro del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye —Ahí lo dejo. Crónica de un proceso—, el dirigente de los Comunes incluso habría asesorado al expresident sobre su fuga.

Ya concurrió a las elecciones de noviembre de 2019 reclamando modificar el delito de sedición, justificándose en la necesidad de homologar las penas a los tipos delictivos de la UE y en la importancia de rebajar la tensión con Cataluña. El primer paso en la estrategia compartida con el PSOE fueron los polémicos indultos a los dirigentes condenados por liderar el procés —que Asens defendió desde el primer minuto— y, este viernes, el Ejecutivo se ha atrevido a dar el paso con el que lleva amagando desde el arranque de la legislatura. La última semana ha sido "decisiva", es cuando se han acelerado los acontecimientos, y el líder de los comunes espera que la reforma esté en vigor antes de que acabe el año. Ha sido uno de sus principales caballos de batalla, cree firmemente en esta vía, y, a diferencia de sus socios del PSOE, que diluyen su supresión aludiendo a otros aspectos de esta reforma, el jurista y filósofo catalán la defiende a capa y espada.

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Es la misma modificación con la que Asens sugería que Puigdemont no podría ser condenado más que por malversación y llega en plena recta final de la negociación de los Presupuestos Generales para 2023, que se votarán en la Cámara Baja en algo más de 10 días, aunque PSOE y UP se esfuercen por desvincularla de las cuentas públicas. También es la misma modificación que ya ha cosechado una advertencia de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, que destacó el "secretismo" con el que fue negociada. En el entorno del líder de los comunes, mientras tanto, reconocían que no incluye todos los aspectos que les habría gustado abarcar, pero sacaban pecho por acabar con la sedición, una "espada de Damocles" que pendía sobre el derecho a la protesta: "El objetivo principal se ha logrado".

En su día, Asens también planteó acotar mejor el delito de rebelión, pero esta cuestión ha quedado finalmente fuera de la proposición de ley registrada este viernes. Hoy, en su espacio político, no ven prioritario modificar este tipo delictivo y ponen en valor el esfuerzo realizado para convencer al PSOE de la necesidad de "transitar a otro marco" mediante la presión ejercida con sucesivos pronunciamientos públicos, a los que Pedro Sánchez no quería responder con fechas.

"Al principio, en Unidas Podemos estábamos muy solos", requirió de un "proceso de maduración", apuntan. El propio presidente del Gobierno afirmaba desde hace meses que estaba decidido a modificar el Código Penal en este sentido, pero negaba una y otra vez que estos cambios tuviesen garantizados los apoyos necesarios en la Cámara Baja.

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Fuentes del grupo parlamentario socialista reconocen que, en los últimos días, sí han apreciado un cambio en ERC —paralelo a los avances en la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat—, y es esta circunstancia la que ha precipitado los acontecimientos. Que el partido de Pere Aragonés —que reclama la amnistía para todos los dirigentes y activistas del procés— haya empezado a ver con buenos ojos lo que describen como una "homologación" con la UE ha prendido una mecha que Asens llevaba tiempo intentando encender.

En el camino, el presidente de UP ha tenido como interlocutores a dos ministros de Justicia distintos (Juan Carlos Campo y Pilar Llop) y al ministro de Presidencia y hombre para todo de Sánchez, Félix Bolaños, que ha llevado el grueso del peso por parte del PSOE. De hecho, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda y líder de UP, Yolanda Díaz, han seguido de cerca los avances de una negociación particularmente sensible para los socialistas, que ya se esfuerzan por convencer de las bondades de esta reforma en pleno año electoral, con la oposición retratando a Sánchez como un "traidor".

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A siete meses de las elecciones municipales y autonómicas, a UP, que lleva por bandera el derecho de autodeterminación, no le perjudica esta reforma en términos electorales, pero el PSOE asume que tendrá que abonar un peaje, aunque aún no conozca su precio.

La polémica ha sobrevolado esta modificación desde el arranque de la legislatura, cuando los socialistas defendían una "reforma integral" del Código Penal y UP ya exigía abordar la sedición por un cauce independiente (febrero de 2020). Poco después, la pandemia forzaba un cambio de agenda y, al arranque de 2022, la respuesta a los estragos económicos y sociales de la guerra de Rusia en Ucrania se imponía como prioridad absoluta. La reforma volvió al cajón, de nuevo.

Iglesias irrumpe en escena

El que fuera líder de Podemos irrumpió en escena a media tarde para llenar el vacío comunicativo dejado por su partido, que se limitó a celebrar la derogación del tipo delictivo a través de un tuit de Ione Belarra, la actual secretaria general morada.

Desde Sevilla, el exvicepresidente segundo señaló el "secretismo" con el que se ha negociado la norma, incluso para los suyos, que son quienes abanderaron estos cambios. Sostuvo haber hablado con miembros de Podemos que "están estudiando muy en detalle una norma que se ha llevado con enorme secretismo"; una norma que ha sido negociada coma a coma por el presidente de su grupo parlamentario. A diferencia de Podemos, que lo ha exteriorizado con especial claridad durante esta semana, los comunes están claramente alineados con Díaz, y son ellos los que han llevado la voz cantante. Asens, además, ha sido durante años cercano a Iglesias, pero hoy goza de la confianza de Díaz.

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En esta línea, Iglesias avisó de que existe "consenso" en "toda la izquierda" de que ninguna norma puede "servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social".

En el grupo parlamentario reconocieron que hay aspectos de esta reforma que no les "gustan", y que les "preocupa" que lo que afecta a las "ocupaciones de entidades como bancos tenga impacto en la actuación de la PAH". Sin embargo, también recordaban que "todo pacto requiere ceder". Asens heredó de Iglesias la presidencia del grupo para servir de puente con las formaciones catalanas, y ha peleado durante tres años para llegar a este resultado: "El objetivo principal se ha logrado", repetían los suyos. En varias ocasiones no habrían apostado un euro por lograrlo.