Los jueces conservadores se hartan y exigen la dimisión en bloque del CGPJ

A la magistratura conservadora se le ha acabado la paciencia. La continuidad del actual Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace cuatro años y cada vez más gangrenado, comienza a no entenderse tampoco entre los jueces cercanos a la derecha que, hasta ahora, habían callado. Cada día se suman más voces de magistrados que piden un gesto y la dimisión en bloque de todos los vocales. Numerosas fuentes consultadas consideran que el Consejo debe marcharse como única forma de evitar una degradación creciente que dañe de forma irreparable la institución.

"La lealtad institucional, hoy, es que se marchen", lo resume una de ellas. "Con su actitud, manteniéndose en el sillón, son cómplices del daño al Tribunal Supremo y a la carrera judicial en general", asegura otro magistrado. La principal asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, lleva pronunciándose en este sentido desde hace tiempo. En las últimas semanas, el debate ha alcanzado a la asociación contraria, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Los miembros de la APM barajan en estos días sumarse a esta misma reivindicación. En el día en que se abre de forma oficial el año judicial, con un acto solemne en presencia del Rey, la imagen del actual presidente, Carlos Lesmes, volviendo a conducir este pistoletazo de salida simbólico por novena vez, resulta inadmisible para muchos.

El hartazgo ha venido combinado con el último episodio relacionado con otra renovación, la del TC. "El lamentable espectáculo de los últimos días ha sido ya la gota que colma el vaso", indica una magistrada. "La lealtad institucional, el respeto al CGPJ y a nuestro Estado de derecho obligan hoy a dar un paso adelante y poner fin a esta situación de acoso y derribo al tercer poder del Estado. La dimisión de los 18 vocales y del presidente es hoy la única salida digna. Solo así el Poder Judicial podrá renacer de las cenizas a las que intentan reducirlo", agrega.

Hay quien defiende incluso una reforma legislativa que evite que en el futuro se reproduzca esta situación. Una modificación de la ley orgánica en la que se prevea que el presidente y los vocales cesen de forma automática una vez finalizado su mandato de cinco años. En vista de la incapacidad de los partidos para alcanzar pactos, más que patente a la vista de la actual situación de desacuerdo entre el PP y el PSOE, que lleva prolongándose meses, solo este botón del pánico garantizaría renovaciones en plazo, dicen.

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"Ha llegado el momento de dejar de buscar culpables y encontrar soluciones", dice otro de los magistrados, que se refiere al juego de espejos en el que se encuentran los dos principales partidos. El Gobierno culpa a los populares y los populares al Gobierno. Pasan los meses y no hay pacto posible, mientras la legitimidad del órgano disminuye cada día un poco más. Atrapado entre el desacuerdo y la prohibición de ejercer sus funciones "salvo para lo que interesa al Ejecutivo", este Consejo no puede seguir, dice.

Otro de los argumentos que esgrimen es la incomprensión de la sociedad ante lo que está sucediendo. El término 'okupas' empieza a ser cada vez más habitual junto con la imagen de un grupo de personas aferradas a sus cargos. Sean o no responsables de lo que pasa, no actuar para evitarlo las hace cómplices, indica otra jueza, que considera menor el riesgo de parálisis completa que podría darse si los vocales se van y, pese a ello, la renovación no se activa.

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El continuo llamamiento por parte de JJpD ha empezado ya a calar en el sector progresista del Consejo y los vocales de este bloque ya barajan la dimisión de cara a 2023. La asociación considera que el Consejo está ‘autoprorrogado’ y que la intolerable situación no se produciría ni podría mantenerse sin la complicidad de su presidente y sus actuales 18 vocales. "La comparación con Polonia empieza a no ser exagerada", indica otra persona.

Hasta hace poco, todos los vocales descartaban de forma radical una dimisión destinada a forzar la renovación más atascada de la historia de la democracia. Tampoco lo contemplaba el propio Lesmes. Para ellos, abandonar el CGPJ en un momento en que la negociación entre el PSOE y el PP se ve imposible no solo supondría un incumplimiento de la ley, sino que equivaldría a asumir como propio un problema que es ajeno. Sería algo así como ejecutar una transferencia de culpa en la responsabilidad del retraso que corresponde exclusivamente a los partidos, que se han mostrado incapaces hasta el momento de cerrar un pacto.

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Argumentan que se produciría un vacío completo y que, para evitarlo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) especifica, en su artículo 570.2, que si ninguna de las dos Cámaras que deben designar por mayoría cualificada a los 20 vocales de la institución lo hubiera efectuado en el plazo legalmente previsto, "el Consejo saliente permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo". "No es algo opcional, es un mandato legal", indican.

En la LOPJ también se determina cómo deben remediarse posibles bajas. Establece así mecanismos para que los vocales sean sustituidos automáticamente en caso de cese anticipado, de modo que siempre haya 20. En los últimos años, este precepto se ha aplicado, por ejemplo, para cubrir distintas vacantes. Es más, la norma fija un quórum mínimo para que el Consejo pueda tomar decisiones, pero no regula qué sucede si no se alcanza. Se requieren 10 vocales más el presidente para que el pleno pueda adoptar decisiones y fija la presencia de los siete miembros de la Comisión Permanente para que la Disciplinaria pueda actuar. Es decir, en caso de desbandada por goteo, no se podría sancionar a los jueces que cometen alguna infracción.

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Vocales consultados agregan también que la dimisión en bloque de los actuales miembros del órgano vendría a sumar otra irresponsabilidad a la que ya están protagonizando socialistas y populares, que desoyen desde hace 29 meses la obligación de renovar el CGPJ a los cinco años de mandato. De hecho, las fuentes consultadas ven en la difusión de esta posibilidad un interés velado del Ejecutivo en empujar a que algo así suceda. "La fórmula permite endosar el asunto a otros" y dar así a entender que la incapacidad para renovar "ya no sería de unos cuantos incapaces para hacer política, sino del Consejo".

Con este panorama, se abrirá el año judicial este miércoles. El presidente Lesmes no piensa ocultar su malestar y prevé destacar el daño a la Justicia que está provocando la actual situación. Ha perdido "toda esperanza" de solución y pondrá el acento en las consecuencias que ya sufre el Tribunal Supremo ante la imposibilidad de nombrar nuevos magistrados para cubrir las bajas. Son "desoladoras", dijo en declaraciones a la prensa. "Dentro de no mucho habrá salas que no podrán constituir con regularidad sus secciones", mientras que el Tribunal Militar Central "no podrá actuar porque se habrá quedado sin la totalidad de sus miembros porque no han podido ser repuestos", describió. "Por una parte, no se renueva el Consejo y, por otra parte, no se le permite actuar", concluyó.