El Gobierno autorizó el espionaje con Pegasus a 18 líderes de Tsunami Democràtic

El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervenir el teléfono de 18 líderes de Tsunami Democràtic, la plataforma que encabezó las movilizaciones contra la sentencia del 1-O en octubre de 2019. Entre los espiados por indicación del Ejecutivo se encuentra el ingeniero que ha liderado la investigación sobre el supuesto espionaje al independentismo catalán, Elies Campo Cid, de 39 años, pieza fundamental por su papel en el diseño de la estructura tecnológica del movimiento. El resultado de las pesquisas, que también contó con la autorización preceptiva del Tribunal Supremo, fue transmitido a Moncloa, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la operación.

Campo denuncia en su auditoría, efectuada en colaboración con la asociación experta en privacidad Citizen Lab y difundida la semana pasada, que es uno de los 65 individuos del mundo secesionista cuyos móviles fueron infectados con los programas de origen israelí Pegasus y Cardiru para acceder a sus datos y comunicaciones. El informe no señala a los responsables del supuesto espionaje, pero apunta al CNI y otros servicios de información españoles. Según Campo, que fue directivo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram hasta el pasado diciembre, el grueso de los pinchazos se habría producido en 2019 y 2020.

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Las fechas coinciden con los preparativos y el desarrollo de Tsunami Democràtic, la oleada de protestas que puso contra las cuerdas al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con el bloqueo del aeropuerto de El Prat y altercados callejeros en el centro de Barcelona en plena precampaña de las elecciones generales del 10-N. La infección de los teléfonos estuvo relacionada con esas movilizaciones, aunque las fuentes preguntadas rebajan el número de teléfonos intervenidos por el centro a estos 18 y desvinculan a los servicios de Inteligencia del resto. Aseguran que, en todos los casos, se produjo una autorización previa e individualizada por parte del Tribunal Supremo y se solicitaron prórrogas motivadas cada tres meses.

En aquellos meses se concentraron también los contactos del jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, con funcionarios rusos y exoficiales de Inteligencia. Como publicó este diario, las citas del entorno de Carles Puigdemont en Rusia se prolongaron al menos hasta febrero de 2020 con el objetivo de lograr el apoyo de Vladímir Putin a los planes del independentismo catalán. La conexión preocupaba a Moncloa por su potencial de desestabilización y su alcance internacional.

La autorización del Gobierno llegó por una doble vía. La investigación a Campo y otros cabecillas de Tsunami estuvo amparada por la 'Directiva de Inteligencia' de 2019, un documento confidencial que aprueba cada año Moncloa para fijar las prioridades y objetivos que debe perseguir el CNI. Aunque en la directiva de ese año no se mencionaba explícitamente a Cataluña, se aludía a la necesidad de combatir las posibles amenazas al orden constitucional, una misión que también aparece enunciada en la exposición de motivos y los artículos 1 y 4 de la Ley 11/2002 reguladora de los servicios de Inteligencia.

Pero el aval del Ejecutivo también tuvo una dimensión pública que dejó poco margen para la duda y que permite rescatar la hemeroteca. El entonces ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, aseguró a los medios al día siguiente de las manifestaciones en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona que el Gobierno terminaría averiguando quién se ocultaba tras la marca Tsunami Democràtic. "Tenemos unos servicios de Inteligencia y de información realmente eficaces y no dude que terminaremos sabiendo quién está detrás", afirmó. "Hay investigaciones", añadió.

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Solo tres días después, Grande-Marlaska volvió a comparecer para anunciar que se habían producido avances en la investigación y advirtió de que los hechos no quedarían impunes. "Han sido protagonizados por grupos minoritarios, muy organizados, con mando y estrategia", afirmó el antiguo juez de la Audiencia Nacional, avalando la estrategia de un PSOE que se presentó al 10-N con el compromiso de que nunca aprobaría los indultos a los líderes del 1-O e impulsaría normas para controlar la escuela catalana y TV3. El resultado de las generales llevó a Sánchez a desechar sus promesas y relegar a un segundo plano la investigación sobre Tsunami.

