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Podemos presionará a Sánchez con la intervención de las eléctricas en el debate de la nación
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PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Podemos presionará a Sánchez con la intervención de las eléctricas en el debate de la nación

La parte socialista del Gobierno centra sus propuestas en promover en Bruselas una reforma del mercado eléctrico y en gravar el incremento de beneficios de las energéticas evitando que se traslade a los consumidores

Foto: El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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La espiral inflacionista y el riesgo de cortes del gas ruso el próximo invierno han llevado al socio minoritario del Gobierno a desempolvar su propuesta para promover una empresa pública energética. Se trata de unas medidas en discusión dentro de Unidas Podemos de cara a perfilar las propuestas de resolución que presentarán en el debate sobre el estado de la nación. El debate está espoleado por la decisión del Gobierno liberal de Emmanuel Macron de nacionalizar al 100% EDF, la mayor eléctrica europea, pero los morados son conscientes de la oposición en el ala socialista. El pasado mes de febrero, el PSOE ya tumbó su iniciativa en el Congreso para crear una empresa pública hidroeléctrica, y tanto la vicepresidenta tercera con competencias en energía, Teresa Ribera, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se han apresurado a negar que el caso francés pueda extrapolarse a nuestro país.

Los grupos parlamentarios cuentan con un cupo de 15 propuestas de resolución a presentar en el debate sobre el estado de la nación de los próximos 12, 13 y 14 de julio, por lo que en Unidas Podemos están discriminando las más factibles de consensuarse de entre todas las que tienen sobre la mesa. Entre ellas se encuentran las orientadas a que el Estado desande los pasos de la liberalización en el sector para incrementar el control público sobre el actual oligopolio eléctrico. Según explican fuentes del grupo parlamentario, se trata de unas medidas sobre las que más están presionando desde su sector verde, el liderado por el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

Foto: Revista temas presenta monográfico sobre "socialismo participativo: en torno al concepto de thomas piketty"

En los próximos días, se determinará si finalmente pasa el corte, ya que estas mismas fuentes reconocen que tienen "un número limitado" de propuestas de resolución a presentar y todavía están en fase de jerarquizar las más prioritarias. Otras fuentes de la dirección del grupo parlamentario se muestran más tajantes para asegurar que el tema de la necesidad de una mayor intervención del Estado en el sector energético "desde luego que sí formará parte del debate" sobre el estado de la nación. Desde Izquierda Unida también han señalado que “Europa no ha dicho nada de la creación de empresas públicas porque este tipo de empresas existen en otros países europeos”, por lo que su portavoz, Sira Rego, señala que van a seguir "insistiendo para contar en España con una empresa pública de energía".

Si no es a través de una propuesta de resolución concreta, al menos sí se pretende llevarlo a las intervenciones de los representantes morados para presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la acción del Ejecutivo de coalición para lo que resta de legislatura. Un año y medio sometido a un escenario de nubarrones económicos, como ya ha alertado Calviño sin descartar que la inflación siga subiendo, y a la incertidumbre ante posibles cortes de gas ruso, para lo que la Comisión Europea ya está preparando un plan de contingencia de los Estados miembros. España es menos dependiente del grifo ruso, pero no así otros países vecinos, con los que deberá solidarizarse en el marco europeo por una eventual falta de suministro. De hecho, España está ya preparada, según avanzaba la titular de Transición Ecológica en una entrevista con 'El Español', para "organizar una especie de puente marítimo de gas entre Barcelona y Livorno (Italia)".

La parte socialista del Gobierno centra sus propuestas para combatir las previsiones de un negro invierno energético en promover en Bruselas una reforma del mercado eléctrico, tras conseguir el tope al gas para la península ibérica, y en un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas por la subida de precios. Se espera que Pedro Sánchez pueda concretar las intenciones del Ejecutivo en este sentido durante el debate del estado de la nación.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo. (EFE/EPA STEPHANIE LECOCQ)

El impuesto a las energéticas lo está perfilando el departamento de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, siguiendo el modelo italiano (que ha elevado del 10% hasta el 25% la tributación por los beneficios 'caídos del cielo'). Esto es, gravar el incremento de beneficios en relación con los costes y ventas y hacerlo sin que pueda acabar trasladándose a los consumidores. Una práctica habitual de las empresas para proteger sus beneficios, principalmente en mercados con estructura de oligopolio, como es el caso de las eléctricas. El compromiso de Hacienda es que este impuesto se aplique a partir del 1 enero del próximo año, pero los morados presionan para que se acelere. Su aplicación sería retroactiva para gravar los beneficios extraordinarios del actual ejercicio.

En materia de fiscalidad, el Gobierno ha incluido en el decreto anticrisis la reducción del IVA en la factura de la luz del 10 al 5%, además de la prórroga de la bajada de impuestos en la factura de la luz (rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica). Este plan se llevará al pleno del Congreso el próximo jueves.

Alarma en las energéticas

Las eléctricas, sin embargo, se mantienen alerta ante lo que consideran una amenaza de mayor regulación por parte del Estado si se prolonga la crisis energética. "No se puede descartar que el Gobierno español apruebe nuevas medidas de intervención durante 2022", se argumentaba desde Iberdrola en la documentación que presentó el pasado mes de junio al mercado en Luxemburgo. Entre sus preocupaciones, destacaban la revisión de la tarifa regulada en España o posibles futuras subastas obligatorias de venta de energía a terceros por parte de los operadores dominantes de generación, tal y como prevé en el Real Decreto-Ley 17/2021.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), conversa con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán (d). (EFE/Borja Puig de la Bellacasa)

Otra de las propuestas de máximos de Unidas Podemos es el tope al precio de los combustibles, que choca con las reglas de libre mercado. Para desarrollarse, se necesitaría una improbable autorización previa de la Comisión Europea y, en cualquier caso, sería temporal y excepcional.

La propuesta de ley de Unidas Podemos para crear una empresa pública, a la que se opuso el PSOE, tenía como fin asumir la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando. "Si gobernásemos nosotros solos, nos estaríamos planteando muy en serio aplicar el artículo 128 de la Constitución para nacionalizar a estos buitres. Como el PSOE jamás va a aceptar eso, qué menos que aumentarles significativamente los impuestos para pagar las políticas sociales", arremetía hace unos días el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, en respuesta al último reparto de dividendos en Iberdrola. Desde la cuenta oficial del partido en redes sociales, ponían énfasis en que la nacionalización es una cuestión de voluntad política para afirmar que "Francia anuncia la nacionalización de su principal compañía eléctrica para hacer frente a la crisis, pero en nuestro país ciertos partidos siguen rechazando la creación de una empresa pública para acabar con la mafia del oligopolio eléctrico".

La espiral inflacionista y el riesgo de cortes del gas ruso el próximo invierno han llevado al socio minoritario del Gobierno a desempolvar su propuesta para promover una empresa pública energética. Se trata de unas medidas en discusión dentro de Unidas Podemos de cara a perfilar las propuestas de resolución que presentarán en el debate sobre el estado de la nación. El debate está espoleado por la decisión del Gobierno liberal de Emmanuel Macron de nacionalizar al 100% EDF, la mayor eléctrica europea, pero los morados son conscientes de la oposición en el ala socialista. El pasado mes de febrero, el PSOE ya tumbó su iniciativa en el Congreso para crear una empresa pública hidroeléctrica, y tanto la vicepresidenta tercera con competencias en energía, Teresa Ribera, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se han apresurado a negar que el caso francés pueda extrapolarse a nuestro país.

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