El PSOE rechaza en España la empresa pública de energía que sí celebra en Baleares

La energía está hoy en el centro de todas las políticas y bajo todos los focos, en España y en Europa, pero hay iniciativas, como la creación de una empresa pública de energía, que el PSOE contempla y celebra en determinados territorios, pero que hasta la fecha no considera exportables al conjunto del Estado. Es el caso del Instituto Balear de la Energía, creado por el Govern de las islas a finales de 2019, que promueve y gestiona la producción de energías renovables, pero también produce y vende electricidad a precio de coste: el viernes la comercializó a 0,07 euros el kilovatio hora, siete veces por debajo del precio de mercado (0,4862 kWh).

"Empezó con seis proyectos en 2021, pueden ser 80 en 2023", celebra Juan Pedro Yllanes (Podemos), vicepresidente del Govern balear y 'conseller' de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática. Yllanes, a cargo de este proyecto del Gobierno de coalición de PSOE, Podemos y Més, sostiene que el modelo de Baleares es "perfectamente replicable en otras comunidades autónomas", y la Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra ya se han interesado por estas políticas. También lo considera aplicable a nivel estatal, pero cree que el PSOE de Pedro Sánchez no da su aval por sus "compromisos" con las grandes eléctricas.

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En esencia, explica que trabajan aprovechando las cubiertas y tejados de edificios públicos que ofrecen distintos ayuntamientos. Instalan placas fotovoltaicas y después distribuyen la energía en un radio de 500 metros, la distancia en la que no tienen que pagar peajes por el uso de la red. No ofrecen la posibilidad de cubrir el consumo total de los domicilios o empresas a los que abastecen —"hemos empezado de manera modesta"—, sino que intentan llegar "al mayor número de familias posible", con el foco puesto en las más vulnerables.

Los interesados pagan una cuota anual de 100 euros por kW, con un tope de consumo de hasta 1 kW por familia, 3 kW por empresa, y el dinero se reinvierte en nuevos proyectos: "No especulamos". A finales de este año, esperan haber llegado a 2.000 familias y más de 200 empresas.

La iniciativa es "un ejemplo perfecto de cómo implicarse en abaratar la factura de la luz y potenciar las renovables"

Barcelona también cuenta con una comercializadora pública de energía (aunque no puede producirla), y el Govern catalán ultima la puesta en marcha de su propia energética pública, que sí producirá energía. El PSOE, socio mayoritario de la coalición que gobierna Baleares, y que está al frente de algunas de las comunidades que se han interesado por esta propuesta, no contempla hoy que pueda replicarse esta estructura a nivel estatal.

Yllanes sostiene que las "reticencias" de los socialistas "no tienen mucho sentido", porque la iniciativa es "un ejemplo perfecto de cómo implicarse en abaratar la factura de la luz y potenciar las renovables", y cree que sus reparos tienen que ver "con los compromisos con las grandes eléctricas".

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Al PP, a su vez, le recrimina que trate de poner palos en las ruedas del IBE, para apostar por su modelo de siempre, el del "impuesto al sol" y la voluntad de "no molestar" a las grandes eléctricas. El vicepresidente balear considera "lógico" que estas empresas "busquen beneficio", pero defiende que el IBE es una buena herramienta para avanzar hacia la transición ecológica y para combatir la pobreza energética. Y que puede coexistir con las empresas privadas.

Por su parte, Unidas Podemos llevó al Congreso hace apenas un año una proposición de ley que abogaba por crear una entidad pública empresarial centrada en promover "la creación de nuevas instalaciones de energías renovables", con especial atención en la gestión de los saltos hidroeléctricos. Contó con el visto bueno de los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición, de ERC y EH Bildu a Compromís, pasando por el BNG y llegando hasta Junts per Catalunya, pero el PSOE tumbó en febrero esta iniciativa, con varias críticas al texto.

"No tiene ningún sentido para conseguir los objetivos que dice perseguir salvo, claro está, que el único objetivo sea la creación de una empresa pública como fin y no como medio y luego ya se verá". "Ustedes dicen que esta iniciativa permitiría que baje la luz, que desaparezca la pobreza energética o que seamos más verdes, pero no explican por qué", zanjó el diputado del PSOE Germán Renau.

"Ustedes dicen que esta iniciativa permitiría que baje la luz, pero no explican por qué baja", aseguraron en su momento desde el PSOE

Meses después, en el marco de la elaboración del plan de contingencia ante Bruselas, Unidas Podemos ha pedido financiar con dinero público la instalación de placas fotovoltaicas en bloques de edificios de barrios "con ingresos bajos", o impulsar sistemas centralizados de calefacción de titularidad pública por barrios, como ya existen en Dinamarca. El espíritu de estas medidas es el mismo que les llevó a reclamar la creación de una empresa pública de energía, pero hoy por hoy no tienen previsto volver a llevar una propuesta en esta línea a la Cámara Baja, salvo que el PSOE "cambie de opinión", explican.

El portazo a esta iniciativa llegó solo una semana después de que el socio mayoritario tumbara una proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos abogando por la reforma fiscal que hoy sí reclaman a los socialistas, y que está contemplada en el acuerdo de coalición, por lo que en escasos días el socio minoritario tuvo que tragarse varios sapos.

Ribera se opone

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostiene que "una empresa eléctrica pública no es la solución", porque "si opera en el mercado, tiene que seguir las mismas reglas de funcionamiento que cualquier otra empresa". Así se expresó la vicepresidenta tercera hace meses, en una entrevista en 'El Economista', en la que también afirmó que hoy se está "ensayando" con "pequeños saltos hidroeléctricos" que puedan formar parte de una "comunidad energética local", para que sean los ayuntamientos los que "gestionen y se beneficien de la electricidad que esto genera".

La propia Ribera, sin embargo, también reconoció en una entrevista en Radio Cable que "si la mayor parte de la producción eléctrica del país se correspondiera con una empresa de titularidad pública, estaríamos en muchas mejores condiciones de las que estamos ahora". El problema sería que no es viable "expropiar empresas", si bien para tener "un impacto relevante" en el mercado "deberíamos estar manejando cifras de alrededor del 60% de la producción de electricidad en nuestro país a través de una empresa pública", según la vicepresidenta.

La creación de una empresa pública estatal no está entre las medidas remitidas por Baleares a Transición Ecológica, pero Yllanes afirma que el departamento de Ribera está "enterado" de su "vocación" por replicar este modelo a nivel estatal, lo que permitiría producir energía "en cantidades mucho más importantes".

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Sostiene que la vicepresidenta conoce "perfectamente" el proyecto, que su interlocución con el ministerio por diversos temas es "constante", y también que lo considera "sensible" a las propuestas. Y, en lo que toca a sus compañeros de partido, les reclama que no "dejen acabar" la legislatura en el Congreso sin insistir en que la creación de una empresa pública de energía es "absolutamente necesaria".

La propia presidenta balear, Francina Armengol (PSOE), visitó en junio junto a Yllanes las obras del primer autoconsumo compartido del Consell, impulsado por el IBE, y allí defendió que son necesarias "políticas como esta y muchas otras", o que la iniciativa "ayudará a muchas familias a tener una energía limpia y más barata".

Fuera de las islas, en un contexto en el que la energía está en el centro de todo —y en el que los precios disparados han dado alas a una inflación desbocada—, el PSOE no quiere oír hablar de una empresa pública de energía. Dentro de Baleares, donde también gobierna en coalición, ya es una realidad.