El Gobierno cierra la puerta a la vía Casado para renovar el CGPJ: "Basta ya de excusas"

Para el Gobierno no hay otro camino que lleve al desbloqueo de la renovación del CGPJ que sentarse a negociar con el principal partido de la oposición y vuelve a calificar de "excusa" la última exigencia del líder del PP, Pablo Casado, para quien se podría llegar a un acuerdo si el Ejecutivo ofrece antes un compromiso por escrito de reforma de la ley. El objetivo sería que sean los togados quienes elijan a sus colegas en lugar del Congreso. Después de que varios ministros no se cerrasen a abrir a futuro este debate sobre el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, entre ellos la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros, era rotunda al cerrar la puerta a esta condición: "Basta ya de excusas. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. Se acabaron las excusas para incumplir el mandato constitucional", aseveraba.

Lo que parecía un deshielo se ha convertido en un espejismo en apenas unas horas. El Ejecutivo no va a moverse, como ya avanzaban este lunes fuentes de Moncloa descartando cualquier compromiso previo a la renovación del CGPJ y subrayando que la posición del Gobierno no se había movido como sí intuyeron los populares. De hecho, estos últimos elevaron su exigencia de que el Gobierno apoyase con sus votos la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta legislativa después de que miembros del Ejecutivo no descartasen dicho debate. La ministra de Justicia, Pilar Llop, además de la ministra portavoz, hablaron de “estudiar” fórmulas y escenarios sobre el sistema de elección.

Rodríguez ha zanjado el debate reclamando al líder de la oposición el "cumplimiento estricto de la Constitución" porque "sabe cuáles son las reglas de juego". Ni compromiso por escrito de una reforma de la ley ni siquiera contribuir a este debate, que desde Moncloa disipan asegurando que, una vez se produzca la renovación, "el PP tiene legitimidad para plantear cualquier reforma".

Enterrando cualquier posibilidad de acercamiento, y cuando el órgano de gobierno de los jueces se encamina a cumplir tres años con el mandato caducado, nada hace presagiar que la situación vaya a cambiar. Al menos en el corto plazo, y desde el Ejecutivo evitan dar una sensación de pesimismo sobre esta situación que adquiere tintes de crisis institucional, poniendo en duda que "no se puede mantener mucho más tiempo así" y reconociendo que el "bloqueo es insostenible". Un bloqueo que atribuyen solamente a los populares y que personalizan en la figura de su líder, Pablo Casado. "El bloque no es anónimo y solo hay en estos momentos un partido que está bloqueando, que es el PP y el señor Casado", señalaba la ministra portavoz.

La ruptura de puentes es patente y desde Moncloa descartan que el presidente del Gobierno descuelgue el teléfono para hablar con el líder del principal partido de la oposición. "Nadie tiene que llamar a nadie para cumplir la Constitución", añadía respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez intentase acercar posiciones. La única llamada que se producirá para tratar este tema, completan en Moncloa, será para negociar la renovación del órgano de poder de los jueces y el resto de órganos caducados, como es una parte de los vocales del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y desde el pasado mes del julio también el Tribunal de Cuentas.

La confrontación entre los dos principales partidos con la que se acabó el actual curso político sigue por la misma senda tras el parón estival. Incluso escala. Así se visibilizó tras la primera ejecutiva de los socialistas de este curso, cuando la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, endureció el mensaje acusando a Casado de "mantener secuestrado" el CGPJ al no avenirse a pactar su renovación y de hacerlo "por intereses partidistas y personales". La lista de reproches fue más allá por la falta de colaboración durante la pandemia, "dedicándose a poner palos en las ruedas" incluyendo "viajes a Bruselas" para entorpecer la llegada de los fondos europeos de recuperación, según acusó Lastra.

Todo ello después de que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ofreciese su discurso de apertura del año judicial urgiendo un acuerdo fuera de la "lucha partidista" para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Calificó la situación como "insostenible", al tiempo que también recriminó al Gobierno haber dibujado una Justicia revanchista ante su oposición a los indultos de los presos del 'procés' y su idea de "concordia frente a resentimiento".

"La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales", añadió. Ataques directos al Gobierno que Moncloa ha evitado entrar a valorar, limitándose a ceñirlo a una opinión de Lesmes situándolo dentro del respeto por la separación de poderes.