Podemos reclama subir un 10% los impuestos a los supermercados para dar cheques de comida

Unidas Podemos quiere aprovechar el giro a la izquierda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por ello se ha servido del marco que le brinda el debate sobre el estado de la nación para presionar al PSOE con nuevas propuestas, y hasta con iniciativas que ya fueron rechazadas en su día por el socio mayoritario de la coalición. El grupo confederal en el Congreso de los Diputados ha incluido entre sus 15 propuestas de resolución varias iniciativas de las que hizo bandera en el pasado, como la creación de un impuesto a las grandes fortunas —para que paguen hasta un 5% más quienes acumulen más de 10 millones de euros— y la puesta en funcionamiento de una empresa pública de energía.

También piden incrementar en un 10% el impuesto de sociedades para los grandes supermercados, a los que señalan entre los grandes beneficiarios del aumento de la inflación. Su idea es que estos recursos sirvan para financiar cheques alimentarios para ayudar a las familias a paliar la subida de la cesta de la compra.

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El PSOE, por su parte, ha construido sus 15 propuestas de resolución sobre los cimientos de las propuestas esbozadas por Sánchez en su primera intervención en el debate en la Cámara Baja, el martes. Las propuestas de resolución son textos políticos que, una vez cosechan los apoyos suficientes —más síes que noes—, se constituyen en la expresión de la voluntad de la Cámara Baja. En cierto modo, son comparables a las proposiciones no de ley (PNL), porque no son vinculantes, pero sí fuerzan a los grupos a posicionarse en temas que pueden ser más o menos espinosos. Eso sí, el plazo entre su registro (una vez concluido el pleno) y el momento en que expira el periodo para presentar enmiendas es muy breve, de apenas unas horas. La Mesa del Congreso lo ha fijado en las 21:15 de este miércoles, y deja para el jueves el debate de las 138 propuestas presentadas.

En concreto, y más allá de lo anunciado por el presidente del Gobierno, las propuestas de resolución del PSOE se refieren, de forma genérica, a los principales hitos que quedan por desarrollar del programa de gobierno y del plan de reformas comprometido con Bruselas. Se trata de dibujar así una hoja de ruta para lo que queda de legislatura desde una visión global, pero también obligando a retratarse al resto de grupos sobre las cuestiones concretas que Sánchez puso sobre la mesa este miércoles. Esto es, el nuevo impuesto a la banca y a las eléctricas, la gratuidad del abono transporte en los trenes de cercanías y media distancia, o la ayuda complementaria de 100 euros mensuales para un millón de estudiantes becados.

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Otros compromisos del PSOE recogidos en sus propuestas de resolución tienen que ver con la ampliación de derechos, como es el caso de una futura ley de familias o la de lucha contra la trata. El capítulo de derechos laborales es uno de los que tienen más concreción, instándose a impulsar un pacto de rentas entre los agentes sociales, elaborar una ley para garantizar la formación continua, modificar las bonificaciones a la contratación para personalizar y facilitar los itinerarios de inserción laboral o ratificar el convenio de la OIT para garantizar los derechos del trabajo doméstico. Líneas generales que marcan las intenciones del Ejecutivo en la recta final del mandato y que deberán encauzarse legislativamente.

Y, a falta de negociar con sus socios de gobierno y transaccionar contenidos, los socialistas avanzan que apoyarán algunas de las propuestas de resolución de Unidas Podemos. Una de ellas es la relativa a las casas de apuestas, para limitar su apertura en las proximidades de centros educativos. Se busca promover, en cooperación con las comunidades autónomas, el establecimiento de unas distancias mínimas. Asimismo, hay cercanía en las propuestas referentes al blindaje de los servicios públicos y a la defensa de las lenguas propias del Estado y la promoción de la “realidad plurilingüística”. Esta última propuesta de los morados busca favorecer el reconocimiento del asturiano, gallego y aragonés, así como impulsar la difusión de las lenguas del Estado a través de la radio y televisión públicas.

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Por su parte, entre la batería de medidas de Unidas Podemos hay otras tantas reclamaciones fiscales, como una bajada de impuestos para las pymes que facturen menos de un millón de euros anuales, pasando del 25% al 23%, o la reducción del IVA de servicios veterinarios, de peluquerías y de productos de higiene femenina y otros vinculados a los cuidados, como los pañales.

Y, en lo que toca a las rentas más altas, la subida de impuestos que reclaman no se queda ahí: piden establecer el tipo mínimo en sociedades en el 15%; incrementar el IRPF para salarios "superiores a los 10.000 euros", y una subida de tramos a partir de los 120.000 euros anuales, para llegar al 52% en las rentas superiores a 300.000 euros al año. A caballo entre lo fiscal y lo ideológico, el grupo del socio minoritario pide eliminar la exención del IVA para las universidades privadas.

Entre las medidas de corte más político, reclaman una ley "sobre libertad de conciencia", que "garantice la laicidad del Estado" (la Constitución establece que es aconfesional); la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia católica; la eliminación de la asignatura de religión y la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia, además de promover la investigación de casos de abusos sexuales (que ya investiga el defensor del pueblo).

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A su vez, en línea con las prioridades programáticas de Podemos para los próximos meses, avanzadas por su líder, Ione Belarra, hace apenas 10 días, Unidas Podemos reclama crear un fondo de 10.000 millones anuales para reforzar sanidad y educación, incrementar la inversión sanitaria en los presupuestos, para llegar al 7,5% del PIB, y un pacto de Estado que comprometa a incrementar por encima de la media europea la ratio de profesionales de la sanidad, la educación o los cuidados, en solo 10 años. Además, una de las resoluciones incluye explicitar la condena del Congreso por la muerte de 37 personas migrantes en la frontera de Melilla a manos de los policías marroquíes.

En su mayoría, son reclamaciones de máximos, y no parece que vayan a causar incendios en la coalición, porque no son vinculantes. Aun en el caso de que Unidas Podemos logre que sean aprobadas, son declaraciones de intenciones, y el Gobierno no tiene ninguna obligación de convertirlas en normas.