Infraestructura tecnológica

Hasta entonces, Campo y el resto de cabecillas de la plataforma fueron un objetivo prioritario en las averiguaciones. La creación de Tsunami fue acordada por dirigentes de Junts pel Cat, ERC y la CUP y líderes de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural en una cumbre secreta celebrada en Ginebra en la última semana de agosto de 2019. Al encuentro también asistieron los fugados Carles Puigdemont, Marta Rovira y Anna Gabriel. Allí se decidieron los últimos detalles sobre el calendario de las protestas y se pactó que todos los promotores permanecerían en el anonimato. El 2 de septiembre de 2019 se anunció en las redes sociales la creación de Tsunami y automáticamente, tal y como habían previsto, todas las entidades implicadas en la creación del movimiento pidieron a sus bases que secundaran las convocatorias.

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En paralelo a la planificación de la hoja de ruta política, los precursores de Tsunami también se pusieron en marcha para idear una infraestructura tecnológica que permitiera a la cúpula del 'procés' comunicarse en tiempo real con sus seguidores de un modo seguro. El encargo fue asumido por Sergi Miquel i Gutiérrez, un publicista que en agosto de 2019 tomó las riendas de la gestión económica de la delegación de Puigdemont en Waterloo. Miquel tiró de tres expertos en redes sociales, Blockchain y criptomonedas comprometidos con la causa independentista. Sus nombres son Jordi Baylina, que reside en Suiza; Pau Escrich, ingeniero por la Universidad Politécnica de Barcelona, y Elies Campo Cid, el autor del informe de Citizen Lab sobre el espionaje. Tanto Baylina como Escrich figuran también en el listado hecho público de personas espiadas.

Los tres se encargaron de programar la aplicación de Tsunami Democràtic e idearon un sistema de generación de códigos QR imprescindibles para poder acceder al contenido digital de la entidad. Solo alguien que ya estaba dentro podía invitar a una persona de fuera. El grupo también decidió crear un canal de comunicación de masas para anunciar en secreto las diferentes acciones sin que las Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran tiempo de anticiparlas o abortarlas. Ese canal fue alojado en la 'app' de mensajería instantánea Telegram, la compañía para la que trabajaba en ese momento Campo.

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Así, el colaborador de la entidad de la Universidad de Toronto y firmante del informe que ha destapado los seguimientos adquiere la doble condición de investigador e investigado. En los últimos días, ha tratado de desvincularse del entorno secesionista para mostrarse como un experto independiente y dotar al estudio de mayor credibilidad. Por ejemplo, ha explicado que se vinculó a Citizen Lab después de que algunas de las personas afectadas recurrieran a él por su formación técnica y le consultaran si la intervención de sus móviles tenía visos de ser real. A partir de ese momento comenzó su relación con el grupo en el que aportó su experiencia en ciberseguridad y tecnología, ha descrito.

Las fuentes consultadas limitan el uso de Pegasus por parte del CNI al caso de Campo y a otras 17 personas, todas ellas personas vinculadas con el movimiento cercano a los CDR que incendió las calles de Barcelona en los días posteriores a la sentencia del 'procés' en octubre de 2019. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez fue puntualmente informado de los avances de estas pesquisas.

Opinión

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El Gobierno desvincula, sin embargo, al CNI del resto de escuchas a otras figuras del independentismo efectuadas, según el informe de la entidad canadiense publicado por el 'New Yorker', a un total de 65 personas, concretan las fuentes consultadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo dejó ya claro este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en que limitó, en varios momentos, el alcance y extensión de las intervenciones efectuadas y justificó que se llevaran a cabo en un momento muy concreto. "Quizás algunos que dan lecciones tendrán que callar", dijo en un momento. "Insisten con los 65", reprochó en otro punto.

En su afirmación más polémica también dejó caer algunas claves. "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se declara la independencia o anima a desórdenes públicos? ¿Qué tiene que hacer cuando tiene contactos con quienes han invadido Rusia?", situando, sin concretarlo, el uso de la herramienta de la empresa israelí NSO precisamente en esos días de desórdenes de hace tres años.