Un juzgado investiga ya a Rubiales y Piqué por administración desleal y corrupción

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda ha abierto diligencias previas para investigar si el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué cometieron delitos de administración desleal y corrupción en los negocios durante el proceso para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí y en la gestión de fondos del órgano rector del fútbol en España. Según un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada Delia Rodrigo admite una querella contra ambos por las informaciones desveladas por los Supercopa Files, la investigación de este diario que ha destapado una larga lista de presuntas irregularidades en la cúspide del primer deporte nacional.

La jueza considera procedente en el auto practicar aquellas diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos. Se dirige, además, a la Fiscalía Anticorrupción para que el departamento que dirige Alejandro Luzón le informe sobre si considera a su juzgado competente y le detalle las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento. El Ministerio Público abrió una investigación propia hace semanas.

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Tras las primeras noticias publicadas por este periódico, un entrenador y afiliado a la Real Federación Española de Fútbol llamado Miguel Galán presentó varias denuncias contra Rubiales y Piqué, quienes negociaron el cobro de una comisión de 24 millones de euros para una empresa del central culé por su participación en la negociación que terminó con la venta de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Una de esas querellas ha desembocado en el auto conocido a última hora de este martes.

A esa primera información siguieron otras sobre diferentes maniobras protagonizadas por el presidente del organismo federativo durante su ejercicio del cargo, como el pago de un viaje de placer a Nueva York con dinero de la institución y el cobro de un complemento salarial de 3.100 euros mensuales al que no tenía derecho. Los documentos y audios también fueron incorporados por Galán a la querella. Asimismo, la iniciativa refleja el uso de una agencia de detectives para espiar a David Aganzo, presidente del principal sindicato de futbolistas, AFE.

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El auto especifica que Rubiales y Piqué tienen ahora tres días para interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto y cinco días para interponer un recurso de apelación directo. La jueza exige también una fianza de 10.000 euros a Galán para personarse como acusación particular en el proceso. La magistrada ha reclamado a Anticorrupción que le informe sobre una de las medidas cautelares reclamadas por el querellante, en concreto, el depósito de una fianza de 24 millones por la comisión cobrada. De momento, ninguno de los dos ha sido citado a declarar como imputado.

Miguel Galán es conocido en el mundo del fútbol por criticar el intrusismo de jugadores retirados en los banquillos sin someterse al periodo de formación necesario que marca el reglamento para ser entrenador. Él mismo dirige una academia de formación y aspiró a presidir la Federación Madrileña de Fútbol. Entiende que Luis Rubiales pactó con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

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Añadía en su denuncia que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato. Su querella resume las informaciones que viene publicando esta semana El Confidencial y recuerda que Rubiales tiene un salario variable ligado a los ingresos que recibe la Federación.

“Dio su visto bueno al nuevo formato y autorizó al futbolista [Piqué] a sondear en secreto el mercado audiovisual en busca de posibles compradores. A partir de ese momento, Piqué pasó a trabajar para la Federación en paralelo a su condición de jugador de la primera plantilla del Barça”, relata. Destacaba Galán que Rubiales ocultó a los órganos internos de control de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) su pacto con Gerard Piqué para conseguir un aumento salarial y que este último se llevara una “comisión de éxito”.

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"Los fondos distraídos fraudulentamente por el señor Rubiales se encontraban en las cuentas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se administran desde su sede en el municipio de Las Rozas, lugar desde donde se gestionan y ordenan las transferencias, los pagos (con independencia de su destino), se administran las cuentas y las partidas presupuestarias, se toman las decisiones, se manejan los fondos, se negocian y preparan los contratos y, en general, se administra la entidad, y donde además Rubiales, sujeto activo del delito, tiene a su disposición los fondos que administra y con los que produjo los resultados derivados de las conductas delictivas, traducidas en el perjuicio económico evaluable", defiende el querellante.

Con estos elementos, la denuncia sostiene que se pueden haber transgredido varios reglamentos como el código ético de la FIFA, que prohíbe el cobro de comisiones a todos los directivos, árbitros y jugadores del fútbol mundial “ya sea en beneficio propio o de intermediarios”. También el código ético de la propia RFEF, según el cual, no se puede "aceptar, entregar, ofrecer, prometer o pedir comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos, salvo que esté así establecido en un contrato legítimo".

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Galán también aprecia responsabilidad en Piqué al recordar que es jugador en activo del Barça y presidente del FC Andorra, sometido a la disciplina de la RFEF. Señala un conflicto de intereses e incide en otro artículo del código ético, según el cual, "los directivos de la RFEF deben actuar en todo momento con transparencia en representación de los intereses de la RFEF, así como asegurarse que haya transparencia e igualdad de trato hacia cualquier tercero en el contexto de una relación contractual o profesional".