La Generalitat "restringe" relaciones con Sánchez y exige dimisiones por el espionaje

La Generalitat exige a Pedro Sánchez dimisiones por el caso de espionaje de Pegasus. Así lo ha expresado hoy su portavoz, Patricia Plaja, tras la reunión del Consell Executiu. Esto pasa dos días de la votación clave del decreto de medidas económicas por la guerra de Ucrania en el que en este momento ERC se inclina por votar en contra. Una derrota electoral en este decreto implicaría una grave crisis política y que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se queda sin el apoyo parlamentario necesario a causa de este caso de espionaje.

"Hay que asumir las responsabilidades", ha insistido hoy la portavoz. Plaja ha insistido en demandar que se “depuren responsabilidades” y ha insistido en la necesidad de "aclarar los diferentes roles de las personas que han participado en este espionaje o lo han avalado, dimisiones incluidas".

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Según Plaja, el espionaje de Pegasus es "una crisis política sin precedentes" al tratarse de un “ataque frontal de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados”. En opinión de la portavoz, “no se trata solo de los políticos independentistas” y “hasta que no se aclare hasta el último detalle del caso Pegasus, "los responsables han de marcharse", ha insistido hoy en la rueda de prensa Palau.

Para Patricia Plaja, “esta situación no se ha de alargar en el tiempo y los primeros interesados deberían ser los responsables del Gobierno español”.

“Habrá que restringir las relaciones políticas al mínimo” hasta que se tomen las medidas necesarias, ha advertido Plaja. Por ello, la Generalitat va a pedir los contratos de las administraciones públicas con la NSO. También requerirá de nuevo la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, y que esta reforma también incida sobre la regulación, organización, funcionamiento y control del Centro Nacional de Inteligencia, e implique también la derogación de la Ley 14/2019, de 31 de octubre, conocida como el decretazo digital, que permite al Gobierno español intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial.

Asimismo, la Generalitat manifiesta su pleno apoyo a la creación por parte del Congreso de los Diputados de una Comisión de investigación sobre el espionaje y la intromisión en la privacidad a través de los 'malware' Pegasus y Candiru, y al mismo tiempo apoya a las comisiones de investigación que se constituyan en sede parlamentaria, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Cataluña.

La Generalitat también pondrá en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos la existencia de una brecha de seguridad, a fin de que inicie las acciones oportunas de acuerdo con la normativa europea de protección de datos, teniendo en cuenta la posible lesión de los intereses y bienes patrimoniales de los que es titular la Generalitat.

Se estudian medidas legales

Por último, el ejecutivo catalán ha acordado encargar al Gabinete Jurídico de la Generalitat el estudio y la propuesta de las actuaciones legales ante las instancias policiales y judiciales pertinentes para la defensa de la Generalitat y de sus servidores públicos, incluidas las indemnizaciones que se puedan reclamar por los daños y perjuicios sufridos, así como la coordinación de todas las actuaciones jurídicas que se lleven a cabo a tal fin. Asimismo, se ofrecerá al resto de víctimas afectadas el acompañamiento que sea conveniente o necesario.

Sobre qué harán los grupos parlamentarios en el Congreso este jueves en la votación de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania "no van a entrar”, ha zanjado la portavoz de la Generalitat. Por otra parte, la mesa de diálogo queda aparcada porque “la urgencia”, que supone solventar la crisis de Pegasus.