El PSOE da por amortizado el coste electoral de suprimir la sedición con ERC

Para el PSOE nunca es una buena noticia que la agenda catalana irrumpa en campaña electoral. Menos todavía cuando la derecha pone el foco en las concesiones al independentismo. Al coste electoral fuera de Cataluña de las alianzas con formaciones como ERC, sobre todo en las regiones del interior, se suman los efectos de la división interna o las voces críticas dentro del propio partido sobre los acuerdos fruto de esta relación. A menos de 200 días para las municipales y autonómicas, Pedro Sánchez toma la iniciativa para suprimir el delito de sedición del Código Penal y con ello las penas a los líderes del procés. Y asume los riesgos.

Un paso adelante reclamado por los republicanos y que, si bien unos y otros desvinculan de la negociación para los Presupuestos, acerca posiciones para que Pedro Sánchez pueda llegar con estabilidad al final de la legislatura gracias al apoyo en el Congreso de ERC. La apuesta no está exenta de riesgos, al igual que en su día los indultos a los presos independentistas, como se reconoce en las filas socialistas, pero se da por descontado una mejor y más rápida amortización.

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Pedagogía, celeridad en la tramitación parlamentaria para alejar este asunto lo máximo posible de la precampaña y cierre de filas con los barones —pactando los desacuerdos con los barones que más sufren en sus territorios la normalización de las relaciones políticas con partidos independentistas— son las principales bazas que manejan en Ferraz para su digestión. Hay un convencimiento compartido y casi unánime de que se diluirá el coste electoral del último gesto a ERC. "Estamos seguros de que la gente comprenderá que cuando se trabaja por el bien común, por la convivencia, es positivo para todos", se muestran decididas fuentes de Ferraz. Para ello insisten en el mensaje de que "no hay más condicionantes" ni "nada oculto" más allá de que "trabajamos por dejar un país mejor del que encontramos a nuestra llegada al Gobierno".

En Ferraz se parte de que "no miramos el coste electoral" para poner en valor que el único objetivo pasa por mejorar la "convivencia". La determinación en que esta medida, menos polémica que los indultos, no acarreará costes electorales a la larga o que incluso se podría exhibir como un éxito, al menos en Cataluña, descansa también en la situación por la que pasa actualmente la política catalana. En primer lugar, la desinflamación del conflicto desde que llegó a su punto álgido con el 1-O. En segundo lugar, el desinterés del electorado por estos asuntos.

El temor a una ruptura territorial se ha diluido. Como argumentaba el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tradicionalmente crítico con cualquier acuerdo entre su partido y los independentistas —"no me gusta nada lo que le guste al independentismo"—, la situación difiere de la 2017. "Con el actual Código Penal, al gobierno del PP le hicieron dos referéndums de independencia y una DUI (Declaración Unilateral de Independencia). España se rompía. Hoy, con otro gobierno, lo que se ha roto es el independentismo y el procés. En el entorno de un barón favorable a la eliminación de este delito, lo sintetizan así: "Es un asunto que solo interesa a políticos y periodistas". La opinión publicada, por lo que descartan que la medida pueda pasarles factura en las urnas.

Desde el PSOE creen que la reforma de la sedición solo interesa a políticas y periodistas, por lo que descargan que pase factura electoral

Según justificaba Pedro Sánchez tras anunciar que se llevaría al Congreso este viernes la reforma del Código Penal, la situación política en Cataluña ha pasado de ser la segunda preocupación de los españoles en 2017 a descender hasta el puesto número 41, según el CIS. Una distensión que se atribuye a la política del diálogo y con la que se intenta voltear un hipotético alejamiento del electorado menos sensible a dicha estrategia. "Cataluña era una comunidad en la que la convivencia se había roto: en su interior y con el resto de España. Hoy eso está cambiando", señalan desde Ferraz. Pedagogía y contrapartidas.

Los socialistas destacan que este compromiso en la mesa de diálogo tiene otra contraparte, que sería el rechazo expreso de la Generalitat a retomar la vía unilateral. Según el documento firmado por Gobierno y Govern tras la última reunión de la mesa de diálogo, desde el independentismo "se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas de juego democráticas". Una desescalada de la que hace gala el Ejecutivo y por la que ven factible amortiguar el desgaste por sus alianzas a la hora de acudir a las urnas.

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El Govern no solo ha asumido por escrito el abandono del rupturismo, sino que también ha dejado en un plano secundario la máxima a la que aspiraba: la negociación de una salida al "conflicto político" que pasase por un referéndum. El referéndum, aunque sigue siendo la aspiración del independentismo, ha salido de los grupos de trabajo de la mesa de diálogo para priorizar otras vías más pragmáticas. Al menos de momento, lo que asegura a Sánchez dejar aparcado un controvertido referéndum de cara al proceso electoral del próximo año. Principalmente, para sus barones, de cuya reedición de los gobiernos autonómicos el próximo mes de mayo depende también que el presidente del Gobierno llegue con suficiente oxígeno a las generales de finales de 2023.

Para limitar al máximo la contestación interna de los barones, el Gobierno también ha optado por acelerar al máximo la tramitación de esta reforma. Se ha solicitado un procedimiento de urgencia y hacerlo a través de los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, lo que también evita la necesidad de solicitar informes al CGPJ y el Consejo de Estado. De este modo, fuentes parlamentarias apuntan a que la medida podría estar lista entre finales de este periodo de sesiones y principios del siguiente, en el mes de enero. Un amplio margen temporal hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28 mayo, que facilitaría diluir este asunto de la agenda.

"Para limitar al máximo la contestación de los barones, el Gobierno también ha optado por acelerar al máximo la tramitación"

La consigna en los territorios, mientras tanto, pasa por no ser utilizados como "arietes" del PP contra Pedro Sánchez. Y es que, tras conocerse las intenciones del Gobierno, desde Génova buscan las costuras a los socialistas al apuntar que "el silencio de sus mandos intermedios" supone "una traición a los valores que un día decidieron representar". El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, iba un paso más allá este viernes al realizar un llamamiento a la rebelión interna del PSOE. "No hay subterfugios posibles. O se está con los condenados y fugados o con la legalidad democrática", advirtió a los barones del partido para concluir que "el Partido Socialista es más que Pedro Sánchez. Es la suma de todos sus dirigentes y a todos ellos les corresponde fijar posición".

La otra pata en la que se justifica la estrategia de los socialistas, como han tratado de subrayar algunos barones, es en la división generada dentro del bloque independentista. Una inercia desde la investidura de Sánchez —facilitada por el pragmatismo de ERC frente al rupturismo de Waterloo— que cogió velocidad tras los indultos, se aceleró con la mesa de diálogo y finalmente se materializó con la ruptura del Govern. Sánchez toma riesgos, pero el efecto de los indultos juega a su favor. El cierre de filas interno a las puertas del ciclo electoral de 2023 así lo refleja, con los mismos barones que acusaron a Sánchez de "condenar" a su partido por la medida de gracia, concediéndole ahora, al menos, el beneficio de la duda.